La clausura de la obra, ubicada en el cruce de la avenida Ortíz de Ocampo y Circunvalaciónes, es en principio por 90 días.

Este martes, la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad, clausuró por 90 días la continuidad de la obra de construcción de la estación de servicio ubicada en la zona sur (colindante al Polideportivo Menem) debido a que la sucesión y venta del terreno, que se realizó en la gestión del exintendente Ricardo Quintela, presentan serias irregularidades en el proceso administrativo, desde la comuna informaron que se procederá a un periodo de investigación exhaustivo hasta que las áreas técnicas presenten sus informes para expedirse al respecto.

Debido a una denuncia de propietarios de estaciones de servicio de la capital durante el ejercicio 2016, que alertaron al municipio, que luego de una investigación, descubrieron graves irregularidades en la venta del terreno y posterior habilitación para la construcción de la estación de servicio, por ello la asesora legal y general de la comuna Lorena Celis junto al director de obras privadas perteneciente a la secretaria de desarrollo urbano colocaron la cinta de clausura que prevé la paralización total de la obra.

Allí los funcionarios detallaron que en el expediente de habilitación se omitió los informes técnicos de las áreas y el ejecutivo municipal de la anterior gestión modifico artículos de una misma ordenanza produciendo una falta grave en el proceso administrativo.

El director de obras privadas perteneciente a la subsecretaria de desarrollo urbano, el arquitecto Rubén Porras brindó detalles sobre el accionar “lo que venimos a realizar es la ejecutar la paralización verdadera de la obra, esto lo venimos haciendo desde el año pasado, notificando a los propietarios de cuales fueron los problemas que encontramos”

El arquitecto puntualizó que “de acuerdo al código de edificación que tenemos vigente ahora que es la ordenanza 1784 que data del año 89 en el Capítulo IV, donde especifica que el municipio tiene la facultad de realizar la paralización cuando la misma se encuentre en contravención eso puede ser estructural o puede ser de localización, en este caso haciendo una revisión minuciosa del expediente, se ha detectado que faltan requisitos en cuanto a la localización de la estación de servicio”.

El funcionario comentó que han mantenido dialogo con los empresarios propietarios de la firma y dijo que “desde que se los viene notificando ellos fueron agregando documentación al informe técnico pero todavía no se llegó a subsanar las falencias que marcamos”.

La asesora general y legal, Lorena Celis especifico que luego de un análisis exhaustivo y de larga data se tomó la determinación para continuar con el proceso de investigación pertinente afirmando que “lo que hemos observado es que tanto en la venta del predio como en el propio permiso de construcción y localización de la estación de servicio gravísimas irregularidades, no es acorde derecho porque tener una ordenanza que habilita es necesario pero el problema es el conjunto de situación e irregularidades graves que vienen después de la ordenanza que no se dieron en el ámbito de la función ejecutiva”, Celis agregó también que sumado a que aparecen dos ordenanzas con el mismo número pero distintos plazos de ejecución de la obra como así también la oposición de Vialidad Nacional para la localización de la estación en la zona sur.

La encargada del área legal manifestó cual será el accionar a seguir afirmando que “el próximo paso es brindar un corte a la cuestión administrativa en el marco de estas actuaciones profundamente analizadas, es por ello que se toma la determinación de que intervengan las áreas que han sido omitidas antes de la venta para dar permiso a un tema tan delicado como es la instalación de una estación que va a vender combustible líquido y GNC”.

Celis además informó que “las ordenanzas vigentes del año 2000 como la 3855/53 establecen que para permitir este tipo de localizaciones deben intervenir áreas que garanticen la seguridad de la población especialmente de lugares contiguos que son tan concurridos como el Polideportivo y el CEPaR”.

La funcionaria destacó que es hasta ilógico pensar que hay áreas que no hayan brindado sus informes técnicos, además especificó que “la clausura tiene un plazo prudencial de 90 días dispuesta y notificada debidamente al propietario hasta que se expidan los informes respectivos y se llegue a una conclusión para saber realmente cual es la condición en la que se permitió la instalación, más allá de que hay una cuestión vinculada a la venta del espacio verde a un particular que esas son actuaciones motivo de intervención de fiscalía”.