Fiscales chaqueños pidieron la imputación por sedición de casi un centenar de policías y agentes penitenciarios involucrados en el acuartelamiento de diciembre, que derivaron en saqueos y dos muertes en la provincia. Como agravante, los funcionarios agregaron la violación a la Ley Antiterrorista, ya que consideraron que los delitos se cometieron "con miras a causar terror a la población". Además, en Entre Ríos, la fiscalía reclamará la prisión preventiva para 18 funcionarios policiales de la localidad de Concordia.

Un equipo de fiscales de Chaco presentó el martes el requerimiento de instrucción ante el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, por "sedición e incitación a la violencia colectiva", durante el paro policial que provocó robos y saqueos, en medio de los cuales hubo dos muertos.

El pedido de imputación abarcó a 100 personas, entre ellas a miembros de la policía provincial, como el comisario Juan Ramón Cantero, uno de los líderes del acuartelamiento en la localidad de Sáenz Peña. La acusación también incluye a 49 efectivos del Servicio Penitenciario provincial y algunos civiles como los abogados Elena Irrazabal, esposa de Cantero, y Martín D'Alessandro, ambos vinculados al grupo de efectivos acuartelados y con una participación activa los días de las protestas.

El requerimiento fue firmados por cuatro fiscales chaqueños: Patricio Sabadini (fiscal Federal de Resistencia), Carlos Sansserri (fiscal de la localidad de Sáenz Peña), Carlos Amada (fiscal general Subrogante ante la Cámara Federal) y Federico Carniel (fiscal general ante el Tribunal Oral Federal).

Tras dos meses de investigación, los funcionarios pidieron la imputación de este centenar de de personas. También pidieron al juez Skidelsky que los cite a declaración indagatoria y que libre un oficio a empresas de celulares para conocer las llamadas y mensajes entrantes y salientes.

Entre sus argumentos, los funcionarios pidieron distinguir los saqueos de diciembre pasado de los de 2001, durante una crisis económico/política. Explicaron que los hechos de fines de 2013 tuvieron como finalidad "atentar contra el orden constitucional o arrancar una medida".

Consideraron además que las fuerzas de seguridad tuvieron como finalidad "aterrorizar a la población", por lo que agregaron como agravante la violación a la Ley Antiterrorista. Esa norma establece que "cuando alguno de los delitos hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse, la escala se incrementará en el doble del mínimo y máximo".

Para eso, los fiscales tuvieron en cuenta que los policías chaqueños no solo estaban al tanto de la crisis policial que se había desatado en otros sectores del país sino que circularon mensajes fomentando una medida de fuerza ante el aumento logrado por la Policía de Córdoba.

El requerimiento señala que los acusados "no solo conocían las consecuencias que podría traer aparejado una decisión de tal magnitud, sino que actuaron con tal finalidad", y se preguntaron: "¿Qué mejor que un pueblo atemorizado por los saqueos o de un enfrentamiento de todos contra todos, como herramienta de presión a los poderes gubernamentales para arrancar una medida, en este caso un incremento salarial?"

El pedido de los fiscales chaqueños se suma a una similar en Santa Fe, por la que pidieron la imputación de seis efectivos, y en Entre Ríos, donde el fiscal Jorge García pedirá la prisión preventiva de 18 agentes de Concordia que se acuartelaron.

García, Procurador general del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, adelantó que pedirá la detención por sedición agravada, privación ilegitima de la libertad, daños calificados de bienes públicos, encubrimiento y lesiones graves. «