Por Daniel Lozano

CARACAS.- La "moribunda" Asamblea Nacional celebra hoy su última sesión ordinaria con la intención de morir matando. Y no sólo hoy, sino hasta el próximo 5 de enero, cuando asuman los nuevos parlamentarios. Así lo ha adelantado Diosdado Cabello, el cabecilla del ala militar revolucionaria, que ha presidido el Parlamento con puño de hierro durante cuatro años.

"La actual Asamblea tiene plena autoridad hasta enero", enfatizó el vicepresidente del PSUV, uno de los grandes derrotados de las elecciones del 6 de diciembre. El período de sesiones termina hoy, pero la "moribunda", como la llaman los opositores tomando prestado a Hugo Chávez el concepto que éste usara en 1999 al jurar la Constitución, continuará legislando. Para ello usará a la comisión delegada, formada por la actual directiva, que convocará sesiones extraordinarias con un objetivo: nombrar a los 13 magistrados del Tribunal Supremo que fueron obligados a jubilarse para evitar que fueran relevados el año que viene, al cumplirse su mandato. La famosa estrategia de blindaje que se venía preparando desde hace semanas.

"Nosotros lo estamos haciendo constitucionalmente, más bien le estamos ahorrando trabajo a los nuevos diputados electos", ironizó Cabello con su habitual desparpajo.

"Es aberrante", denunció a LA NACION Carlos Berrizbeitia, uno de los parlamentarios más activos en este período y que también resultó reelecto por el estado de Carabobo. "Constitucional y administrativamente es el último pleno, pero su idea es estirar su mandato hasta las doce de la noche del 4 de enero", proclamó.

El chavismo pretende usar al Supremo como su principal herramienta contra la Asamblea tras la hecatombe electoral. Hasta el momento, el alto tribunal siempre le ha respondido "rodilla en tierra", como se dice en la revolución de los eufemismos. La persecución de los alcaldes democráticos, la destitución de María Corina Machado y el proceso contra la jueza María Afiuni son algunos de los ejemplos, aunque la mayor perla jurídica, según los expertos, fue la "juramentación" de Hugo Chávez en enero de 2013, cuando el "comandante supremo" se debatía entre la vida y la muerte en un hospital de La Habana.

La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales ha advertido que el "apresurado proceso de designación" no garantiza las debidas condiciones de legalidad, oportunidad y transparencia. "Es deber de los integrantes de la actual Asamblea Nacional respetar la voluntad expresada el 6-D. Su deber republicano es abstenerse de tomar decisiones sobre asuntos públicos, a menos que se trate de asuntos rutinarios o formales", destacó en un comunicado.

"Es antidemocrático que vaya a designar a los 13 magistrados", denunció Freddy Guevara, uno de los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y diputado electo. "No hay nada que la Asamblea haga ahora y que no se pueda derogar en 2016 si no se cumplen los procesos constitucionales", vaticinó.

En la oposición temen que el chavismo use al propio Supremo, y a su sala constitucional, para impedir la derogación de estos nombramientos. En el máximo tribunal se han producido movimientos en las últimas horas; incluso extraoficialmente una de las jubiladas habría solicitado dar marcha atrás a esa decisión.

En el oficialismo se barajan varios nombres como candidatos, comenzando por los diputados Elvis Amoroso (autor de la polémica frase "todos tenemos un familiar, un amigo cercano o un sobrino que ha podido caer en una situación como ésa", al referirse al escándalo de los narcosobrinos de la pareja presidencial), Christian Zerpa y César Sanguinetti, presidente del Parlamento Indígena, todo ellos militantes duros del chavismo.

"El pueblo no come magistrados", se defendió otro de los diputados reelegidos por Caracas, Stalin González. La oposición, que ha unificado su discurso, insiste en que no va a responder a los ataques del gobierno para centrarse en sus propuestas para salir de la crisis. Una de ellas es la llamada "ley candado", con la que se pretende que el gobierno deje de regalar miles de millones a otros países con su conocida diplomacia del petrodólar. "El gobierno utiliza el petróleo para comprar lealtades a su favor, no en beneficio de los venezolanos. Con la ley candado se impedirán acuerdos internacionales que van en detrimento del país, que son onerosos para las finanzas nacionales. Estos dólares deben destinarse para comprar comida y medicinas para un pueblo en esta difícil situación", destacó ayer el gobernador Henrique Capriles durante la entrega de ayudas para viviendas en su estado, Miranda.

Con tal nivel de enfrentamiento, los más pesimistas entre las filas opositoras no descartan que Maduro ordene la imposición de una nueva Ley Habilitante o la prórroga de la actual, lo que le otorgaría más tiempo para gobernar vía decreto ley, con superpoderes y pasando por encima de la Asamblea. "No creo que Maduro atropelle con una nueva Ley Habilitante, sería de muy difícil digestión para el país y para el mundo. Lo del Supremo [nombramientos exprés], ya está sembrando muchas dudas dentro y fuera de Venezuela", sentenció Berrizbeitia.

del editor: qué significa. No hace falta irse muy lejos para ver cuánto le cuesta dejar el poder a un grupo que durante años hizo lo que quiso con las instituciones democráticas.