La clase media resiste pagar el ajuste y jaquea a De Vido por la suba de tarifas.

Ocho jueces fallaron en contra del tarifazo que afecta con más fuerza a los estratos medios y altos. Las ONG de consumidores se movilizan para que el Congreso impulse la nulidad de las alzas de hasta 400% en las facturas. El Gobierno se debate entre reafirmarlas y soportar el descontento social que generan junto a la inflación; o dar marcha atrás y afrontar la decidida pérdida del superávit. El descontento seguirá creciendo con los aumentos que vienen en salud y educación privada, expensas, combustibles, entre otros. También por el alto consumo de energía que trajo el frío.
Al Gobierno le está por explotar la bomba que armó para emparchar la baja producción de energía y se debate sobre cómo desarmarla. Si continúa reafirmando las subas de gas y electricidad, que se suman a la inflación, el descontento social puede ponerlo en una crisis, tras salir debilitado del proceso electoral. Si, por el contrario, da marcha atrás, tendrá un grave problema fiscal, ya que el superávit fue erosionado por la recesión y necesita dinero para subvencionar a las generadoras de electricidad y productores de gas.

La clase media está enojada por los aumentos que recibió el mes pasado en sus facturas de electricidad y gas. Pero lo peor está por venir: el consumo de energía creció con fuerza por la ola de frío y las boletas que llegarán en septiembre traerán las sorpresas de las recategorizaciones por el mayor uso de las estufas, con subas de hasta 50% respecto de la boleta anterior, que ya vinieron con aumentos de hasta 400 por ciento.

A las facturas de luz y gas habrá que sumarle entonces un aumento del 12% en la medicina prepaga, que se complementará con otra suba del 7% en diciembre. También el aumento de un 30% de las expensas, empujadas por los precios de la energía y las subas de los salarios de los porteros. Los combustibles recibirán otro aumento de un 5%, si el Gobierno no subvenciona un nuevo precio interno del petróleo, que se sumará al del entre 4 y 7% que las petroleras aplicaron el día después de las elecciones.

Además, la inflación, si bien se frenó, lo hizo en niveles muy altos. Las consultoras estiman que no bajará del 15% este año. Inflación, facturas de entre $200 y $500 cuando antes costaban menos de $100, significan menos dinero de las familias para volcar al consumo. Economistas como Gastón Rossi, de LCG; y Rodrigo Alvarez, de Ecolatina, coinciden en que subir las tarifas en tiempos de crisis es darle un shock negativo al consumo. El consumo, recordaron, fue el motor del despegue de la economía, y ahora se encuentra ahogado.

Para los economistas, las subas funcionan como un impuesto. Para la oposición, también.

Política. Los aumentos de electricidad y gas fueron definidos el año pasado, pero sus efectos se observan recién ahora, por los mayores consumos que trae el invierno y por las demoras en su implementación.

El 3 de diciembre pasado, Cristina Kirchner firmó el decreto 2067 con el que creó un fondo fiduciario para pagar parte de las importaciones de gas, que el Gobierno realiza para suplir lo que las petroleras locales no producen.

El Ministro de Planificación, Julio De Vido, justificó entonces que las subas de tarifas con las que se financiaría el fideicomiso, produciría un ahorro de $1.400 millones en subsidios para importar el gas.

Aseveró que los aumentos afectarían a 10% de los hogares y que a lo sumo pagarían entre $18 y $180 más.

Seis meses más tarde, las facturas lo desmintieron.

El martes, la mano derecha de De Vido, el subsecretario de Coordinación y Control, Roberto Baratta, deberá defender los aumentos ante la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado.

Es que la oposición encontró en los reclamos de los usuarios, representados por ONG de consumidores, una bandera de lucha.

La oposición tampoco muestra si sabe cómo resolver la bomba que armó el Gobierno. Afirma que las subas son un impuesto y reclama la derogación de la suba porque no pasó los pasos formales, como la realización de audiencias públicas, pero no explica de dónde saldrá el dinero para poder importar el combustible que produce calefacción en los hogares y electricidad en las centrales de generación.

De Vido esperaba que la crisis de las tarifas no llegara al Congreso. Hace dos semanas firmó con los gobernadores petroleros un acuerdo para aumentar el precio del gas en boca de pozo, el que se le paga a las petroleras para producir el fluido. Fue a pedido de los gremios y de los gobernadores, que están convencidos de que sin ese aumento, las petroleras cortarán contratos y despedirán personal.

De Vido arregló que el nuevo precio se subsidie con el dinero que sale del fondo fiduciario que se creó con el aumento. De esta manera, los gobernadores dejarían de presionar contra los aumentos.

Pero los gobernadores mostraron ser contradictorios y dejaron que sus senadores avancen con el proceso contra las tarifas.

No sólo el Congreso parece estar en contra del tarifazo. También la Justicia. Ya hay ocho jueces que fallaron en contra. Los aumentos fueron suspendidos en Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, Tucumán, Escobar, Mar del Plata y Pilar, habilitando a los usuarios a pagar las facturas del servicio de gas natural, pero excluyendo el cargo cuestionado.

Comentá la nota