Hortel deberá explicar ante una comisión qué recaudos se tomaron para que no huyeran Olivera y De Marchi; apoyo oficialista
El proyecto, presentado por el senador Ernesto Sanz (UCR), cita al director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Eduardo Hortel, para que concurra a una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta e informe sobre las precauciones que tomó el organismo para evitar la fuga de los represores.
"Hay acusaciones cruzadas, negligencia y posiblemente connivencia. Queremos saber cómo pasó y quién permitió que eso pasara", dijo Sanz, al fundamentar el pedido para interrogar a Hortel. La iniciativa, que tiene preferencia de tratamiento, fue aprobada por unanimidad.
El legislador explicó que la citación se extenderá a las autoridades del Hospital Militar, para que informen a la comisión detalles de la condición sanitaria de los detenidos. Tanto el director general del nosocomio, general Juan Carlos Adjigogovic, como los responsables asistencial y operativo -coroneles Francisco José Gambino y Pedro Gerardo Osores- fueron relevados y pasados a retiro por el Ministerio de Defensa al día siguiente de la fuga.
En tanto, el ofrecimiento de una recompensa por $ 2 millones dispuesta por el Ministerio de Justicia no aportó hasta el momento "datos sustantivos", revelaron fuentes oficiales a LA NACION. Hubo sólo algunas presentaciones, pero los resultados no son favorables, según pudo saber este diario.
Hortel había reclamado en las últimas horas que se investigara "la responsabilidad del juez federal sanjuanino que autorizó el traslado transitorio" de los dos represores fugados, cuyos pedidos de captura internacional lanzó Interpol.
En los fundamentos de su pedido, el senador Sanz recordó que los militares Olivera y De Marchi cumplían su condena en el penal de Chimbas, en San Juan, desde donde pidieron su traslado al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz por razones de "integración familiar". El juez federal Miguel Ángel Gálvez declaró que ambos condenados solicitaron el permiso para ser atendidos en el Hospital Militar, lo que él autorizó como juez de feria.
Sanz sostuvo que la gravedad del problema "ameritaría una interpelación al ministro de Seguridad", aunque dijo que es consciente de que el oficialismo no lo permitirá. Por esa razón, propuso citar en la comisión al director del Servicio Penitenciario Federal, a lo que el oficialismo accedió.
PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS
En tanto, el Tribunal Oral Federal de San Juan se reunió con víctimas, familiares y testigos que participaron del juicio contra Olivera y De Marchi, y evalúa dar más protección a las víctimas, ante el temor generado por la fuga de los represores.
Los jueces analizarán, junto con el Ministerio de Gobierno, si corresponde incorporar a los damnificados en un programa de protección de testigos, para que puedan dar información sobre alguna situación irregular que se produzca como derivación de la fuga de los represores.
En tanto, el senador Luis Naidenoff (Formosa) lamentó que el cuerpo hubiera postergado el debate sobre una indemnización especial por única vez a los parientes de soldados que murieron en el ataque de la organización Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29, de Formosa, en octubre de 1975. Naidenoff criticó al oficialismo por "atar" este proyecto a la aprobación de otro texto que fijaba resarcimiento a los presos políticos de la dictadura militar, que fue postergado debido a que habría sido modificada la fecha del momento en que debía regir el beneficio.
NUEVO JUICIO EN FORMOSA
En el Tribunal Oral y Criminal de Formosa comenzó el juicio a ex militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad. Están imputados los oficiales Hugo Kishimoto y Faustino Blanco Cabrera, el suboficial Juan Carlos Camicha, el gendarme Mario Osvaldo Sosa y el comisario policial Anselmo Álvarez, entre otros.
LOS MILITARES FUGADOS
Jorge A. Olivera
Prisión perpetua
El mayor retirado del Ejército fue condenado con la pena máxima por delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de San Juan
Gustavo De Marchi
25 años de prisión
La misma sala judicial le aplicó 25 años de prisión por violación de domicilio, privación de la libertad e imposición de tormentos, entre otros delitos de lesa humanidad
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