La nueva ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, a través de una resolución publicada en las últimas horas en el Boletín Oficial revocó la entrega de los hoteles 7 y 8 de Chapadmalal a Gendarmería Nacional, por lo que se descarta la creación del Centro de Formación de Gendarmes que había anunciado Patricia Bullrich  y volverán a ser administrados por la Secretaría de Gobierno de Turismo.

La resolución se enmarca en una serie de medidas donde también fueron derogadas parte de los aspectos centrales de la denominada “doctrina Chocobar” en torno al accionar de las fuerzas de seguridad nacionales.

Frederic menciona como argumento para la derogación la función social y turística para lo cual fueron creados los hoteles, pero además, señala la “inoportunidad y la inconveniencia” de una medida que fue anunciada sin tener en cuenta el plazo por ley de 60 días que tenía para expedirse la Comisión de Monumentos Históricos, que tiene bajo su amparo los edificios.

“El Comité Ejecutivo consideró que la decisión sobre el cambio de afectación y uso deben discutirse centrándose en el análisis del fondo del asunto, para evaluar así el posible impacto sobre los valores patrimoniales que justificaran la protección del bien, hecho lo cual emitirá su opinión”, indica el decreto.

Uno de los puntos clave, no obstante, es el sentido rechazo social que provocó la medida, entre vecinos de Chapadamalal, organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos.  “La medida constituye una afrenta a la conservación colectiva de un “ícono social” asociado al derecho del disfrute turístico de los sectores asalariados y postergados; que socaba las deterioradas políticas de turismo social y contradice los valores de ese lugar emblemático de la cultura popular y la política argentina; y que simboliza un retroceso absoluto en materia de conquistas sociales y derechos humanos”.

De todas maneras, cabe señalar que no descartó la instalación del Centro de Formación en otro espacio de la ciudad. Frederic sostiene que se debe “asegurar el emplazamiento de la iniciativa en lugares que no susciten un rechazo de la sociedad por afectar un monumento histórico nacional vinculado a la memoria viviente de políticas sociales inclusivas; y por limitar las instalaciones del Complejo disponibles todavía para el acceso de sectores vulnerables al disfrute turístico y recreativo”.