Ayer a la madrugada la policía rodeó una manzana completa entre Brown y Gingins, con la certeza de que encontrarían en el lugar a Alexander Díaz y Brian Torres, internos del Penal III que se fugaron el sábado a las 14,30 por la puerta principal, aprovechando el acostumbrado descuido del personal del Servicio Penitenciario Provincial, entretenido con una pelea en la que resultó apuñalado Fabio Bonefoi.

 

Personal de varias unidades concurrió al Alto en apoyo a los investigadores del SPP, que en función de datos de residencia de las visitas a Díaz y Torres, y percepción de movimientos desacostumbrados en ese sector, estaba convencido de la presencia de los prófugos.

Sin embargo, luego de rastrillar la manzana con gran cantidad de efectivos, dieron por perdidos a los prófugos, que según datos de los vecinos estaban juntos y habrían alcanzado a escapar justo antes del cerco policial.

Los protagonistas de esta nueva fuga del Penal III son delincuentes pesados. Díaz asesinó al sargento Luciano Churruarín en Onelli en 2013, y Torres estaba preso por asalto a mano armada.

La distracción del personal penitenciario ocurrió por un ajuste de cuentas interno del Penal III, en el que resultó apuñalado Bonefoi, quien purga una condena unificada también por asalto a mano armada a un hotel y una vivienda en Villa Mascardi.

Sin embargo, más allá del comportamiento de los presos, el SPP tiene serios problemas de funcionamiento, en base a la fuerte sindicalización del sector, que colisiona con el manejo verticalista que demanda la tarea de control y cuidado de este tipo de establecimientos.

Además, la capacitación es escasa y el Penal III tiene una población de reos estable superior a su capacidad, lo que frecuentemente es materia de amparos judiciales y sanciones judiciales. Sin embargo, los jueces tampoco se hacen cargo de sus responsabilidades y se desentienden una vez que el delincuente va al penal. De hecho, muchos presos peligrosos cumplen condiciones de detención irregulares.

Uno de ellos, el juez de Instrucción Penal Martín Lozada –quien fue designado como fiscal de Cámara y pronto dejará el cargo de magistrado-, es uno de los más duros con el Ejecutivo provincial por este tema, fue quien comandó el sábado a la noche el operativo frustrado.

Además, las malas condiciones edilicias y el escaso espacio del Penal III, siguen esperando una necesaria inversión.