La Municipalidad de Salta, junto con la Dirección de Rentas de la Provincia y la Policía de Salta, clausuraron ayer La Saladita, una feria que comercializa ropa sobre la avenida El Líbano los fines de semana. Las autoridades aseguran que los vendedores están ubicados en una zona prohibida y que tienen otras alternativas para seguir trabajando.

Los 107 puesteros que se habían agrupado en el lugar, de acuerdo a un relevamiento de la Intendencia, deberán buscar otras alternativas como mudarse a algún predio donde se permita la actividad. Lo cierto es que ayer, tras la tensa discusión que feriantes y autoridades mantuvieron durante las primeras horas de la mañana, y luego de haber retirado la mercadería para impedir que se la decomisen, los feriantes esperaron el retiro policial y de los funcionarios y volvieron a instalarse en el predio. A la tarde los feriantes vendieron como cualquier otro domingo y comunicaron que hoy, a partir de las 9, marcharán hasta el Centro Cívico Municipal para manifestarse contra lo ocurrido en la mañana de ayer.

Desde la Secretaría de Control Comercial informaron que la clausura comienza a regir a partir de hoy.

“Una de las posibilidades es que se trasladen a un centro concentrador que se proyecta frente al barrio 9 de Julio”, dijo a El Tribuno Matías Cánepa, secretario de Gobierno de la comuna.

El funcionario aseguró que el municipio tiene la intención de cooperar para que los vendedores que estaban en el sector puedan sumarse a la actividad formal.

Pero los feriantes no están de acuerdo con ese traslado. Hilda Silva, presidenta de la cooperativa “La Saladita Salteña”, dijo que el predio de avenida El Líbano, donde actualmente realizan la actividad comercial, ha sido refaccionado por ellos mismos y que cuenta con los servicios de agua, luz y hasta baños públicos, y que fue el intendente municipal quien se asumió como garante al momento de alquiler del predio. “Sentimos que se burlan de nosotros”, dijo.

“Los feriantes tienen la mejor predisposición para llegar a un arreglo que no perjudique a ninguna de las partes. Siempre, desde La Saladita se ha querido dar cumplimiento a todos los requerimientos para funcionar correctamente y se ha hecho mucho para mejorar este lugar que antes era un baldío”, dijo el abogado de los feriantes, Pablo Arancibia.

Cánepa, por su parte, sostuvo: “La idea es apoyar a los que venían trabajando en La Saladita, que están censados, para que se reconviertan y se sostengan en un espacio permitido”. El funcionario aclaró y remarcó que no se ayudaría a nadie que se sume al grupo a partir de ahora.

La Municipalidad tomó la decisión de clausurar la feria porque funcionaba en una zona que es residencial de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano.

Según dice el municipio, hubo pedidos de desalojo

Desde la Municipalidad de la ciudad informaron que vecinos de los barrios cercanos a la feria, como Morosini, Docente o el Complejo Arenales, habían manifestado su oposición al emprendimiento, y que incluso habían hecho presentaciones para que la Justicia ordenara un desalojo.

Los feriantes dicen que, por el contrario, muchos vecinos les dieron su apoyo por haber mejorado el lugar que antes, con altos yuyales, funcionaba como “aguantadero” de maleantes.

Controversia

Alicia, una vecina de barrio Morosini, dijo estar al tanto de que hay vecinos molestos por la presencia de La Saladita.

Ella, personalmente, afirma que no está en contra de los comerciantes, ya que desde que se instalaron allí ha mejorado la higiene del lugar.

Patricia, otra vecina, coincidió con Alicia y remarcó que los feriantes son personas humildes que pagan un alquiler y tienen el pleno derecho a trabajar.

Desde la comuna se explicó que tendría que intervenir la Justicia si los vendedores se resistieran a dejar el lugar o volvieran a ocuparlo.

La feria funciona desde mayo del año pasado y Cánepa destacó que hace tiempo que se viene pidiendo a los comerciantes que se retiren.

Los puesteros inicialmente pertenecían a otra feria ubicada en el barrio Morosini, pero se separaron por diferencias con los demás comerciantes.

El centro de compras se formó en un terreno privado que los vendedores alquilan al dueño. Todos los fines de semana y feriados ofrecen allí ropa nueva o usada.

La ley 7.700, aprobada hace poco más de un año, fijó los parámetros a los cuales deben adaptarse las ferias. La norma supone que este tipo de actividad comercial no puede funcionar en espacios públicos.

Matías Cánepa describió que la mayoría de las ferias cumplió con el requisito de trasladarse a terrenos privados y que casi todas están trabajando para adaptarse al resto de las exigencias de la nueva norma.