En esta caso, según remarcó el secretario Carlos Marsó, “se trabajó aplicando la Ordenanza 10.577, por lo que una vez que se presenten las actas correspondientes sobre el accionar, el secuestro de mobiliarios y de los denominados ‘juguetes sexuales’ que se encontraron en una importante cantidad, se actuará en consecuencia con el propietario del inmueble, a quien podría caberle multa que oscila entre 50 y 100.000 pesos”.

Durante el procedimiento y en cuanto a las personas que se encontraban en la vivienda, el funcionario señaló que “había tres mujeres de nacionalidad paraguaya, dos de ellas indocumentadas -por lo que se le dio intervención a Migraciones- tres parroquianos y un hombre colombiano quien estaría a cargo de la ‘estructura comercial’ que se ejercía en el domicilio que aparentaba una casa de familia”.

En este caso, el operativo conjunto permitió la octava clausura en forma definitiva en la ciudad, destacándose “la predisposición del personal policial a cargo del comisario Alejandro Pulley y el permanente contacto de los vecinos con el número gratuito del municipio, en el que pueden realizar las denuncias de situaciones que no son las normales en cualquier barriada del ejido”.

En cuanto a la disposición del prostíbulo, se resaltó que “se trata de un espacio acondicionado con un alto costo económico ya que cada habitación tenía su LCD propio con películas pornográficas y otros elementos que pretendían dar atención especial a sus clientes y en el living de la vivienda, amoblada prolijamente, también había otro moderno TV de grandes dimensiones”, agregándose que entre los elementos secuestrados “se cuentan aparatos de los que se denominan ‘juguetes sexuales’ en una importante cantidad y de diversos tamaños”.

Finalmente y en la continuidad de las actuaciones por el allanamiento y la clausura del Vip de Rawson 1046, Marsó destacó que “seguramente el jueves, ya que durante la jornada del miércoles estaremos abocados a los operativos por la visita presidencial, presentaremos en el juzgado interviniente todos los pormenores del procedimiento y se ubicará, catastralmente, al propietario del inmueble para realizarle las notificaciones que correspondan”, agregando que si bien “esta es la tercera vez que actuamos en esa dirección, ésta es la primera bajo la aplicación de la Ordenanza 10.577 la que, de acuerdo a lo que figure en el contrato de alquiler, podría permitir una multa que oscila entre 50 y 100 mil pesos para el propietario”.