Celso Jaque rebajó penas a 7 homicidas y a 18 delincuentes más

Fue por decreto, luego de haberle declarado la guerra a la delincuencia en la presentación del Acuerdo Social por la Seguridad. Lo informó a la Legislatura ahora. Las mermas van de 3 meses a 3 años.
Siete homicidas y otros 18 presos con causas pesadas fueron beneficiados con mermas de tres meses a tres años de pena de cárcel resueltas por el gobernador Celso Jaque. Además de los homicidas, se beneficiaron condenados por robo agravado, secuestro extorsivo, falsificación de documentos y fugas de la cárcel.

La información trascendió ahora merced a la contestación a un pedido de informes promovido por el peronista disidente Daniel Cassia pero la firma del decreto pertinente se produjo un mes después de que el mandatario pusiera en escena el Acuerdo Social por la Seguridad de los Mendocinos.

El 29 de agosto de 2008, con el rostro compungido y frente a las cámaras que transmitían en vivo el acto en la Casa de Gobierno, Jaque advirtió: "Los delincuentes y sus cómplices son nuestros enemigos". Pero el 1 de octubre benefició a 25 delincuentes condenados con conmutaciones de penas, una potestad que la Constitución de Mendoza le da al primer mandatario.

"Es una contradicción flagrante del discurso público del gobierno", consideró Cassia con la respuesta a su pedido de informes en mano. El Ejecutivo dio cuenta a la Legislatura de los 25 presos que recibieron condonación de pena, aunque no precisó los antecedentes que llevaron a estos reos a prisión.

Una pesquisa particular del diputado Cassia arrojó que al menos siete de los 25 beneficiados tienen en sus espaldas condenas por homicidio. La merma más importante fue para una mujer sobre la que pesaban 25 años de reclusión por la comisión del delito de homicidio agravado. Tras el decreto de Jaque, esa pena diminuyó a 22 años de prisión.

Otros cuatro homicidas condenados recibieron una merma de seis meses en sus condenas. Y dos asesinos se beneficiaron con una rebaja de tres meses respecto a las penas establecidas en juicio oral y público en los tribunales provinciales.

Otro preso que pasará menos tiempo en prisión de lo que le adjudicó la Justicia cayó por tres delitos muy pesados: robo agravado, estafa y secuestro extorsivo. Jaque lo benefició condonándole seis meses de la pena total.

El decreto de Jaque es legal, más allá de la contradicción que presenta con el duro discurso contra la delincuencia planteado por el gobernador en plena crisis generada por el homicidio del empleado de comercio Roque Giménez. El artículo 128 de la Constitución provincial faculta al gobernador a condonar penas a condenados por la Justicia.

Basado en esta potestad, Jaque otorgó los beneficios a los 25 condenados a través del decreto 2.674. No pesó en contra de esa decisión, tomada en respuesta a pedido de los reos detenidos, el duro discurso pronunciado un mes antes de firmar el decreto.

"No pretendo avasallar las facultades de los otros poderes ni invadir su competencia. Pero la sociedad nos está pidiendo una respuesta urgente y no permitiremos que nuestra falta de coordinación beneficie a la delincuencia", había dicho el 29 de agosto en una crítica a la Legislatura y la Justicia.

Por esos días, los presos que entran por una puerta y salen por la otra como consecuencia de la acción judicial y la debilidad de la ley de excarcelaciones eran dos caballitos de batalla del Ejecutivo contra los otros dos poderes del Estado, a quienes corresponsabilizaba por la inseguridad reinante en la provincia.

Uno de los "premiados" acribilló a un barrendero

Por acribillar a balazos a un humilde barrendero para robarle la bicicleta está preso Diego Antonio Lucero Saavedra, uno de los 25 beneficiados por el decreto de rebaja de condenas firmado por el gobernador Celso Jaque.

El detenido tiene 28 años y fue condenado en 2004 por la Segunda Cámara del Crimen de Mendoza a 12 años de prisión. Jaque le perdonó seis meses de esa pena mediante un decreto firmado el 1 de octubre. Lucero fue condenado por ser considerado autor del homicidio de Darío Antonio Videla, de 30 años, ocurrido el 2 de julio de 2002.

La víctima, padre de tres hijos pequeños al momento de su asesinato, vivía en el barrio Flores Sur de la Capital. En la calle Costa de ese conglomerado sufrió el ataque mortal.

Videla sostenía a su familia con un empleo de barrendero en la Municipalidad de Las Heras pero tres delincuentes acabaron con su vida para robarle la bicicleta en la que se trasladaba hasta un taller mecánico cercano a su casa.

Lucero fue uno de los delincuentes que asesinaron a Videla, según la Justicia. El deceso del barrendero se produjo en el hospital Lagomaggiore, adonde llegó con varias heridas de bala a las que no pudo sobreponerse.

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