Centro de Jubilados de YPF defiende su sede

Ex trabajadores denuncian irregularidades en la transacción.
El pasado jueves el presidente del Centro de Jubilados de YPF Exploración Zona II, Miguel Angel Isas, recibió un mandamiento de desalojo de la sede de la institución en General Güemes 883.

El oficio, de 14 hojas, remite a un expediente que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Décima Nominación y que fue iniciado en representación de miembros de una familia, de apellido Cuéllar Murillo, a cuyo nombre figura hoy la propiedad que defienden los jubilados "ypefianos".

El edificio en cuestión fue adquirido con aportes de ex trabajadores de YPF, antes de que la compañía estatal fuese privatizada, y el año pasado el gremio del sector vendió el inmueble en condiciones que Isas y otros jubilados cuestionan en duros términos. "La demanda que inició el doctor Tomás Chibán, abogado de la familia Cuéllar Murillo, resulta a nuestro entender nula", sostuvo el presidente del Centro de Jubilados, quien reseñó que "empieza relatando que la propiedad de General Güemes 883 fue vendida por el Sindicato el 1 de diciembre de 2008 en la irrisoria suma de $210.000 y que estaba ocupada por personas que carecían de derecho alguno".

Al respecto, el titular del Centro sostuvo que "nada puede ser más nulo que ese planteo, ya que los legítimos dueños de todo el patrimonio del Sindicato fueron siempre los trabajadores que, con la cuota sindical, compraron casas, hoteles, edificios, terrenos y vehículos que el secretario nacional debía administrar. Todos estos bienes fueron adquiridos con el sudor de cientos de miles de afiliados aportantes, y en nuestro caso aportábamos más", reseñó Isas.

"Mal pueden manifestar que somos personas que carecemos de derecho cuando somos legítimos dueños de nuestra sede, la que fue vendida en condiciones fraudulentas", agregó. En tal sentido, los jubilados del área norteña de exploración de YPF vienen afirmando desde hace algunos meses que la operación por la sede de su centro "violó la ley 23.551 de asociaciones sindicales, ya que para vender hay que hacer una asamblea en donde conste por qué se vende y el destino de los fondos".

Un gremio con serias denuncias

"Estos señores venden con total impunidad el patrimonio del SUPE, que fue muy grande, como la empresa YPF misma. Antonio Cassia, el secretario general, tiene dos causas, una de ellas por asociación ilícita, en el juzgado del doctor Sergio Torres, por el cobro de unos 220 millones de dólares. Allí el señor Cuéllar era el secretario de Actas del SUPE", manifestó Isas.

"Ahora están a punto de sacarnos nuestro único bien, pero vamos a resistir de modo pacífico, pero con absoluta firmeza, porque ésta es una tremenda injusticia. Por dirigentes como Cassia miles de trabajadores de YPF quedaron sin trabajo y nosotros no vamos a permitir que nos roben también nuestros sueños", acotó Isas.

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