Si la City no la pone, buenos son los abuelos

El Gobierno utiliza parte del superávit del organismo, que en lo que va del año asciende a 36.300 millones. Pero mantiene el privilegio sobre la renta financiera. También siguen en pie polémicas exenciones impositivas.
Sólo en lo que va de 2009, la ANSES ganó $ 36.377 millones por la apreciación de las acciones y bonos que heredó de las AFJP. El monto triplica holgadamente lo que el fisco destinará por año a la anunciada asignación de $ 180 por cada hijo sin cobertura, que ronda los $ 10.500 millones. Pero, además de haber podido entregar algo más de dinero a los niños y jóvenes indigentes, el Gobierno descartó financiar el subsidio mediante un impuesto a las rentas financieras, hoy exentas, como proponían incluso diputados oficialistas. Aunque Cristina Kirchner argumentó que gravar esas ganancias no aportaría ni $ 500 millones al Tesoro, el proyecto de presupuesto 2010 estima que el fisco dejará de recaudar casi $5.000 millones por esa exención. Es decir, la mitad del costo total de las asignaciones.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, donde recalaron los activos que antes administraban las AFJP, obtuvo una rentabilidad del 37% en lo que va del año. Es por el rebote que registraron los precios de acciones y bonos tras lo peor de la crisis mundial. Las acciones en poder del ente treparon 70%, según un informe oficial.

Desde que creó el FGS, el Gobierno aclaró que sólo se usaría para cubrir eventualidades y que aunque se valorizara, los ingresos de los jubilados no lo seguirían para no afectar su capital. Sin embargo, el Tesoro sí apeló a ese fondo para tomar prestados unos $ 6.000 millones y así cubrir vencimientos de la deuda pública. También lo utilizó para otorgar financiamiento a Mercedes Benz, General Motors, Emgasud y Edenor, entre otras grandes empresas locales y multinacionales.

Las nuevas asignaciones serán el primer vehículo para que parte de esa masa de dinero vaya directo al consumo popular. Como los sectores más pobres no ahorran, la medida impulsará la actividad económica y hasta podría incrementar en un punto porcentual el crecimiento del año próximo.

En la Rosada, Cristina aclaró por qué no financió las asignaciones con un impuesto a la renta financiera. "La estimación de lo que se iba a recaudar por el impuesto a los títulos y acciones en algunos casos no llegaba a 50 millones de pesos. Y en el caso de los plazos fijos era de 441 millones", dijo.

No obstante, el proyecto de presupuesto 2010 estima en $ 3.730 millones lo que se pierde de recaudar la AFIP por no gravar los intereses de títulos de la deuda. Si también se levantara la exención para plazos fijos y obligaciones negociables, se captarían otros 991 millones.

La Presidenta advirtió que un impuesto "podía generar que algunos retiren depósitos" de los bancos. Pero no aclaró el efecto que tendría gravar bonos y acciones, como hace la mayoría de los países desarrollados.

La diputada kirchnerista Juliana Di Tullio había propuesto financiar las asignaciones cobrando impuestos a las "rentas extraordinarias". Pero la minería, el otro sector con más exenciones, finalmente no fue alcanzada. Tampoco se tocó Ganancias, que mantiene privilegios por 6.700 millones. Fuentes oficiales admitieron a este diario que se analizó subir las retenciones a sus exportaciones, pero que la opción se descartó.

Cara y ceca de la Argentina en una misma jornada

Sin quererlo, la AFIP puso ayer al desnudo cómo creció durante la era kirchnerista la Argentina opulenta que constituye la contracara de los cuatro millones de chicos y jóvenes indigentes y de los 25 que mueren a diario por causas evitables. El ente que conduce Ricardo Echegaray descubrió en un operativo a más de 300 evasores entre dueños de yates y embarcaciones deportivas, valuados en promedio en 200 mil dólares cada uno. Pero también dio cuenta de que la cantidad de amarras alquiladas en las guarderías náuticas se duplicó durante el año pasado, tras haber crecido un 45% en 2007. Un fiel reflejo de cuán regresivo es el actual patrón de distribución del ingreso.

El relevamiento de la AFIP incluyó a 668 embarcaciones de gran porte. Un 42% de ellas no estaba declarada por sus titulares. Los sabuesos también visitaron 194 clubes náuticos y countries. En total, según el informe oficial, contaban con 30.805 plazas para barcos y motos de agua. El 85% de esos lugares estaban ocupados. Los inquilinos no reparan en gastos: abonan mensualmente entre $ 1.000 y $ 5.000 por amarra. Entre 5 y 25 veces más de lo que recibirán los pobres por cada hijo.

OPINIÓN

Distribución del ingreso: hipocresía universal

Fernanda Reyes (Diputada Nacional (CC-ARI))

¿Qué paso con la justicia social? ¿Dónde quedó la distribución del ingreso? En el anuncio la Presidenta argumentó que los trabajadores asalariados, solidariamente, deben ayudar a los desocupados, razón por la cual este programa va a ser financiado con los recursos de la ANSES. Nuevamente, este Gobierno tergiversa la verdadera función que tienen los aportes de los asalariados, que es el pago de las actuales jubilaciones bajo nuestro sistema, que es el de reparto. Pero la situación es peor, paralelamente declara que la renta financiera no debe ser gravada porque esto generaría repercusiones negativas en el sistema financiero. ¿A quién defiende la Presidenta? No modifica el regresivo sistema tributario que hoy perjudica a las clases bajas y medias, y mantiene los increíbles beneficios que actualmente tienen los sectores más concentrados de nuestra economía.

Terminemos con la hipocresía, con el falso debate. Hoy el Gobierno quiere continuar con políticas focalizadas, decisión que no tiene que ver con la falta de recursos presupuestarios, sino con la terrible concepción de que debe existir algún grado de dependencia o cooptación de la voluntad de los otros. Ésta ha sido la base de construcción de poder en la Argentina, que otorga como dádiva aquello que es un derecho y lo usa para beneficio propio. No existe mayor inmoralidad que la que ejercen desde un puntero político hasta aquellos que ocupan los más altos cargos en la función pública, que utilizar la necesidad ajena para mantenerse en el poder.

Seguir permitiendo esto, argumentando que la prioridad son los pobres y por lo tanto a ellos deben ir los recursos, es mantener en el tiempo la política de buscar el más pobre entre los pobres, de estigmatizar y de dejar siempre por fuera a la mayoría de ellos. Estos métodos focalizados son funcionales al interés de quienes no quieren la libertad del pueblo y requieren, a diferencia de las políticas universales, millones de pesos más por la existencia de intermediarios y clientelismo.

La universalidad de un ingreso para todos los niños y niñas de nuestro país es un derecho: el derecho a alimentarse, a educarse, a acceder a la salud, derecho a constituirse como ciudadanos plenos. ¿Se solucionan todos los problemas? Claramente no, pero sí es un salto cualitativo como sociedad, como lo fue la educación pública o el voto universal. Construir pisos de igualdad y garantizar a través de una red de seguridad social el acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, es empezar a construir una sociedad que respeta los derechos constitucionales y garantiza la existencia de hombres y mujeres libres.

Ya pasaron trece años desde que Elisa Carca y Elisa Carrió presentaron el primer proyecto de ingreso ciudadano. En ese momento el 20% de los niños eran pobres, hoy lo son casi la mitad. Miles de vidas se perdieron sin razón. No se puede seguir esperando, nuestros hijos/as gritan en silencio ante el hambre y la desidia; démosles un país donde quieran y puedan vivir.

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