Cinco lecciones para el poder

Por Adrián Ventura

El Gobierno, los legisladores y la Justicia deberían extraer algunas enseñanzas que dejó la crisis desatada por las reservas del Banco Central. Saltear a las instituciones, a veces, puede tener un fuerte costo político.

Primero: la desmesura y el intento oficial de cooptar todos los organismos estatales, tarde o temprano, chocarán con reacciones y resistencias. El Gobierno no cambiará su estilo político, más intempestivo que reflexivo, pero debería advertir que esa desmesura ha sido mala consejera.

Así como en Venezuela el presidente Hugo Chávez ve desgranarse su gobierno con la huida de varios de sus funcionarios más fieles, el Poder Ejecutivo argentino, luego del intento de hacer un by pass para saltear al Congreso y a la Justicia, profundizó su aislamiento político y convirtió su propuesta de canje de bonos en virtual letra muerta.

Segundo: el control sobre la Justicia nunca tiene el alcance absoluto que puede pretender el Gobierno. Desde comienzos de enero, partieron desde la Casa Rosada varios llamados a la Corte Suprema. Buscaban que el máximo tribunal realizara algún tipo de gestión ante los jueces federales. Nada de eso prosperó y la jueza federal María José Sarmiento, primero, y las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera, después, dictaron fallos para frenar los DNU de la polémica.

Tercero: para los jueces, ser independientes y controlar al poder puede ser riesgoso, pero ése es, en definitiva, el destino que les depara el sistema republicano. Tarde o temprano, los abusos se vuelven inocultables y no pueden ni deben dejarlos pasar. Incluso algunos jueces federales penales alabaron, en reserva, la tarea que realizaron sus valientes pares del fuero contencioso administrativo.

Cuarto: en 1998, la Corte, en su anterior integración, les puso a los DNU un primer límite importante. Interpretó cuáles son los únicos casos en los que el Presidente puede dictarlos: sólo cuando haya una imposibilidad física de que se reúna el Congreso o cuando la sanción de una ley, por el tiempo que demanda, produciría un resultado disfuncional, es decir que la demora haría inútil la sanción de una ley. Es preciso que la Corte, en su integración actual y más prestigiosa, asuma la tarea de dictar un nuevo fallo, similar a aquél, que marque definitivamente los límites de esa atribución presidencial.

En ese trabajo, la Corte también debería definir la posibilidad que tienen los jueces de controlar la apreciación de la urgencia. Si la Constitución establece que un presidente sólo puede dictar un DNU cuando hay necesidad y urgencia, pero los jueces no pudiesen controlar la existencia real de esa urgencia, la autorización constitucional, como pretende el Gobierno, sería una carta blanca.

Quinto: antes de que todo eso ocurra, los legisladores deberían emprender una tarea que olvidaron bajo el calor del debate de las reservas y la presidencia del BCRA. Deberán dictar una nueva ley para controlar los DNU, pues la ley 26.122, aprobada a instancias del kirchnerismo, es de corte pro gobierno y tiene una redacción única en el mundo, que hace que sea más difícil derogar un DNU que sancionar una ley. Un verdadero despropósito.

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