Dr. De Ciervo: "La posición de la fiscalía es bastante desolada"

Sostuvo que en la postura del fiscal Quidiello y del abogado del particular damnificado "existen errores muy importantes". Afirmó que los acusadores se están refiriendo a sanciones administrativas del Tribunal de Cuentas.
El próximo viernes 20 de noviembre continuará el juicio contra el ex intendente Abel Miguel. Será el turno, otra vez, de Darío De Ciervo, que se encargará de otra parte de su alegato.

"No se trata de ilícitos"

Ayer, en diálogo con DEMOCRACIA, el doctor Darío De Ciervo consideró que se trata de "una opinión absolutamente particular" lo afirmado en el alegato del fiscal Quidiello como el del abogado del particular damnificado, en relación a la acusación de más de 50 ilícitos a la vez que también calificó como "opinión bastante desolada" la postura del fiscal Quidiello.

Asimismo expresó que "existen errores muy importantes porque no se trata de ilícitos. Cuando se refieren a los 52 hechos, en realidad, los acusadores se están refiriendo a sanciones administrativas impuestas por el Tribunal de Cuentas que solamente una opinión particular, como la de los acusadores, lo ven como delito, pero gran parte de esa argumentación constituye un absurdo y en algunos casos es un dislate".

"El Derecho Penal –agregó- tiene barreras infranqueables para poder atravesarlas y decir que una sanción administrativa es igual a un reproche penal".

Afirmó que "cuando asume un intendente, el Tribunal de Cuentas hace exclusivamente el control administrativo, del mismo modo que el control político lo ejerce el Concejo Deliberante".

De Ciervo explicó que "todo organismo que maneja dinero, en este caso el Municipio, rinde cuentas. Cuando existe una irregularidad administrativa, omisiones normalmente, el Tribunal de Cuentas aplica una sanción que generalmente es multa, o cargos".

"Esa multa o cargo tiene un proceso de revisión, pero como es administrativo, la discusión es acotada, sino un intendente debería tener un grupo de asesores exclusivamente para que lo defendiera de las sanciones administrativas", indicó.

"Se trata de multas o cargos que van desde la falta de un sello hasta la observación de artículos, normas o decretos, todos en función de la actividad administrativa", especificó.

Mencionó que "cuando el Tribunal hace la valoración y considera que por su gravedad, y por otras circunstancias que no son las que estamos observando en este caso, se podría estar ante un delito, por hechos muy puntuales, el organismo directamente lo remite a la Justicia Penal".

"A esto que le llaman ilícitos, la gente debe entender que se trata de sanciones administrativas, que una o dos personas creen que se trata de ilícitos y lo intentan fundamentar con errores graves", destacó De Ciervo, quien mencionó que "incluso, a veces, se equivoca el Tribunal de Cuentas. De hecho muchas veces se revisan los fallos y se revocan. Es todo un sistema de control y revisión previsto por leyes y esto, a su vez, tiene raigambre constitucional".

Expresó también el doctor De Ciervo que "el Tribunal trata de hacer liquidaciones económicas para que el erario público, si es que tuvo algún perjuicio económico, sea compensando. La actividad administrativa es tan compleja que siempre hay errores".

"Con la teoría de este fiscal –que es bastante desolada en la provincia de Buenos Aires- deberían procesarse penalmente a todos los intendentes, porque errores administrativos hay en todos los ejercicios. Constituye un enfoque que tiene un riesgo institucional grave", indicó.

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