Cerroni pasará al Tribunal de Cuentas cuando deje Hacienda.

El actual ministro es empleado del área y había pedido su pase al organismo de control durante el gobierno radical. Fue autorizado por un decreto firmado por Jaque y Migliozzi.
Aunque es habitual el movimiento de contadores que ingresan o egresan de la planta de personal profesional del Tribunal de Cuentas, es la primera vez en muchos años que se puede sumar alguien con experiencia de ministro de Hacienda.

Esto ocurrirá cuando Adrián Cerroni deje su cargo actual de máximo responsable de los números de la Provincia, por un recambio de gabinete o, si nunca lo remplazan, cuando Celso Jaque termine su mandato.

Por el decreto 2.923/08, que lleva las firmas de Jaque y el ministro de Producción, Guillermo Migliozzi, el Ejecutivo dispuso la transferencia desde Hacienda hasta el Tribunal de Cuentas del cargo clase 13 que Cerroni retiene "por mayor función" desde que asumió como ministro.

El traslado tomó estado público (en el diario El Sol) a raíz de los cuestionamientos del diputado radical Daniel Vilches, quien consideró "antiético" ese traslado porque le permitiría -dijo- "controlar sus propios actos" y adelantó que solicitará al Ejecutivo que "anule el traslado".

Por su parte, Cerroni negó que vaya a poder controlarse a sí mismo "porque el Tribunal de Cuentas tiene muchísimas áreas" en las que se puede trabajar sin que existan incompatibilidades. Y destacó que este traslado se viene intentando "a pedido del Tribunal de Cuentas" desde hace cuatro años, mucho antes de su asunción como ministro y cuando el Gobierno era manejado por el radicalismo.

En el Tribunal de Cuentas se subrayó que "la ley permite hacer reserva del cargo por mayor función y autoriza los traslados" y -si bien no hubo confirmación expresa de que el traspaso fuera a pedido del órgano de control- se destacó que "es frecuente que los profesionales se excusen por ser familiares de funcionarios controlados o ex funcionarios, buscando la mayor transparencia en los controles".

Son cuatro las áreas que el organismo controla y para las cuales existen equipos distintos de profesionales: Gobierno (administración central), Municipalidades, Descentralizados Uno (hospitales, OSEP) y Descentralizados Dos (empresas públicas, Vialidad, Zoológico). Todo indica que, al momento de recalar en el Tribunal de Cuentas, Cerroni no podrá hacer tareas de control sobre las áreas Gobierno ni Descentralizados Uno y Dos, y se verá limitado a controlar parcialmente municipios.

Aquí tampoco podrá hacerlo sobre las comunas oficialistas (diez sobre dieciocho) por lo que su tarea únicamente podrá apuntar a las ocho comunas opositoras, siempre y cuando éstas no se quejen y lo recusen por su militancia partidaria.

Mediante mecanismos del sorteo de los profesionales y de excusación, el Tribunal de Cuentas busca combatir los posibles favoritismos a la hora de los controles.

El Tribunal de Cuentas es un organismo que tiene una planta de personal de 234 empleados, de los cuales más de la mitad (127) son profesionales contadores o abogados. Es un ámbito de especialización en tareas de control por lo que sus miembros suelen ser requeridos en otros ámbitos de la administración o en otras actividades, lo que genera movimientos de ingresos y egresos y reservas de cargo.

En ese sentido, dos de los casos más conocidos públicamente son los del actual subsecretario de Hacienda, Mario Granados, y la diputada nacional radical Silvia Lemos, ambos vinculados laboralmente con el Tribunal pero en funciones políticas.

Igualmente, existen contadores que llegan a cumplir funciones en el Tribunal luego de haber sido asesores, directores o subsecretarios en áreas de Hacienda del Estado provincial o los municipios, lo que activa las excusaciones o recusaciones.

El Tribunal está facultado para llevar a cabo juicios administrativos y dictar fallos que establezcan multas y "cargos" (devolución de importes no rendidos). Un contador revisa los números de un organismo que presenta una rendición.

Esta genera un informe contable con observaciones que es elevado a un abogado del organismo para que emita una preopinión. La resolución final la adoptará uno de los cuatro vocales del Tribunal, designado por sorteo. En todos los casos existe la excusación para no intervenir en revisiones de organismos con los cuales exista alguna vinculación personal pasada o presente.

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