El 85 por ciento de las obras visitadas por la provincia incumplen las normas

El 85 por ciento de las obras visitadas por la provincia incumplen las normas
Sobre 60 edificios en construcción en Rosario que fueron revisados por el Ministerio de Trabajo provincial, sólo el 15 por ciento superó exitosamente los 19 puntos requeridos por los inspectores. Esto implica que el 85 por ciento de las construcciones presentaban alguna irregularidad.
En su inmensa mayoría no se acogían al decreto 1.732, acordado entre la Asociación Empresarios de la Vivienda, la Cámara Argentina de la Construcción y el gobierno santafesino para identificar públicamente a los responsables del proyecto.

El delegado zona sur de la cartera laboral, Luis Ortega, reconoció la "negligencia" de las contratistas que ejecutan obras públicas y no cumplen la normativa vigente.

Ejemplos. Los esfuerzos aún no alcanzan para cambiar el desapego a las normas en el rubro de la construcción. Y los datos del ministerio así lo reflejan.

El 85 por ciento de las obras presentaban irregularidades y, de 60 torres en construcción,

20 fueron suspendidas por sus anomalías. Primeros en el ránking se ubican los carteles sin las especificaciones técnicas que exige el decreto que regula el contenido y la forma de los letreros.

Esta norma fue sancionada tras el consenso alcanzado entre las autoridades y los constructores. Los chapones deberían exhibir los datos del proyectista, del director, del calculista, del representante técnico y del coordinador de higiene y seguridad.

Lo mismo tendría que ocurrir con la información sobre la edificación, número de permiso, ubicación y superficie. También se imponía la publicación de un número telefónico para poder denunciar irregularidades.

Pero la figura del Estado también aparece como infractora. Es que la mayoría de las grandes obras públicas, financiadas por la Nación, la provincia o el municipio, tampoco cumplen con lo que deberían controlar.

Palos a las contratistas. "Las que están mal son las contratistas que no exhiben sus datos. Ya se las intimó a que lo hagan. Incluso se suspendió a una empresa en la propia Casa Gris", advirtió Ortega.

El decreto aprobado el 14 de julio pasado en el marco de la Comisión para el Trabajo Decente surgió como una necesidad de las propias empresas de decantar aquellas firmas "fantasma" que no reunían respaldo ni solidez para llevar adelante una obra.

Sin embargo, para Ortega, que tanto las firmas contratistas como las privadas incumplan "obedece a una actitud negligente y no a falta de información, porque casi todas están asociadas a las cámaras que rubricaron la puesta en vigencia del decreto".

Lo cierto es que el trámite para hacer efectiva una sanción atraviesa todo un vericueto administrativo. Tras la inspección, se deja asentada un acta, cuya copia queda en poder de los responsables del emprendimiento

Luego hay un plazo para el descargo y, según la irregularidad detectada, una instancia de rectificación de la falta. Y en el caso de una multa también existe la opción de defensa de la compañía multada.

Si bien el director provincial de Inspección del Trabajo, Fernando Muruaga, había anunciado el comienzo de un "operativo rastrillaje" con unos 20 inspectores (recientemente incorporados), Ortega indicó que las verificaciones se vienen intensificando desde hace 30 días.

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