Citan a los falsos aportantes a la campaña K

La campaña presidencial que llevó a su cargo a Cristina Fernández de Kirchner sucedió hace más de un año, pero todos los días es noticia.
El fiscal federal Jorge Di Lello resolvió ayer citar a declarar a un grupo de personas que figuran como aportantes de fondos a la campaña del Frente para la Victoria pero niegan haber hecho esa contribución mencionada en los documentos oficiales.

Di Lello las convocó como testigos para que declaren en la causa que investiga si hubo alguna anomalía en el financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria en 2007.

Fuentes judiciales informaron que se trata de Miguel Ángel Loizaga, Marcela Lombardi, Claudio Omar Antunovich, Francisco Navas y Roberto Luis Actiz y aclararon que, en caso de constatarse algún delito de tipo penal, se abrirá otra causa.

A través de un comunicado de prensa, ayer mismo, los responsables financieros de la campaña, Hernán Diez y Sebastián Gramajo, aseguraron que están a “total disposición” del fiscal para “entregarle toda la documentación necesaria que determine que los aportes de campaña no tuvieron irregularidades y que la Junta Promotora del Frente para la Victoria (FpV) actuó según lo establecen las leyes vigentes”.

Los dirigentes kirchneristas afirmaron en un comunicado que actuaron “con total honestidad” y controlaron “minuciosamente cada uno de los más de 300 aportes que se realizaron en la campaña”.

Según el comunicado, el “FpV presentó, como lo establece la ley, un detallado informe sobre las personas físicas y/o empresas que aportaron dinero y recibió observaciones menores por parte de la auditoría del Poder Judicial, que fueron contestadas en su totalidad dos días después, acompañando el total de recibos que justificaban los aportes”.

En su extensa defensa, Gramajo y Diez hacen sólo una admisión: “Se dio una confusión porque se realizaron distintas campañas con candidatos que utilizaban la fórmula presidencial en su publicidad y no se distinguió lo contratado por cada distrito. También la auditoría aplicó para la valuación tarifas brutas, no teniendo en cuenta bonificaciones, promociones, etc., y no desagregó la publicidad gratuita de los partidos”.

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