Cheques sin fondo: diligencian los mandamientos de embargo

El miércoles se cumplió con el trámite. Los ediles acusados la semana que viene deberán realizar su defensa.
El abogado Marcelo Salinas, quien inició meses atrás varias acciones ejecutivas contra los ediles Luis Almirón, Ángel Quintana y Norma Borda para cobrar la deuda que dejaron por la supuesta emisión de cheques sin fondo, se presentó el miércoles con funcionarios del Juzgado de Paz local en los domicilios de los acusados para diligenciar los mandamientos de embargo.

Salinas, en contacto con Agencia Corrientes, explicó que se cumplió de esta manera con el procedimiento de intimación para cobrar a través del embargo de los bienes o la retención de haberes de los denunciados el monto de los cheques sin fondo liberados por el Cuerpo deliberativo con la firma de los tres ediles meses atrás.

En la diligencia se incluyó también la intimación de pago de una deuda por honorarios que los ediles tenían con Marcelo Salinas, quien al verse damnificado también aceptó tramitar las denuncias de los comerciantes de San Roque que tenían en su poder, sin poder cobrar, cheques por el monto de 500 hasta tres mil pesos cada uno.

Hay aproximadamente 20 acciones ejecutivas iniciadas y respecto a 10 aproximadamente la Justicia ya libró el mandamiento de embargo que se diligenció con la autorización y el acompañamiento de funcionarios del Juzgado de Paz local.

Salinas explicó que a partir del procedimiento el presidente del Concejo Luis Almirón y los ediles Ángel Quintana y Norma Borda tienen tres días hábiles para presentarse a los Juzgados donde se iniciaron las actuaciones -Juzgados Civil y Comercial Nº 1, 2 y 3 respectivamente- para presentar sus excepciones y a partir de allí la Justicia resolverá la consideración o el rechazo de los planteos que derivará en la sentencia que autoriza automáticamente el embargo correspondiente.

Cabe recordar que también se estima que la liberación, que podría ser tipificada como estafa reiterada, ascendería al orden de los 60 mil pesos. Salinas aseguró que, más allá del monto de la deuda, lo grave es que fueron funcionarios públicos, los que incurrieron en el delito.

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