A más de un año de que la denuncia tomó estado público, la justicia Federal concreto el allanamiento. Por el tiempo transcurrido, los denunciantes tienen bajas expectativas respecto al hallazgo de evidencia en el lugar.

Hasta el momento, la Casa del Trabajador registró 322 damnificados directos, personas en situación de vulnerabilidad que detectaron que figuraban como choferes de colectivo de forma accidental, al querer tramitar la asignación universal por hijo, o cuando el estado intentaba cobrarles el impuesto a las ganancias.

Esta maniobra les habría permitido a las empresas obtener más de 11.500.000 pesos, y derivó en una segunda investigación por estafa, porque el número de trabajadores falseado incrementaba los estudios de costos presentados para reclamar aumento del boleto.