Gremialistas y funcionarios provinciales estarán atentos a lo que suceda mañana, cuando se prevé que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunda los datos de inflación correspondientes a diciembre y se dilucide, finalmente, cuál fue la evolución de los precios a lo largo de 2017.

La expectativa radica en que en los convenios salariales del año pasado, que la Provincia cerró en torno de un 23% de incremento para cada sector, se incorporó una cláusula gatillo. Es decir, si la inflación supera ese porcentaje, el Estado debería automáticamente pagar esa diferencia a los trabajadores.

“Si pasa del 23%, se pagará la diferencia retroactiva a diciembre cuando cobren en febrero”, había detallado el 19 de noviembre a LA GACETA el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.

Ayer, los gremialistas consultados por este diario ratificaron que reclamarán esa diferencia. Según el Índice de Precios del Congreso, el 2017 cerró con un 24,6% de inflación. En esa línea se pronunciaron Julián Nassif, del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) y Daniel Ibarra (ATE).

“La cláusula gatillo es lo principal, ellos la pusieron y queremos que se cumpla”, aseveró Ibarra. El titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Osvaldo Acosta, coincidió con ellos. “Si salta y va por arriba de lo que se estipula, va a ser necesario fijarla”, dijo.

¿Cuál debería ser el porcentaje de aumento salarial para este año? Según los sindicalistas, siempre será superior a la inflación de 2017. Sin embargo, los ojos van a estar puestos en el día a día y los costos de mantener el bienestar familiar. “No podemos pedir menos de lo que hemos tenido el año pasado”, recalcó Vicente Ruiz, representante de los Municipales del Interior.