Cicero admitió un posible fraude y apuntó a la gestión de Lafalla

El ex titular del IPV dijo que uno de los imputados habría corregido la resolución que dio vía libre a los pagos irregulares. Es en la causa por el delito de “fraude a la administración pública” que investiga la Justicia a partir de una denuncia.

Un nombre se repite en las denuncias contra un grupo de jefes del IPV por cobrar dinero que aparentemente no les correspondía. Es el del ex titular del organismo, Raúl Cicero, quien posibilitó los pagos. El ex funcionario provincial dice que no cometió irregularidades y sospecha que hay intencionalidad política detrás de las acusaciones. Sin embargo, admitió que uno de los imputados pudo haber corregido la resolución que le posibilitó cobrar.

Como reveló Los Andes en su ediciones de ayer y el domingo, existen dos causas judiciales que apuntan directamente al IPV. En una de ellas, hay 12 imputados por el delito de “fraude a la administración pública, en la modalidad de administración fraudulenta".

Ese caso está a cargo del fiscal especial Luis Correa Llano quien está investigando responsabilidades en el pago de más de 670 mil pesos por una diferencia de sueldo a 8 jefes del IPV, que no deberían haber cobrado. De acuerdo con la segunda denuncia, se habría utilizado un mecanismo similar para que otros 7 jefes recibieran el pago de una diferencia salarial por supuestos trabajos extra.

Consultado por este diario, Cicero justificó su accionar. “Para entender por qué posibilité que 8 personas cobraran más 600 mil pesos hay que remontarse al año ’96. En ese momento, la gestión justicialista desmanteló el IPV (ver aparte) y les bajaron 40% del sueldo a las 100 personas que dejaron. Esas personas hicieron una presentación judicial que pasó por todas las instancias y la Corte provincial les dio la razón a finales de 2006. Dudé si debía continuar el planteo en la Corte nacional, pero el abogado Eduardo Estrada (quien también está imputado) me dijo que no convenía. Hicimos un acuerdo y el IPV desembolsó 8 millones de pesos para estas personas”, comentó Cicero como antecedente a la firma de una resolución que generó el pago a 8 jefes que no hicieron juicio.

“Después vinieron las 8 personas que no habían hecho el reclamo judicial porque no querían accionar contra el Estado y me hicieron un reclamo administrativo”, siguió el ex funcionario. Según la denuncia judicial, el plazo para hacer la presentación administrativa había prescripto, tal como figura en un memo interno del IPV. Sin embargo, Cicero presenta otra versión. “Un grupo de abogados analizó la situación y determinó que no había prescripciones”, sostuvo.

Las principales sospechas del fiscal apuntan a que los mismos funcionarios que cobraron fueron los autores de las resoluciones y dictámenes que permitieron la maniobra.

De acuerdo con las pericias informáticas, los dictámenes fueron realizados en la computadora de Roberto Gómez, jefe de Asesoría Letrada, quien también está entre los imputados porque recibió el beneficio. Según Cicero, “los dictámenes siempre los realizó Estrada”.

Pero dejó abierta la posibilidad de que por la computadora de Gómez hayan pasado las resoluciones. “Posiblemente en alguna oportunidad se haya hecho alguna corrección en la computadora de Gómez”, confesó Cicero.

Respecto de la denuncia por el supuesto cobro indebido de horas extra, Cicero explicó: “No tengo mucho para decir. Lo único que puedo contar es que los que estaban en el organigrama trabajan mañana y tarde y una comisión analizó los registro de las horas extra”, dijo. La denuncia dice que no existen registros.

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