Los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, que crecieron al amparo de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fueron llamados a prestar declaración indagatoria como sospechosos de perjudicar la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, al no incluirlo entre los acusados a los que se debía investigar.

Fueron acusados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi del delito de prevaricato, que castiga con uno a seis años de prisión a quien "perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada". Gonella fue citado para el 7 de octubre y Orsi, para el 8.

A pesar de estas acusaciones, Gonella fue promovido por Gils Carbó para el cargo de fiscal general y logró el acuerdo del Senado para ocupar una fiscalía federal en Formosa, pero se quedó al frente de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), un organismo creado por su jefa para perseguir delitos económicos. Orsi, que es fiscal ad hoc y también trabaja en delitos económicos, fue propuesto por la Presidenta al Senado para ser designado fiscal federal de Mar del Plata, pero el pliego fue retirado.

La polémica actuación de ambos funcionarios tuvo lugar tras la denuncia contra el empresario Báez por lavado de dinero, hecha en el programa Periodismo para todos, en 2013. Luego de que Federico Elaskar y Leonardo Fariña aseguraron haber lavado 50 millones de dólares del rey de la obra pública patagónica, se inició una causa judicial.

Quedó radicada, por sorteo, en la fiscalía de Guillermo Marijuan, que estaba de licencia. Lo reemplazaba Ramiro González, que, recién llegado de Dolores, asumía en Comodoro Py 2002. El trámite habitual cuando ingresa una denuncia es que, una vez sorteada, el fiscal decida si impulsa o no el caso y si imputa a determinadas personas sospechosas del delito.

Gonella y Orsi intervinieron desde la Procelac para colaborar. Los secretarios y empleados de Marijuan hicieron un borrador de dictamen en el que impulsaban la acción y proponían imputar a Báez, además de a Fariña y Elaskar. Cuando ese texto fue tratado por Gonella y Orsi, desapareció el nombre de Báez del dictamen. Así, el caso contra Lázaro Báez empezó en el juzgado de Sebastián Casanello sin el empresario kirchnerista entre los imputados. Marijuan regresó de su licencia y el 3 de mayo amplió su requerimiento para que Báez fuera imputado. Fuentes con acceso al expediente dijeron a LA NACION que se obviaron allanamientos urgentes sobre Báez y que los procedimientos se realizaron cuando había transcurrido el tiempo suficiente como para alterar la prueba.

El dictamen inicial que obvió a Báez -socio de la familia Kirchner- motivó una denuncia contra Gonella y Orsi por parte de la diputada nacional Elisa Carrió y del ex legislador Cesar Raffo (Proyecto Sur). Se agregaron a ese expediente los borradores de dictámenes que realizaron los empleados y secretarios de la fiscalía de Marijuan.

Gonella rechazó las acusaciones. Al defender su pliego en el Senado, durante tres horas, dijo que sólo imputó a Elaskar y a Fariña porque sobre ellos tenían reportes de operaciones sospechosas de la Unidad de Información Financiera (UIF). Incluso dijo que era falsa la información -publicada por LA NACION en julio pasado- de que en los borradores de dictamen se le propuso imputar a Báez o a sus hijos. También desmintió que se pensara imputar a Julio De Vido, como figura en un borrador al que accedió este diario.

"La inclusión en el requerimiento de estas personas obedeció al aporte de documentación remitida por la Unidad de Información Financiera y que fue incorporada al escrito a instancias del fiscal Ramiro González, que se encontraba subrogando, con el apoyo técnico de la Procelac", dijo Gonella.

Pero ahora el juez Martínez de Giorgi encontró elementos que ponen en tela de juicio estas afirmaciones. Estableció que desde que se conoció el programa de TV hasta que dictaminaron en la causa -entre el lunes 15 y el jueves 18 de abril de 2013- la Procelac, dirigida por Gonella, realizó una investigación preliminar sobre Lázaro Báez que incluía a sus empresas. Así, al momento de realizar el dictamen no sólo contaban con reportes de la UIF sobre Elaskar y Fariña, sino con su propia investigación sobre Báez y sus negocios, explicaron fuentes judiciales. Además se envió un oficio a la UIF para saber si tenían reportes de operaciones sospechosas de Báez y, sin esperar respuesta, requirieron sólo contra Elaskar y Fariña.

Por eso, Martínez de Giorgi quiere preguntarles a Orsi y a Gonella por qué dejaron afuera al empresario, si ya tenían elementos sobre sus negocios. Si bien el fiscal González firmó el requerimiento, no está imputado porque no sabía de la investigación preliminar.

DE ACUSADORES A ACUSADOS

Carlos Gonella

Fiscal General

Está a cargo de la procuraduría de delitos económicos. Colaboró en el caso Báez. Participó en la redacción de la imputación contra los sospechosos luego de que Federico Elaskar y Leonardo Fariña confesaron por TV haber lavado dinero del empresario. Pero sólo imputó a Fariña y a Elaskar y omitió hacerlo con Lázaro Báez. Es cercano a Alejandra Gils Carbó

Omar Orsi

Fiscal Ad Hoc

Trabaja en la Procelac en delitos económicos. Tiene cargo de prosecretario, aunque está primero en concursos para ser fiscal. Colaboró con Gonella en la elaboración del dictamen contra Fariña y Elaskar. Para el juez Martínez de Giorgi es igualmente sospechoso de perjudicar la investigación al omitir imputar a Lázaro Báez por presunto lavado de dinero..