Chile: un juez investigará las falsas desapariciones de la dictadura militar

Es porque se descubrieron cinco falsos casos de detenidos desaparecidos. Bachelet pidió a la derecha opositora no saque ventajas políticas de esta situación
La justicia chilena designó el lunes a un magistrado especial para investigar a la brevedad cinco falsos casos de detenidos desaparecidos, descubiertos en las últimas semanas y que hicieron emerger una de las heridas más profundas dejadas por la dictadura de Augusto Pinochet.

La Corte de Apelaciones de Santiago nombró al ministro en visita Carlos Gajardo para investigar los casos, luego de que el Gobierno presentó una solicitud formal en los tribunales de justicia tras conocerse el fin de semana tres nuevos casos de falsas víctimas que integran las listas oficiales del país.

"Hay un hecho grave que ha conmovido a la opinión pública", dijo a periodistas el presidente de la Corte de Apelaciones Juan Escobar, al fundamentar la designación del juez Gajardo. Aunque originalmente se habían informado cuatro casos erróneos, la presidente chilena, Michelle Bachelet, admitió que la cifra actual asciende a cinco personas equivocadamente incluidas en las nómimas oficiales.

Tras el retorno a la democracia, en 1990, dos comisiones conocidas como "Valech" y "Rettig" hicieron un catastro de las miles de víctimas que murieron, fueron desaparecidas o sufrieron torturas a manos de los aparatos represivos de la dictadura de Pinochet.

Los informes constataron que durante el régimen militar, entre 1973 y 1990, al menos unas 3.000 personas murieron o fueron desaparecidas, mientras que unas 28.000 sufrieron torturas, incluidas la actual presidente Bachelet.

"Los casos de los detenidos desaparecidos han sido una tragedia que ha golpeado la conciencia nacional y que no puede ni debe empañarse con casos que hemos conocido recientemente", dijo Bachelet durante una ceremonia.

Más tarde, la mandataria socialista dijo que el número de errores detectados son pequeños, por lo que pidió a la derecha opositora no sacar ventajas políticas de esta situación.

Finalmente, rechazó la idea de que haya gente capaz de asegurar "que en realidad nunca hubo violaciones a los derechos humanos en el país".

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