La AFSCA denunció que un fallo de la jueza Liliana Heiland mantiene el recorte de facultades del organismo para evitar posibles interferencias al sistema de comunicaciones aéreas.
El organismo que conduce Martín Sabbatella apeló el martes la decisión de la magistrada a la Cámara en lo Contencioso y Administrativo, y fundamentó que impide la aplicación de la Ley de Medios en el ámbito porteño, se contrapone con disposiciones de la Constitución Nacional en cuanto a la supremacía de las leyes y restringe su poder de policía para evitar, entre otras cosas, que haya interferencias en el sistema de comunicaciones que opera los vuelos en el Aeroparque Metropolitano.
La AFSCA "no aportó los elementos necesarios para tener por suficientemente cumplido el requisito vinculado a la existencia riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios sobre el interés público, el patrimonio estatal y otros derechos de su titularidad", afirmó Heiland el 12 de agosto pasado en un escueto fallo de tres párrafos.
La jueza entendió que no existía premura para dictar una cautelar que evite la colisión de una ley federal con una local. En cambio, la misma magistrada concluyó que existía una urgencia para mantener a la empresa LAN en el hangar de Aeroparque y, en el mismo fallo, declaró inconstitucional el corazón de la última ley de la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo que continuaba vigente: la limitación temporal a seis meses de las cautelares contra el Estado de origen patrimonial.
"La ley Nº 4565 invade competencias del Estado, que la Constitución obliga a regular a nivel federal y que la Corte Suprema en numerosos antecedentes ya ha dicho que es materia federal", sostuvo Sergio Zurano, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de AFSCA, consultado por Tiempo Argentino. Los antecedentes se remiten a fallos del máximo tribunal contra leyes locales dictadas en San Luis, Neuquén, Formosa, Corrientes, Tierra del Fuego y Misiones. "Los artículos cuestionados implican, ni más ni menos, la derogación de la Ley de Medios en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo el funcionario.
El 8 de julio, la AFSCA solicitó la inconstitucionalidad de 19 artículos de la Ley 4565 por violentar competencias federales en la regulación de servicios de comunicación audiovisual y facultades propias del Estado Nacional.
Lo más preocupante es que, según estadísticas del propio organismo, se recibe un promedio mensual de dos denuncias de interferencias con el sistema de comunicación de tráfico aéreo que opera en Aeroparque. El protocolo de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) deriva el poder de policía a la AFSCA para que arbitre los medios que permitan el decomiso de los equipos que pueden estar en infracción realizando las interferencias. Se las declara ilegales y se procede al decomiso de los transmisores, algo que la ley impulsada por Macri prohíbe, con lo que queda en un vacío legal lo que pueda suceder ante un episodio que tenga consecuencias en el tráfico aéreo y en la seguridad de los pasajeros. Lo mismo podría impactar en las interferencias a fuerzas de seguridad.
En la fundamentación de su apelación, la AFSCA objetó que se restrinjan sus funciones como autoridad de aplicación de la ley, y acusó a la jueza de una "interpretación ligera" del código, con un "claro daño al interés público". Las principales objeciones que planteó son que anula la facultad de la AFSCA de ordenar la grilla de programación, además de la potestad sancionatoria sobre los licenciatarios. También cuestionó uno de los puntos más polémicos de la ley local: el que remplaza los tribunales federales con la creación de un cuerpo especial en la Capital para cualquier diferendo. «
Comentá la nota