Chávez debió retroceder: frenan la ley contra el "delito mediático"

El gobierno dice ahora que nunca existió tal iniciativa. Y que lo que se anunció, y que causó una oleada de críticas, fueron sólo "unas ideas". El proyecto, en realidad, castigaba con hasta 4 años de cárcel a quienes "manipularan" la información.
"Engavetada ley de delitos mediáticos". Ése era el principal titular que ayer a la mañana comentaba la mayoría de los que se atascaban en el tránsito de Caracas y para matar el tiempo se ponían a mirar los diarios. En "argentino": cajoneada en la comisión parlamentaria. Ése fue el método con el que el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez frenó la promulgación de la ley que planeaba penar con cárcel de hasta 4 años a los periodistas, medios, locutores, artistas, conferencistas que "lesionen el derecho a dar información oportuna".

Pero el jefe de Estado insistió ayer que la libertad de prensa no es un derecho ilimitado y que una nueva ley es parte de su estrategia para construir el socialismo del siglo XXI, la "verdadera democracia".

La frenada en la Asamblea Nacional -el Congreso venezolano- la anunció sorpresivamente el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Medios de Comunicación, el diputado oficialista, Manuel Villalba. Lo hizo de una forma clara cuando negó que existiera un proyecto de ley de 17 artículos sobre delitos mediáticos.

El proyecto, negado, fue anunciado el jueves pasado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, cuando informó que ayer empezaría a debatirse la propuesta que la fiscal general Luisa Ortega Díaz había realizado previamente ante los parlamentarios.

Ayer, y después de horas en que la noticia circulaba, Chávez habló del tema. El presidente venezolano contó que había visto por televisión hablar a la fiscal.

"Después la llamé para preguntarle sobre su propuesta, ella es representante de un poder autónomo del Estado. Ahora de la Asamblea Nacional han salido distintas opiniones. Yo no voy a opinar del tema. Que los poderes autónomos opinen", dijo en el Palacio de Miraflores sobre el final de una reunión con la prensa internacional.

Pero Chávez, finalmente, habló del tema. "Ninguna libertad puede ser ilimitada. La libertad de los poderosos que pueden pisotear a todos". Segundos antes había mirado a su canciller Nicolás Maduro para explicar el argumento principal de la iniciativa oficial. "El que tenga una emisora puede hacer lo que le dé la gana. Se la vende a Nicolás y éste a otro. ¿Y dónde están los responsables de esas emisoras antes las leyes? El que quiera vivir sin leyes debe vivir en la selva".

Chávez, con este ejemplo, se refería a otra medida reciente de la política oficial hacia la prensa. El viernes, el gobierno venezolano cerró 34 emisoras porque quienes figuraban como dueños no lo eran. Ayer se cerró otra más, Orbita de Veracruz. Y el cierre de las radios que no estarían cumpliendo con la ley provocó ayer otra crítica. Esta vez fue del titular del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Frank La Rue, que dijo que "es un hecho grave y masivo de violación a la libertad de expresión sin precedentes en el continente".

Pero Chávez insistió sobre que no puede haber libertad sin límites y dio un ejemplo automovilístico. "Si yo me compré un Camarro y manejé a 140 kilómetros y voy atropellando a niños y a personas, debo ser castigado", explicó. "Las leyes -dijo- están para poner límites".

Desde la comisión parlamentaria -aclararon ayer a Clarín- que no existía consenso sobre la propuesta original, pero que el debate seguiría. La diputada Desirée Santos había explicado antes que "debe haber libertad de expresión, pero deben aplicarse con entereza las leyes que existen, para evitar abusos y caer en hechos contrarios a las leyes, e incurrir en el terrorismo mediático".

"Basta de medios que son partidos políticos", le decía a Clarín un simpatizante del gobierno. Era mediodía y en el centro de Caracas era difícil avanzar.

En Tribunales un grupo de activista esperaba que llegara Lina Ron, acusada por atacar la cadena de televisión Globovisión mientras pedían por su libertad. A media hora de tránsito lento un grupo opositor fundaba "La radio es mía" que unía a periodistas y oyentes para protestar contra el cierre de las radios. Antes, una marcha por la misma causa había causado una congestión.

En medio de la gran confusión sobre cuál sería el destino de la ley contra delitos mediáticos, el especialista Carlos Correa -de la ONG Espacio Público-, intentaba explicar el ida y vuelta del oficialismo. "El proyecto original es muy amplio y hasta podría penar a quienes opinaran en contra en redes sociales o mensajes de texto. El texto original es muy vago. Y esa presentación ya tuvo un impacto porque se dejó en claro la voluntad del gobierno de penalizar la libertad de expresión aunque no lo haga masivamente. Entonces -aun sin ley-, la gente puede temer expresarse e inhibirse de opinar libremente".

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