Chicanas de un diputado K para zafar del enriquecimieto ilícito

Hace quince días fue requerido por una jueza penal. Debía justificar el origen de su patrimonio. Pero logró que la presidencia de la Casación bonaerense retuviera el expediente. Una ley disolvió el juzgado. La audiencia se anuló. La causa irá a sorteo entre los jueces de garantías. Estos magistrados hace 11 años que no instruyen. Una movida corporativa para zafar al vicepresidente del Consejo de la Magistratura

¿En qué quedó la citación al diputado provincial (FpV), y vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, Raúl Pérez en una causa por enriquecimiento ilícito? El legislador había sido citado para el 20 de abril a las 9 de la mañana por la titular del juzgado de Transición n´ 4 de La Plata Carmen Palacios Arias. Y en menos de 24 horas, a partir de un planteo de la defensa, el expediente fue quitado de la investigación y remitido directamente al Tribunal de Casación bonaerense. Allí, en el despacho de la presidencia que preside Federico Dominguez, los siete cuerpos de la voluminosa causa, descansan, sin más trámite.

Con esa chicana, Pérez consiguió una vez más, evitar el procesamiento de la justicia penal. Las actuaciones por enriquecimiento ilícito comenzaron en 1997 cuando el ahora diputado K presidía el Concejo Deliberante de La Plata. Por entonces, se manejaba en un humilde Fiat 1600: nada que ver con su actual moto BMW de alta cilindrada.

Ante la contundencia de dos pericias contables, en 2004, Pérez ya había sido citado por la jueza Palacios Arias. Pero la defensa apeló y la Cámara y la Suprema Corte avalaron la resolución de la magistrada. Claro que la causa regresó al juzgado recién en marzo último. Y para cuando la jueza dispuso la audiencia con el diputado el 20 de abril, Pérez sacó una carta de la manga: una ley provincial impedía la continuidad de los juzgados de Transición.

En la provincia de Buenos Aires hasta la semana pasada, había más de 10 mil causas judiciales tramitadas por los juzgados de Transición creados hace once años cuando se reformó el Código Procesal Penal. Para poner freno a esta situación, la Legislatura bonaerense aprobó una ley que dispone la disolución de esos órganos "subsistentes" y la Suprema Corte de Justicia fijó el 31 de diciembre de este año como fecha límite para el cierre de todos los expedientes.

Los juzgados de Transición fueron creados en 1998 para hacerse cargo de la tramitación de 520.315 causas "residuales", es decir, aquellas que quedaron del sistema penal que rigió hasta la reforma procesal realizada ese año. Y desde entonces fueron cerradas gran parte de ellas, pero aún quedan más de 10 mil causas, de las cuales cerca del 10% corresponden al departamento judicial La Plata.

La semana pasada, delegó en las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal la concreción de las tareas de disolución de los juzgados, la conformación de secretarías de Transición (que tendrán a su cargo el trámite de las causas que se encuentren pendientes de resolución) y la distribución de los expedientes.

Además, la Corte instó a los magistrados a "aunar esfuerzos" para el cumplimiento efectivo de los plazos procesales y la finalización de las causas en trámite "antes del 31 de diciembre" de este año.

En concreto, las causas serán sacadas de los juzgados de Transición y pasarán, no a manos de los fiscales, según el espíritu del nuevo código, sino a cargo de los Jueces de Garantías, quienes no instruyen causas desde hace once años, ni tampoco están facultados legalmente para hacerlo.

¿Y el caso del diputado Pérez? Ocurrirá lo mismo que con otros resonantes expedientes, como la investigación del brutal crimen del subcomisario Jorge Gutiérrez, hermano del diputado nacional Francisco "Barba" Gutiérrez o el supuesto enriquecimiento ilícito de varios jefes policiales como el ex procesado del caso AMIA, Juan José Rivelli: todos estos expedientes irán a un supuesto sorteo que realizará la Cámara Penal y luego se distribuirán entre los Jueces de Garantías.

Fuentes judiciales informaron que en La Plata, estos jueces ya adelantaron una propuesta a la Cámara. Plantearon que la causa por el crimen de Gutiérrez vaya al juzgado del doctor Guillermo Atencio. Y la del diputado Pérez, al juzgado de César Melazo. ¿Y el supuesto sorteo? Sorteo, que por ley, debería ser "objetivo y público", surgiría ya con algunas causas repartidas de antemano.

Es por demás ilustrativo, que en apenas un expediente, de enormes implicancias políticas e institucionales como el caso Pérez, queda al descubierto los resortes más oscuros del andamiaje judicial, donde en apariencia se publicitan cambios, para que nada cambie. Demasiados años, sin resoluciones concretas. Y si no prescribe la acción, es porque el delito lo impide, cuando se trata de funcionarios, como el diputado K, que comenzó con un pequeño Fiat y ahora, ante la justicia no da cuenta -porque no quiere, o no puede-, de lujos, excentricidades y bajezas.

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