Claves en el debate por la baja en la edad de imputabilidad

Claves en el debate por la baja en la edad de imputabilidad
En medio de la controversia, especialistas de cada tribuna explican a minutouno.com los argumentos a favor y en contra de uno de los temas que divide aguas en la campaña.
En medio de la campaña electoral y los debates emergentes, el tema de la seguridad es uno de los que más ha dado que hablar en las últimas semanas. A la designación de un ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires –y el consecuente desdoblamiento del ministerio de Justicia y Seguridad en dos áreas-, se sumaron las declaraciones del primer candidato a diputado nacional en Provincia del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, que proclamó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores de los 16 a los 14 años, un tema que al que el kirchnerismo historicamente se opuso. En ese marco, con voces en favor y en contra, minutouno.com dialogó con dos especialistas en la materia para conocer su posición en la polémica que abrió la propuesta.

El Defensor Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, Julián Axat, aclaró que no cree en un "River-Boca con relación a la baja de la imputabilidad" y planteó una posición intermedia. La diputada del denarvaísmo y abogada especialista en reformas penales, Natalia Gambaro, se mostró en favor de la medida como un aspecto más de "la creación de un régimen penal juvenil" pero advirtió que "no mejorará la seguridad".

Entrevista a Julián Axat

-¿Sí o no a la baja de la edad de imputabilidad?

-Yo no tengo una posición River-Boca en términos de baja de la imputabilidad, sino una intermedia. En primer lugar, creo que en este momento electoral, el Congreso no puede tratar una ley de responsabilidad penal juvenil, que es más compleja y con otros elementos y no solo con la baja de edad de punibilidad, pero debe hacerlo. Eso no quita que los candidatos puedan hacer conocer sus proyectos y modelos en materia de seguridad para cuando sean legisladores e incluso es positivo lo que hizo Martín Insaurralde porque sinceró una situación. En segundo lugar, la situación actual se rige por el decreto la 22.278 de la última dictadura militar así que cualquier ley que se sancione (con o sin baja) va a ser mejor.

-¿Por qué?

-Porque hoy los jueces les bajan de hecho la edad de imputabilidad y en las cárceles e institutos de menores hay chicos de 12 o 13 años, no solo de 14 a 16. Es decir que se baja la edad de punibilidad por vía jurídica. Y en ese marco, una ley que incluya esta baja blanquearía esa cifra negra y en eso estoy de acuerdo: sería otorgar transparencia a algo que ocurre y daría a estos chicos una garantía de defensa ante la arbitrariedad de algunos jueces. Ahora, en este momento, con la situación de las cárceles de Buenos Aires, con la policía autogobernada y sin preparación en términos juveniles, con un sistema deficitario de protección de la niñez, generar una baja de edad de punibilidad es perjudicial.

-¿Y qué se precisa?

-Para ello primero hay que mejorar los estándares. Recién ahí podemos pensar la baja. Hay que generar una ley de responsabilidad penal juvenil inmediatamente después de las elecciones, mejorar los estándares que menciono respecto de los jóvenes y a partir de ahí blanquear la cifra de chicos que están presos.

-¿Y cómo se mejoran esos estándares policiales, penitenciarios y protectorios?

-Se precisa inversión fuerte en materia de calidad institucional, mejorar las cárceles de menores que no están en buenas condiciones, con problemas edilicios, alimentarios y de recreación. Respecto del sistema policial no está la policía apta para trabajar en temas de niñez. Es una institución autogobernada y hay que reformarla.

-¿Qué tipo de reforma?

-En la preparación y especialización policial para el abordaje y prevención del delito en los jóvenes. Hay un funcionamiento y un uso de fuerza policial respecto de los jóvenes que no es democrático. Con prácticas vinculadas al pasado autoritario, al gatillo fácil, la detención arbitraria y discrecional de chicos en la vía pública, reclutamiento policial para que los chicos roben. Entonces para bajar la edad de punibilidad hay que mejorar esos aspectos. Y garantizar un sistema de protección en base a prevención y contención social sin encierro, en los territorios, a la par de la Asignación Universal por Hijo. Y con subsidios fuertes a la niñez y servicios locales en funcionamiento. En caso contrario la baja de edad de la punibilidad sólo va a ocasionar un crecimiento de la cantidad de niños dentro de las cárceles. Y con un sistema policial que los va a criminalizar porque es su conducta habitual.

-Y la situación de los presos sin condena tampoco es un buen adelanto...

