​El régimen chavista dio un portazo definitivo a la demanda de realizar este año el proceso constitucional del revocatorio del mandato del asediado presidente Nicolás Maduro. El Poder Electoral que controla el gobierno anunció que el referendo se podría efectuar recién a mediados del primer trimestre de 2017, lo cual le aseguraría al chavismo continuar en el poder hasta 2019 aún cuando el resultado de la consulta cesara el mandato del jefe de Estado.

Atento a que la aprobación del gobierno esta en niveles mínimos por la crisis que sufre el país y Maduro seguramente perdería la consulta, se impide, de este modo, el llamado a nuevas elecciones que es lo que impone la Constitución. Según esa reglamentación, si el revocatorio se realiza antes del 10 de enero entrante corresponde un veloz llamado a comicios generales en el término de un mes para que la ciudadanía designe un nuevo Ejecutivo.

Pero si el referendo se realiza después de esa fecha y el presidente es desplazado, lo releva su vice, que en Venezuela no es un cargo electoral, sino que lo designa el propio jefe de Estado. La oposición reunida en la Mesa de Unidad Democrática se declaró en sesión permanente. “Nosotros tenemos mayoría, tenemos la Constitución y tenemos respaldo nacional e internacional. Para finales de año a Maduro no lo va a estar apoyando ni su sombra”, dijo el secretario general de la coalición Jesús Torrealba. “El gobierno lo que hizo fue reconocer que perdió el revocatorio. Se puso al margen de la ley y el pueblo va a dar su respuesta”, advirtió.

El Consejo Nacional Electoral dejó trascender la fecha luego de anunciarse que la recolección de cuatro millones de firmas para realizar la consulta se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre. Además, esta fase, que consiste en la recepción de apoyos equivalentes al 20% de los inscriptos en el censo electoral, deberá darse en cada estado del país caribeño, lo que obliga a los opositores a lograr ese porcentaje de respaldo en cada una de las 24 entidades venezolanas. Esto contraría lo que la oposición venezolana demandaba sobre la cantidad de máquinas y las condiciones de la recolección de apoyos. La MUD pedía que el 20% se pudiera recabar sin que fuera necesario un mínimo de apoyos por estado, bajo el argumento de que el cargo a revocar corresponde a una circunscripción nacional.

También había solicitado al CNE un mínimo de 19.500 máquinas distribuidas en 6.500 centros de votación, diseminados a lo largo del país. Sin embargo, el Poder Electoral enfocado en estirar el proceso, afirmó que se distribuirán 5.392 máquinas captahuellas en 1.356 centros de todo el país, muy por debajo de las solicitadas por la alianza opositora. Una vez realizada la recolección, el máximo ente electoral tiene que emitir una “declaratoria de procedencia o no procedencia” y esta “se llevará a cabo a finales del mes de noviembre”.

“De cumplirse los requisitos normativos y si se alcanzara el quorum mínimo para la activación del mecanismo, la convocatoria del evento tendría lugar a principio de diciembre, fecha a partir de la cual inician los 90 días reglamentarios que tiene el organismo para realizar el referendo”, reza el comunicado. El CNE dispone de un mes para verificar si la recepción del 20% de apoyos se realizó correctamente y el referendo debe ser convocado en los 90 días siguientes a esta verificación por lo que, si se extienden los tiempos al máximo, la consulta podría efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017.

En realidad, esa alternativa también está en duda. El miembro de la dirección del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, y virtual vocero del gobierno, señaló ayer que como han habido “miles de eventos fraudulentos” en la recolección de firmas para el revocatorio, sería “completamente imposible” que se celebre un referendo presidencial en 2017.

Rodríguez resaltó que fue el mismo Consejo Nacional Electoral venezolano el que emitió un informe que certifica la existencia de estos “eventos” en el proceso de verificación y autorización de las firmas y que la oposición “firmó” todos los informes. “Nosotros estamos a la espera de que los tribunales de la República den respuesta a las más de 8.300 demandas que se han colocado”, dijo. El régimen discute la seriedad de las firmas recabadas por la oposición como un atajo para trabar el proceso.