Ciudad Judicial: una obra con los tiempos vencidos

El impactante edificio de Uruguay y Perón lleva tres meses de atraso. La constructora Riva inició la obra el 20 de junio de 2006. A la fecha, lleva 1.016 días corridos, cuando no debía excederse de los 990.
El 2 de junio de 2006 el parte de prensa de Casa de Gobierno decía que el contrato de la obra demandaría una inversión de 53 millones de pesos en dos años. La obra había sido licitada el 6 de diciembre del año anterior. El ministro de Obras y Servicios Públicos de entonces, Julio Bargero, al momento de la adjudicación, dijo: "Su ejecución ha sido pactada en 720 días corridos a un costo de 52.963.000 pesos –tres mil el metro cuadrado–, emplazada donde otrora funcionara el 21º Distrito de la Dirección Nacional de Vialidad".

"La superficie –continuó– es de aproximadamente 18 mil metros cuadrados (con las ampliaciones llega a 25.500) y está dividida en dos grandes edificios: el de los fueros, de 14 mil metros cuadrados, y el de los ministerios, de 4 mil. La obra tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Hemos estado hablando con la empresa y ellos tienen inquietudes de acortarlos un poco".

En aquel momento, se confirmó que el Acta de Replanteo de Obra se produciría el 20 de junio de ese año. A partir de allí corrían los dos años de plazo para la ejecución de la obra, más 180 de ampliación, a los cuales hay que sumar los 90 concedidos este año, a través de dos decretos rubricados por el actual gobernador Oscar Mario Jorge. Hoy, esos plazos, no son los reales de ejecución de obra. Es más, están muy retrasados.

Una obra esperada.

Cuando el proceso comenzó, Carlos Verna, entonces mandatario provincial, había apostado a que los trabajos se desarrollarían sin inconvenientes y había remarcado que se necesitaría mano de obra especializada: entre 280 y 300 obreros. El presupuesto oficial inicial de la obra del edificio fue de 43.698.814 pesos, a valores del mes de febrero de 2005. El 6 de diciembre de ese año se abrieron los sobres con las ofertas. Entonces, se estableció una actualización del valor oficial de un 15%, quedando en consecuencia el presupuesto oficial en 50,24 millones.

Siete empresas se presentaron a la licitación, algunas de ellas conformadas en UTE. La oferta más económica correspondió a la empresa Riva SAIICFA, que cotizó un 6,49% sobre el presupuesto oficial: 52.900.000 pesos a precios de noviembre de 2005, con un plazo de ejecución de trabajos de 720 días. El 9 de mayo de 2006, Verna anunciaba en la localidad de Ingeniero Luiggi, luego de un acto oficial, que se había firmado el Decreto mediante el cual se le adjudicaba la obra a Riva.

El proyecto original.

El conjunto edilicio será destinado, por una parte, a satisfacer el desarrollo concentrado de las funciones propias de la Justicia y, por otra, a transformar el sitio de emplazamiento en un polo cívico-institucional representativo del Poder Judicial. Albergará entre otras dependencias a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Criminal; Juzgados en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería; Juzgado de la Familia y el Menor; Juzgado en lo Correccional y de Instrucción, Procuraduría General; Fiscalía de Cámara y Agentes Oficiales.

También se radicarán allí las Defensorías Civiles, Penales, Celdas de Tránsito para veinte imputados, Biblioteca, Archivo, Registro de Bienes, Secretaría de Sistema y Organización, Servicios Generales, depósitos y suministros, mantenimiento, maestranza, auditorio, aulas, confitería, locales comerciales, locales institucionales, sucursal bancaria, oficina de rentas, caja forense, consultorio médico y estacionamiento (apenas 196 cocheras).

Más tarde hubo que agregar espacios para el trabajo de las fiscalías y el Tribunal de Impugnación Penal (TIP). Esa ampliación consistió en dotar al edificio de un piso más, algo que había solicitado el STJ, aduciendo que el proyecto original no contemplaba la creación de los organismos que prevé el futuro Código Procesal Penal que entraría en vigencia este año. Además la empresa habría tenido que solucionar una llamativa omisión en el proyecto original (baños para discapacitados e instalación de las líneas telefónicas).

Plazos recontra vencidos.

La propia página de la Constructora Riva dice que el plazo de construcción del edificio es de 26 meses, lo cual no concuerda con los decretos 702/06; 2071/07; 10/09 y 358/09. Es más, demuestra la poca prolijidad del Gobierno con la ampliación de esos tiempos, que como hasta hoy han sido siempre fuera de término. Desde hace unos meses se dice que la fecha para la inauguración es para mediados de 2009, un año y medio después de lo previsto, pero lo grave es que los decretos de ampliaciones de plazo también están fuera de término.

Según dijeron en el STJ, el Poder Judicial recibirá oficialmente el edificio cuando esté totalmente terminado y cuando se le permita (si bien no tiene autarquía financiera) asumir los nuevos costos que demandará su mantenimiento, amoblamiento y cortinados. Se estiman otros 6 millones más para estos menesteres, con lo cual la megaobra llegará a una inversión mayor a los 72 millones, sin la redeterminación de precios.

Se ha escuchado decir a los ministros del STJ que, a mediados de junio, se finalizará, por tanto, tendrá que haber un nuevo decreto, retroactivo como hasta ahora, por supuesto, por lo menos por otros 90 días, amén de los muy elevados nuevos recursos para su mantenimiento. En fin, la segunda gran obra de La Pampa, después del acueducto, tendrá 3.200 metros cuadrados más que el Centro Cívico y nadie sabe a ciencia cierta que pasará con la Subestación Oeste de la CPE para soportar la envergadura de su imponente consumo energético cuando entre en funcionamiento.

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