Cerrar el cerco para evitar la fuga de capitales

Los agentes financieros de la city sólo podrán concretar operaciones con países que entreguen información de la contraparte. Así quedan afuera los paraísos y las plazas similares a una offshore, entre las que se incluye a Uruguay.
Las sociedades de bolsa, compañías que administran fondos comunes de inversión y fideicomisos no podrán operar con plazas financieras consideradas paraísos fiscales. Esos mercados están incluidos en un listado que suman unos cuarenta, entre los que se destacan Uruguay, Islas Caimán y Suiza. El Gobierno decidió poner esa restricción para tratar de cerrar una vía de fuga de capitales sospechados de empresas y particulares. El Banco Central también ha empezado a estudiar la posibilidad de instrumentar una iniciativa similar para las entidades financieras. El giro de fondos a esas plazas del exterior está sospechado de violar la ley penal cambiaria, de evasión en el pago de impuestos eludiendo la fiscalización de la AFIP, y también de un eventual lavado de capitales. Esa medida, que probablemente despertará la resistencia de los protagonistas del mercado bursátil, está en línea con la recomendación general del G-20, en su encuentro en Londres, de limitar el accionar de los centros offshore. La cumbre de los líderes de las potencias mundiales junto a presidentes de países considerados emergentes, entre ellos Argentina, exigió a algunos países la colaboración para transparentar sus normas de aceptación de capitales del exterior, además de reclamar mayor cooperación para intercambiar información de cuentas dudosas.

Una de las transacciones más usuales en el mercado financiero local para girar fondos al exterior evitando los organismos de control es la denominada "contado con liqui". La operación se instrumenta de la siguiente manera:

- Inversores compran con pesos acciones de una empresa extranjera en el país o un bono que cotiza en el exterior, por ejemplo Discount.

- Esos papeles los venden rápidamente en el exterior a través de una sociedad de bolsa.

- De esa forma, el resultado de esa venta en dólares queda depositado en el exterior.

Desde el año pasado, la Comisión Nacional de Valores impulsó el control de esas operaciones, tarea a la que luego se sumó el Banco Central. Ambos organismos de control del mercado bursátil y financiero dispusieron que los inversores que compran acciones o bonos deban mantenerlos al menos tres días antes de poder revenderlos. De esa forma, se introdujo un factor de incertidumbre sobre el precio del activo para desalentar las operaciones. Se buscó evitar la transacción simultánea, es decir, la concreción de la compraventa de acciones y títulos en el mismo día que derivaba en la sospecha de que se trataba de fuga de capitales. Esa medida junto a la disminución del cupo diario de 600 mil a 100 mil dólares, sin excederse del tope mensual de dos millones, permitido para girar dólares al exterior, provocó la disminución del "contado con liqui" en un 80 por ciento entre el cuarto trimestre del año pasado y el primero de éste. Pero todavía quedan atajos para continuar con transferencias de dólares al exterior que despiertan desconfianza sobre su origen.

En operativos de control realizados en conjunto por la CNV, BCRA y AFIP se detectaron transacciones que involucraban a los propios agentes bursátiles. Es decir, que esos giros no era para clientes o terceros, sino que se trataba de una fuga de capitales de compañías que operan en la plaza bursátil local violando la normativa vigente. En esos casos, ya se dispusieron medidas y se presentaron las actuaciones a la Justicia. Desde mediados del año pasado, cada quince días, técnicos de esas tres dependencias públicas se encuentran para analizar normativas para evitar la fuga de capitales.

En varias opacas transacciones de agentes bursátiles no se pudo avanzar en la investigación porque la contraparte se encontraba en plazas financieras que no revelan el nombre del cliente sospechado, que funcionarios del Gobierno suponen que es uno solo: el que manda y recibe los dólares. Por ejemplo, muchas de esas operaciones se concretaron con Uruguay a través de Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), que en el ambiente empresario se sabe que se trata de sellos de goma para canalizar negocios lejos del control de organismos públicos. Un grupo de inspectores de la CNV se trasladó a Montevideo para solicitar al Registro Público de Comercio de ese país información sobre la titularidad de cuentas bajo sospecha. La respuesta uruguaya fue negativa.

Después de estudiar diferentes alternativas, en el Gobierno decidieron que la forma de limitar ese canal de fuga es con una resolución general, sin mencionar en particular al mercado uruguayo. Así, la norma, que se publicará en estos días en el Boletín Oficial, dispondrá que los agentes bursátiles sólo podrán concretar operaciones con países que entreguen información de la contraparte, es decir que quedan fuera los paraísos fiscales o plazas con condiciones similares a una offshore, como Uruguay. Uno de los considerando se refiere a que de esa forma se cumple con una de las normas de combate del lavado de dinero que reza que las entidades "deben conocer a su cliente". En forma precisa se señalará que solo se podrán dar curso a operaciones con activos en oferta pública cuando éstas sean efectuadas por sujetos domiciliarios en Estados que no estén incluidos en el decreto 1344/98 que reglamenta el Impuesto a las Ganancias, publicado en la página web de la Unidad de Información Financiera (UIF). Así quedan involucradas 40 plazas, entre ellas la de Uruguay. Esa resolución de la CNV modificará el capítulo de las normas de prevención sobre lavado de dinero.

De todos modos, el cerco todavía no estaría firme si el Banco Central no instrumentara una iniciativa similar con las entidades financieras, línea de trabajo en la que está avanzada la autoridad monetaria. La clausura del camino hacia offshore para los agentes de bolsa podría ser eludida triangulando el giro de capitales a través de bancos, aunque implicaría un costo adicional en concepto de comisiones. Por ese motivo, en el Central están estudiando sumar a los bancos en la restricción de operar con paraísos fiscales. Otra medida que actuaría como un fuerte disuasivo para frenar la fuga sería disminuir el monto de dos millones de dólares mensuales autorizados a compras y giro al exterior de divisas por parte de bancos y agentes bursátiles. Por ahora esa iniciativa fue descartada por el Gobierno

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