Citarían a Oscar Negrotto por las cloacas de Alvear

(General Pico) - El nombre del ex funcionario marinista apareció de nuevo involucrado en la causa. Ahora como un "operador político" que iba a los municipios para ofrecer la concreción de obras financiadas con ATN.
La tercera audiencia por el juicio de las cloacas de Alvear no entregó grandes revelaciones. Solo algunas pinceladas sobre cómo era la operatoria para realizar obras de tal magnitud, eludiendo el llamado a licitación pública. Pero, a pesar de la aparente laxitud en las exposiciones de los testigos, en el ambiente de tribunales quedó flotando la sensación de que varios nombres de peso, relacionados con el poder político, deberían estar banquillo.

Los integrantes de la Cámara del Crimen, Florentino Rubio, Alfredo Alonso y Fabricio Losi, escucharon a los ex diputados provinciales impulsores de la denuncia penal: Leopoldo Bonaveri, Roberto Reynoso y Mario Cayre. Los testimonios no aportaron nada sustancial. Los abogaos defensores de Oscar Pepa y Jorge Rodríguez aprovecharon la ocasión y centraron la cuestión en la importancia de la construcción del sistema de cloacas, la característica de la obra y el nivel de tecnología.

Leopoldo Bonaveri recordó la diferencia de precios entre el presupuesto oficial elaborado por el municipio y las cifras de la auditoría, realizada por Sigen, que detectó un sobreprecio de cerca del 160 por ciento. Además, Bonaveri comparó la obra de Alvear con las cotizadas para las localidades de General Acha y Macachín, cuyas presupuestos fueron inferiores. También habló de las empresas que se presentaron a cotizar, el monto similar en las ofertas y las vinculaciones entre empresarios. La declaración de Roberto Reynoso fue en el mismo sentido que el anterior testigo, haciendo hincapié en la omisión del llamado a licitación pública para concretar la construcción.

Ofrecimientos.

El ex diputado Mario Cayre fue el tercer testigo. En su exposición cuestionó aspectos técnicos del proyecto, pero también detalló cómo se realizaban megaobras sin licitación, mediante el financiamiento de Aportes del Tesoro Nacional. Cayre dijo que a través de un "operador político" se hacían ofrecimientos a municipios pampeanos, para concretar proyectos relacionados con el saneamiento urbano. Luego se invitaba a empresas a cotizar, con montos globales superiores a lo razonable. La opinión de Cayre sobre los aspectos técnicos de la obra dio pie a los defensores, para justificar la complejidad de la construcción planteada en Alvear y el abultado costo. Una pregunta del juez Rubio, para que Cayre precise si sabía quienes eran los operadores que iban a ofrecer obras a los intendentes bajo ciertas condiciones trajo al recinto un nombre conocido: Oscar Negrotto, ex funcionario marinista. Rubio insistió para saber si Cayre conocía algún caso de rechazó de una obra. El ex legislador citó al municipio de Arauz, cuya intendencia estaba en manos de Darío Hernández, aunque aclaró que desconocía los motivos.

Luego de un cuarto intermedio, la audiencia se retomó para escuchar los testimonios del ex intendente, Néstor Vasallo y al actual mandatario alvearense, Eduardo Pepa. Vasallo, quien sucedió a Oscar Pepa en 1999, aseguró que ante un pedido de la Justicia puso a disposición toda la documentación relacionada con la obra. Vasallo narró que a poco de asumir los empleados de las empresas que trabajaban en las cloacas se tomaron vacaciones por las fiestas de fin de año, y ya no volvieron.

El ex intendente se mostró muy preciso para algunas cuestiones, pero el presidente del Tribunal, Alfredo Alonso le señaló varias omisiones o contradicciones con respecto a la declaración que figura en la causa.

El actual intendente, Eduardo Pepa, primo del principal imputado, tuvo una breve intervención, en la que evitó colisionar con el procesado. Sí explicó que durante su gestión, que se inició en el 2003, debió continuar con el pago de una deuda con la AFIP, originada por la no retención del impuesto a las ganancias cuando se hizo la obra de cloacas. Además, de abonar los honorarios de dos abogados: uno que asesoró al municipio y el otro representante legal de una de las empresas. Eduardo Pepa recordó que por esas acciones judiciales le habían embargado a la municipalidad de Alvear una de sus cuentas corrientes.

Ayer, una fuente judicial afirmó que la causa contiene "graves fallas" en la etapa de instrucción. Se señala que la investigación estuvo en ese estado durante seis años y que algunos nombres, tanto del poder político como empresarial, no figuran ni como testigos.

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