Hace diez años el Congreso sancionó la ley 25.854, que creó el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos con el objetivo de unificar a nivel nacional la lista de hombres y mujeres dispuestos a adoptar. Todavía hay cinco provincias que no adhirieron: Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Formosa y Catamarca. Algunos especialistas aseguran que a pesar del Registro, el proceso de adopción no se agilizó. Otros dicen todo lo contrario. Lo cierto es que aún hay niños que viven por años en institutos antes de ser adoptados. Y eso –hay consenso– hay que repararlo.

El nuevo Código Civil, al que el Senado le dio media sanción, introduce modificaciones en torno a la adopción que tienden a acortar los tiempos. Y lo primordial: el eje son los niños, considerados sujeto de derecho (ver Nuevo Código...).

Persiste en el imaginario colectivo la idea de que adoptar en Argentina lleva años por cuestiones burocráticas, que hay que viajar por todo el país y dejar el legajo en cada ciudad. En esa idea se licúa lo importante: la adopción es el derecho de los chicos a vivir en una familia. Y no al revés. También se mantienen errores conceptuales, como que hay miles y miles de chicos viviendo en institutos, que todos son adoptables, y que hay que encontrarles un hogar rápido y sin mirar atrás ni a los costados.

Y algo que no se dice: a los chicos más grandes casi nadie los quiere; a los enfermos, tampoco. “El 98% de los postulantes anotados en el Registro quieren bebés de 0 a 2 años, sanos y con adopción plena, porque aleja el fantasma de la familia de origen. Por eso en los institutos van quedando los más grandes, que van creciendo. Ni hablar de los adolescentes, son muy pocos los que se animan a adoptarlos”, asegura Silvia Nespereira, directora del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad. Ella defiende el sistema: “La legislación no permite el traspaso de chicos pobres a familias ricas, tampoco la compra-venta porque saltan las irregularidades. El Registro democratiza porque hay un orden que respetar, y no hay que llevar el legajo de una provincia a otra porque al listado lo ven los jueces de todo el país”.

Hay especialistas más críticas. “ La ley de adopción es contraria a la Convención de los Derechos del Niño, ya que el niño no es parte del proceso de adopción y tampoco su familia de origen”, asegura Laura Musa, asesora general tutelar de la Justicia de la ciudad de Buenos Aires y miembro de la Fundación Sur Argentina. “Posibilita las guardas por escritura pública. La adopción plena extingue los vínculos de origen y eso viola la identidad”.

“La ley 24.477 es vieja. El niño no es sujeto de derecho”, dice María Luisa Storani, diputada radical y autora de uno de los proyectos de ley de adopción que esperan en el Congreso. “La ley del Registro Unico es importante –agrega– pero si se adhieren todas las provincias.

Aún las más peligrosas, las del Norte, no se adhirieron.

El Estado debería poder obligarlas a adherirse”.

Para Leonor Wainer, de la asociación civil Anidar, “la Dirección Nacional de Registro Unico de Adopción, creada para facilitar la inscripción en un solo registro, el control de los trámites y que las adopciones se realicen por ley, aún no es una realidad.

Las adopciones no se agilizaron, tampoco se incrementaron los controles, no s e controlan los hogares para niños, qué trato reciben, ni se controlan las entregas directas de bebés”.

¿Cómo llega un chico al proceso de adopción?

“Acá no hay guerras, hambrunas ni terremotos. Acá el foco es la pobreza y la pobreza no debería ser causa de adopción. Un país decente no debe transferir niños de una clase a otra”, sostiene Musa.

Nespereira niega las razones de pobreza: “Los organismos de protección toman medidas habitacionales, dan becas escolares y subsidios. Pero hay otros casos, como las mujeres solas o las chicas que fueron violadas y no quieren tener a ese hijo”.

Parecería que el mayor problema está entre la institucionalización de un chico y la declaración de adoptabilidad. “Sí, pasan años. Los equipos asistenciales no tienen plata para viajar y buscar familiares. Y los jueces no se animan a declarar la adoptabilidad”, dice Musa.

Para Wainer, “depende del criterio del juez y del trabajo con la familia de origen para que ese niño vuelva con ellos o no se haga nada. Hay jueces que priorizan a los chicos, pero otros se olvidan de la Convención de los Derechos del Niño.

¿Qué podemos pensar cuando un niño llega a los 10 años viviendo en un hogar?

”. Para Nespereira, “ es obligación del Estado que el chico vuelva con su familia (salvo si fue abandonado o maltratado), o buscarle a su familia ampliada. Si todo fracasa ingresa a un hogar por el menor tiempo posible, ya que las instituciones no son buenas para la crianza”.

Y reconoce que “no hay plazos para la permanencia en un hogar. Tampoco para el trabajo de equipos y jueces.

Los plazos sí se tienen que modificar ”.