Cierran una megacausa contra jefes sindicales

Estaban acusados de desviar un préstamo de US$ 285 millones
Dos meses antes de que la Corte Suprema fallara en favor de la libertad sindical, y se pusiera así en pie de guerra con los más grandes gremios del país, los principales dirigentes del sector habían recibido una buena noticia de la Justicia: la Cámara de Casación Penal dio el primer paso para cerrar una megacausa que involucra a más de 350 jefes sindicales y al ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

En el juicio por el desvío, entre 1996 y 2000, de un crédito del Banco Mundial (BM) por 285 millones de dólares, destinado a modernizar y sanear las obras sociales sindicales, una resolución del 9 de septiembre, que hasta ahora había pasado inadvertida, declaró la prescripción y dispuso el sobreseimiento de una decena de dirigentes del gremio telefónico, y dejó el camino allanado para la absolución del resto de los imputados.

Entre los acusados, que ya estaban llamados a declaración indagatoria, se encuentran Juan José Zanola (bancarios), Armando Cavalieri (mercantiles), Gerardo Martínez (construcción), Antonio Cassia (petroleros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerónimo Venegas (rurales), Diógenes Salazar (telefónicos), Dante Camaño (gastronómicos) y Jorge Horacio Menem (correos).

Aunque sin fecha fijada, Tomada también estaba citado a declarar como sospechoso por ser dueño de una empresa receptora de parte de esos fondos. Los interrogatorios, ordenados en abril del año pasado por el juez federal Norberto Oyarbide a pedido del entonces fiscal Carlos Stornelli, habían sido suspendidos hasta que se resolvieran los planteos de prescripción y de nulidad presentados por las defensas de los gremialistas.

Los pedidos de prescripción fueron rechazados en primera instancia por Oyarbide, que consideró que lo que estaba en investigación era un caso de peculado, un delito que contempla un plazo de prescripción de diez años, equivalente a la pena máxima prevista para ese crimen. Su decisión fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal, en noviembre del año pasado.

Apelación

Pero los sindicalistas apelaron, por medio de un recurso extraordinario, y la Sala III de la Cámara de Casación les dio la razón, con el argumento de que la figura de peculado había sido introducida sólo para evitar la prescripción.

El fallo dispone el sobreseimiento de nueve dirigentes de Ostel, la obra social de los telefónicos. Ellos son Salazar, Luis de la Fuente, Claudio Garau, Jorge Passion, Eleodoro Cerdán, Mario Russo, Gustavo Baraza, Alberto Bigliardi y María Medina.

En el juzgado indicaron a LA NACION que por ahora la medida sólo alcanza a esos acusados porque fueron los primeros cuyos recursos llegaron a la Casación. Pero adelantaron que el criterio que fijó el tribunal penal deberá aplicarse en forma idéntica a los planteos presentados por las defensas del resto de los imputados en la causa.

La causa se inició en agosto de 2002, con una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, que alertó sobre supuestos movimientos millonarios de dinero en cuentas bancarias sindicales del empresario Gustavo Aondi, con supuestos vínculos con Lingeri.

El letrado acusó a los dirigentes gremiales de desviar parte de los fondos del préstamos del BM, destinados a la reconversión y mejora de las obras sociales sindicales, mediante el pago de deudas, reformas edilicias y cursos de capacitación del personal.

El crédito había sido otorgado en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando Domingo Cavallo era ministro de Economía.

Stornelli

La causa quedó delegada en la fiscalía de Stornelli, que tras analizar los resultados de un exhaustivo peritaje, en diciembre de 2006, pidió que se citara a declarar a 350 imputados, entre sindicalistas, funcionarios y empresarios.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, una buena parte del crédito del BM había sido desviada, por medio de la contratación de empresas fantasma que, se sospecha, estaban dirigidas por amigos o familiares de los sindicalistas, que contaban con la complicidad de los funcionarios estatales encargados de controlar el destino de los fondos. Tomada, entonces abogado de la CGT, era dueño de una de las firmas bajo sospecha.

En el fallo de la Casación, los jueces Angela Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Riggi sostuvieron que el delito sobre el que debían resolver los planteos para el cierre de la causa era el de defraudación, que tiene un plazo máximo de prescripción de seis años.

Con pequeñas diferencias, los tres magistrados coincidieron en que el plazo debía comenzar a contarse desde marzo de 2000 y que la causa había prescripto en marzo de 2006, dado que no había habido ningún acto previo que interrumpiera la prescripción.

El 19 del mes pasado, los jueces rechazaron la apelación de la fiscalía y el fallo quedó firme.

Claves

Préstamo. En 1996, el banco Mundial otorgó un préstamo de US$ 285 millones para sanear las obras sociales sindicales.

Irregularidades. Según denunció ante la Justicia el abogado Ricardo Monner Sans, los gremios desviaron los fondos del préstamo, por medio de la contratación de empresas fantasma o amigas.

Investigación. Por pedido del entonces fiscal Carlos Stornelli, en diciembre de 2006 el juez Norberto Oyarbide citó a declarar a varios de los más importantes sindicalistas del país.

Implicados. Entre los acusados estaban los sindicalistas Juan José Zanola, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, Gerónimo Venegas y Gerardo Martínez. También Carlos Tomada, actual ministro de Trabajo.

Prescripción. La Cámara de Casación declaró la prescripción en favor de nueve imputados. El juzgado aplicará el mismo criterio para resolver la situación del resto de los acusados.

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