-También hay que democratizar la justicia, porque hoy el poder judicial tiene un sesgo autoritario respecto de los niños y adolescentes, dicta cantidad de detenciones preventivas sobre jóvenes y hay un 80% de niños presos sin condena. Es un abuso de la prisión preventiva en la niñez.

La opinión de Natalia Gambaro

-¿Sí o no a la baja de la edad de imputabilidad?

-Planteamos la reforma completa de la legislación nacional en materia de menores, planteando la necesidad de un régimen penal juvenil. Una de sus características es que se baje la edad de imputabilidad a los 14 años. Pero también plantea que se separen los fueros que tienen que ver con lo criminal y los que tienen que ver con lo asistencial. Hoy en día un juez por razones asistenciales puede disponer de la libertad de un joven sin garantía de proceso justo y defensa acorde. Se necesita un régimen completo.

-¿Y la baja de la edad de imputabilidad?

-Eso lo basamos en que tenemos una posición -y se reflejó en la modificación de la ley civil que bajó la mayoría de edad de los 21 a los 18 años- que es que entre los 14 y los 16 años hay una comprensión de que la conducta que se está realizando no es legal o no es acorde o se está cometiendo un delito. En base a esa comprensión es que planteamos que los jóvenes puedan ser responsabilizados por ese hecho.

-¿Y en qué consiste esa responsabilidad?

-No necesariamente significa que vayan detenidos, sino que consta de 9 alternativas previas, que van desde un pedido de disculpas o la reparación del daño, hasta que completen el calendario escolar y disponer las medidas que faciliten la reinserción del joven para prevenir que cometan delitos más graves. El debate debería ser más amplio que la edad, pero en ese punto creemos que se debe ser responsable de los actos criminales.

-¿Y por qué se plantea en estos términos de edad?

-Porque siempre ocurre el debate en momentos electorales y en los que ocurre un grave delito cometido por un menor. Se tiñe de circunstancias que obligan a tomar posturas extremas sin muchos fundamentos y sin observar la cuestión de fondo. En cambio, crear el régimen penal juvenil significa darle más derechos a los chicos, porque con la legislación actual no se puede garantizar el derecho a defensa, o el tipo penal que se debe aplicar en la investigación o directamente si se debe buscar más allá de esas responsabilidades y averiguar si hay mayores instigadores de esa acción criminal. Así tenemos una enorme cantidad de jóvenes que van escalando en la gravedad de los delitos a medida que crecen y ahí sí ya son captados por la ley para mayores de 16 años.

-¿La ampliación de derechos estaría en la garantía de un justo proceso judicial?

-Exacto. Y también en separar la cuestión asistencial de los menores que son víctimas de aquellos que son victimarios. Porque hoy un joven que comete un delito, siendo menor de 16 años, puede ser sometido a una medida de seguridad –a veces más de un año o dos- sin que se revise su situación y está internado sin haberse probado su culpabilidad o la responsabilidad cómplice de mayores involucrados. Simplemente se dispone del joven más allá de respetarle los derechos, porque al no ser imputable no le amplían las garantías de los códigos procesales penales.

-El tema quedó instalado en el debate por la seguridad, ¿cree que aporta en ese campo?

-Son dos cosas completamente separadas y eso también hay que mencionarlo. Estos casos representan solo cerca de un 5% de los delitos y la baja de la imputabilidad no debe venderse como la solución a la inseguridad. Debe verse como lo que es, el respeto a la convención de los derechos del niño y creemos sí que es importante legislar en esta materia y sancionar un régimen especial que atienda a la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal. La discusión sobre la edad únicamente la basamos en que está acabadamente demostrado que los jóvenes comprenden la criminalidad de sus actos. Y en los casos que no estén en pleno uso de sus facultades se les aplicarán las mismas salvedades de inimputabilidad que a los mayores en esa condición. Además, la mayoría de las víctimas de estos jóvenes son otros jóvenes en similares condiciones sociales y no cometen delitos, por lo que se deben garantizar también los derechos de esos jóvenes.

-En las condiciones actuales en que los sistemas penitenciarios están poblados por un gran número de reclusos sin condena firme, ¿qué garantiza que con los jóvenes sí funcione?

-Eso ya es un deber y responsabilidad del Poder Ejecutivo. Muchas leyes están vigentes y no se aplican correctamente. Eso es responsabilidad de los ejecutivos y nuestra responsabilidad como legisladores es legislar un régimen que a todas luces es necesario. La implementación deberá hacerla cada ejecutivo local y el Gobierno Nacional disponer y garantizar los recursos y reglamentar la manera en que se arbitrarán las otras reformas legales que se necesiten en las provincias para cumplir la ley nacional.

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