Sin certezas sobre la distribución de gastos

La Legislatura aprobó un proyecto de presupuesto que no detalla la distribución de créditos por partidas para el ejercicio del próximo año. Para salvar esta particular circunstancia, se autorizó a los tres poderes del Estado y los órganos de control a realizar esa afectación en un plazo de 30 días. Para encontrar en la historia de la Provincia una situación que pueda ser asimilada a ésta, hay que remontarse a la sanción de la denominada "maldita 460".
El tratamiento dado en sesión al proyecto de presupuesto para el año entrante por parte de la Legislatura sigue deparando sorpresas, ya que aprobó un presupuesto sin detalle alguno sobre la distribuirán de los créditos asignados a cada unidad ejecutora del gasto. Es decir, en concreto, no hay precisión alguna sobre de qué manera se van a gastar, o invertir, durante 2010 los 2879 millones de pesos que se previó va a erogar el Estado fueguino a partir del 1 de enero próximo. Ello por cuanto la norma sancionada el pasados lunes 28 de diciembre –el día de los inocentes– carece de los anexos que reflejan cuántos recursos se asignan a cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada poder y organismo estatal.

Para salvar esta particular circunstancia, los parlamentarios autorizaron a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a la Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas "a distribuir los créditos presupuestarios aprobados" para cada una de esas dependencias, las que deberán remitir esa información al Poder Ejecutivo en "un plazo no mayor a 30 días" para que este consolide el presupuesto provincial y lo "remita" a la Legislatura "para su conocimiento".

En función de ello, hoy por hoy no hay certeza alguna de la forma en que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo distribuirá entre los Ministerios y Secretarías de Estado los 2200 millones de pesos que conforman su presupuesto de gastos, que contempla erogaciones corrientes por 1837 millones de pesos y erogaciones de capital por 363,2 millones de pesos. Igual panorama se presenta en cuanto a los 55,5 millones presupuestados para la Legislatura; los 102 millones del Poder Judicial; los 16,4 del Tribunal de Cuentas o los 3,4 millones de pesos de Fiscalía de Estado. Máxime teniendo en cuenta que el proyecto sancionado modificó los montos asignados a estos estamentos del estado en el proyecto que originalmente presentó la gestión Ríos a la Legislatura el pasado 31 de agosto.

El tema no es menor, ni se trata de un simple formalismo, ya que el artículo 87 de la Constitución determina: "El Presupuesto General de la Provincia que se establecerá por ley antes del inicio del año durante el cual se aplicará, será la base a que deberá ajustarse la Administración Provincial. Contendrá los ingresos y gastos (…) acompañado por un detalle de las actividades y programas que se desarrollarán en cada unidad de organización presupuestaria".

Esta decisión puede entenderse únicamente en la imposibilidad práctica de parte del Parlamento de disponer por sí, por ejemplo, cómo aplicar partida por partida la reducción de 32 millones de pesos en el presupuesto de la Justicia; o la de 8 millones dispuesta sobre el del Tribunal de Cuentas.

Una situación más compleja se presentaría aún en el caso de los organismos descentralizados, ya que no se autorizó a estos a distribuir los créditos totales autorizados para cada uno de ellos, que alcanzan los 501 millones de pesos.

Para encontrar en la historia de la Provincia una situación que pueda ser asimilada a ésta, hay que remontarse al 15 diciembre de 1999, cuando la Legislatura sancionó el presupuesto para el año 2000, ley que pasó a la posteridad como la "maldita 460". En aquella oportunidad, los parlamentarios también aprobaron únicamente el articulado de la norma presupuestaria, claro que con el agravante de que lo hicieron a libro cerrado.

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