El Chaco, zona liberada para agroquímicos que provocan malformaciones en bebés

El Chaco es uno de los distritos en los que no se hace ningún tipo de control sobre el uso de agroquímicos en producción agrícolas, ni tampoco un seguimiento médico que permita dimensionar los daños que ello provoca en los pobladores rurales, entre quienes se gestan bebés con graves malformaciones.
Así lo plantea un documento difundido por el Centro de Estudios Nelson Mandela, que sostiene que la provincia es una zona liberada para la aplicación incontrolada de agroquímicos, acción que incrementa la rentabilidad de los emprendimientos a costa de la salud y la vida de una cantidad imprecisa de seres humanos.

Un drama oculto

El informe se basa en buena medida en el trabajo realizado por el doctor Hugo Gómez Demaio, jefe de cirugía infantil del Hospital Provincial de Pediatría de Misiones, quien es el director del Proyecto Uso de Agrotóxicos y Malformaciones Congénitas Humanas. Desde el año 1987, Gómez Demaio y su equipo trabajan en el tema, específicamente en las malformaciones humanas derivadas del uso de plaguicidas y fertilizantes. Concentraron la atención en los lugares en que habían sido gestados los niños que presentaban malformaciones del cierre del tubo neuronal.

La falla en el cierre del tubo neuronal significa que la columna vertebral queda abierta, y la médula queda expuesta. Los niños que arrastran esta enfermedad nacen con parálisis en miembros inferiores, vejiga y aparato defecatorio, por lo que no tienen control fecal ni urinario. Otros adolecen de fallas en el desarrollo del sistema nervioso central craneal, total o parcial. Los que acarrean anancefalia total, generalmente fallecen.

“El equipo médico comprobó que los niños nacidos con malformaciones del cierre del tubo neuronal habían sido gestados en zonas en donde masivamente se utilizaban agroquímicos. Estudiaron los mielomeningoceles (falla del cierre del tubo neuronal) y se encontraron con la punta del iceberg; debajo, tropezaron con una masa desconocida de patologías que luego comenzaron a estudiar. La genotoxicidad, que significa la intoxicación crónica por el uso de agroquímicos, provoca modificaciones o mutaciones del genoma humano. Este es un dato relevante y esencial para la salud pública; a pesar de ello, los gobiernos miran para otro lado y los funcionarios responsables se hacen los distraídos”, dice el informe que firma el abogado Rolando Núñez, coordinador del Centro Mandela.

El documento dice que entre las patologías que encontró el equipo médico, la más repetida fue la teratogénesis, que significa el desarrollo fetal anormal en el propio útero materno, producto de las modificaciones o mutaciones genéticas derivadas de la exposición a los agroquímicos. “Esto explica los nacimientos de niños con las malformaciones halladas”, afirma.

Luego agrega que los médicos “también se encontraron con niños enfermos de cáncer, con especial predominancia de leucemias, y con metástasis de cánceres en niveles superiores a los previsibles para la provincia de Misiones. Concluyeron que estas patologías fueron la derivación directa de la toxicidad aguda contraída como consecuencia de la gran exposición de la población al uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos en la actividad agropecuaria”.

Las responsabilidades

Al delimitar quiénes deben hacerse cargo de esa situación descripta, la ONG plantea que “en primer término está la responsabilidad directa de aquellos que provocan el riesgo o el daño sanitario, social y ambiental, que son los grandes productores agropecuarios que utilizan los agroquímicos, con mayor o menor negligencia e irresponsabilidad. Pero debemos hacer hincapié en los gobiernos, específicamente en las estructuras de los estados municipales, provinciales y nacional, dado que deberían articular sus funcionamientos para regular y controlar el uso de los agroquímicos”.

También señala que el país debe establecer una legislación regulatoria adecuada, que entre otras cosas permita “modificar la matriz de producción primaria para recuperar soberanía y seguridad alimentaria, dejando de lado la producción industrialista de forraje transgénico en chacras y regiones altamente contaminadas”.

Además menciona que “son notables las defecciones de los municipios y del Estado provincial en la tarea de llevar adelante sus funciones de control y de sanción. El caso paradigmático es el de la Dirección de Sanidad Vegetal, que es la autoridad administrativa a cuyo cargo ha quedado la aplicación de la ley de biocidas en nuestra provincia. Este organismo no controla absolutamente nada; permanece ausente en casi toda su estructura, o directamente está cooptado o burocratizado, de tal modo que incumple, de punta a punta, con el rol que el ordenamiento legal le asignó. Es el colmo del incumplimiento estatal; mientras tanto, se usan agroquímicos en forma masiva y sin ningún tipo de control, lo que permite afirmar que el Chaco es un territorio off-shore, libre de controles, y una invitación abierta para desarrollar actividades en donde el empresario hace lo que quiere y lo que más le convenga, sin importar que afecte la salud pública y la biodiversidad ambiental”.

Detrás, un jefe conocido

“Compone el cuadro de descontrol estatal el pésimo funcionamiento de las subsecretarias de recursos naturales y de medio ambiente, especialmente las direcciones de bosques y de suelos. Estos organismos actúan bajo signos inequívocos de burocracia y corrupción, de manera que, en forma directa o indirecta, facilitan o auspician los desmontes y aprovechamientos forestales masivos, como también autorizan la realización de actividades productivas en suelos inapropiados, sometidos a severas restricciones o limitaciones de usos por su frágil composición, lo cual garantiza la continuidad de la degradación del ambiente y de la biodiversidad”, agrega el Centro Mandela.

Tampoco omite a “los profesionales y técnicos vinculados con las actividades productivas, que se desempeñan como empleados o funcionarios del Estado o directamente en la privada. Están estratégicamente distribuidos, de tal modo que garantizan la rapidez y éxito de los trámites administrativos, desde la obtención de autorizaciones o permisos, hasta el no pago de multas por infracciones; de esta manera continúan los desmontes, los aprovechamientos forestales y las habilitaciones de campos para la agricultura. Los permisos forestales son analizados por los mismos técnicos involucrados con los intereses privados”, denuncia.

A esto suma que “no existen controles, salvo algunos que son desordenados y excepcionales. El desorden administrativo es formidable y absolutamente funcional a los intereses de los que se quedan o depredan los recursos naturales. Algunos estudios de impacto ambiental se han realizado con la anuencia de los funcionarios públicos que intervienen en los procesos de evaluación. Da la sensación de que estamos frente a una verdadera organización dedicada a tal fin, con un solo jefe, bastamente conocido en la provincia, con una larga vigencia en estos menesteres”.

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