A pesar de que en los últimos días de campaña se publicaron sondeos que mostraban una leve baja de la candidata de centro izquierda, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que por tamaño de muestra y metodología es el estudio de opinión con más prestigio en el país, mostró números que hablan de una gran consolidación de la intención de voto de Bachelet, llegando al 45% en la respuesta espontánea y superando el 50% con la proyección total de los votos. De darse este resultado, Bachelet se convertiría automáticamente en presidenta electa, sin necesidad de segunda vuelta.

Sin embargo, este dato no es el único que sobresale en el escenario electoral. La sociedad chilena parece enfrentada a una serie de cambios que vienen acumulándose desde tiempo atrás y que en esta coyuntura parecen haber encontrado un espacio político para representarse.

En primer lugar, la gran elección que probablemente haga Bachelet, vendrá acompañada de un desastre electoral para la coalición de derecha. Son muchos los que advierten que el próximo domingo, la alicaída candidatura oficialista de Evelyn Matthei podrá tener el peor desempeño de los últimos 20 años. En 1993 Arturo Alessandri apenas logró el 24,4% de los votos contra Eduardo Frei. Hay quien dice que esta vez podría no llegar ni al 20%

Las razones para semejante debacle son varias. En primer lugar, el gobierno de Sebastián Piñera termina con una magra aprobación social, que puede rastrearse cuando las protestas educativas superaron el cerco de la comunidad universitaria y alcanzaron el respaldo de la mayoría de la población (hoy un 74% de los chilenos está a favor de la universidad gratuita).

Pero parece ocurrir algo más profundo: el sentido común conservador de una buena parte de la sociedad chilena que tan buena retaguardia le brindó al pinochetismo aún durante el período democrático entró en crisis terminal. Este año se cumplieron 40 años del golpe de estado y en un marco de extendido repudio a la figura de Pinochet, el discurso de Piñera no advirtió el cambio y continuó con la tradicional estigmatización al gobierno de Allende: “En mi humilde opinión también tienen responsabilidad quienes no respetaron el estado de derecho y promovieron la intolerancia y el odio en nuestro país”.

Mientras este discurso persiste en gran parte de la dirigencia conservadora, la sociedad civil transita otros caminos, más modernos. Además del apoyo a la gratuidad educativa, cobró fuerza la idea de reformar la Constitución, redactada en 1980 por la dictadura. La propia Bachelet anunció una reforma al texto constitucional. Aunque aún no queda claro su alcance, ni su forma, que dependerá en buena medida de cómo quede conformado el Congreso. A esto se suma un movimiento social que, desde las redes sociales, convoca a incluir en el voto del domingo la sigla “AC” (Asamblea Constituyente) y presionar así a la dirigencia política.

Otro elemento importante de la elección (que podría tener un impacto en el resultado) es un cambio en el sistema de votación. Por primera vez para elegir Presidente, el voto será optativo, y la inscripción en los padrones automática. Hasta ahora, era obligatorio, pero el votante tenía que inscribirse para figurar en las actas. Este cambio, que a priori eleva la cantidad de posibles votantes, necesita de un electorado que salga por decisión propia a ejercer su derecho. Los dirigentes de la derecha están temerosos de que su base social, desanimada ante la evidencia de una victoria de Bachelet, no vaya a votar y aumente el desastre electoral.

Un tanto paradójicamente, para contrarrestar este fenómeno, desde las tribunas conservadoras se escucha hablar de la necesidad de “acarrear votos” el día de la elección (es decir, hacer una logística con transporte y militantes para incentivar que los votantes lleguen a los centros de votación), en una suerte de punterismo electoral un tanto alejado del discurso tradicional de estos sectores

Finalmente, aparece el cambio dentro de la centroizquierda. Después de más de dos décadas de Concertación, donde fungían como aliados principales y casi excluyentes el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, Bachelet eligió conformar una nueva coalición. La Nueva Mayoría, contiene ahora al Partido Comunista y otras expresiones de izquierda. Lo notable es que esta incorporación, que no mucho tiempo atrás hubiera espantado a las franjas moderadas del electorado, en este caso reverdeció el discurso de oposición al gobierno de Piñera y le dio una plataforma diferenciadora. Sin ir más lejos, la reforma educativa, la reforma constitucional y la reforma electoral son tres banderas histórica del PC y que durante esta campaña formaron parte del discurso de Bachelet.

Como sanamente ocurre en los últimos años, el resultado electoral de un país sudamericano no se agota en su frontera y tendrá un impacto regional. La probable victoria de Bachelet y la coalición de centroizquierda en Chile vendrá a mostrar que el “fin de ciclo” de los gobiernos progresistas no parece estar a la vuelta de la esquina. Una lectura acentuada por el hecho de que Piñera había sido el experimento más sólido de un retorno a gobiernos “marketfrendly”, en un país que parecía reunir todas las condiciones para su éxito. Sólo duró un mandato.

Cruzando la cordillera, la agenda reformista de Bachelet tiene signos inocultables de un clima que la Argentina conoce desde hace años. Entre otras cosas, la futura presidenta prometió impulsar un sistema de pensión estatal, la negociación salarial a partir de convenios colectivos de los sindicatos, una mesa tripartita de gobierno, empresarios y trabajadores para fijar el salario mínimo y el matrimonio igualitario. Como frutilla del postre, anunció que “una ley determinará los límites de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social…”.

Por si fuera poco, para la oposición política argentina, más allá del previsible trabajo de apropiación que intentarán hacer con Michelle Bachelet, mostrándola como un antónimo de Cristina Kirchner, habrá una advertencia muy concreta: un liderazgo, si conserva el apoyo social, puede subsistir fuera del gobierno y retornar vigente en el próximo período electoral.