Cazabán culpa a la Corte por demorar la reforma judicial

Al cumplirse una década desde que el poder de los comisarios pasó a manos de civiles, el primer ministro de Seguridad y actual funcionario de Jaque les pegó a la Corte, al procurador y a Cobos.
Hoy se cumple una década de una jornada crucial para la historia de Mendoza en materia de seguridad. Es que el 28 de diciembre de 1998 se anunció la reforma policial más importante de la provincia. Quien es considerado su gestor, el actual secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, hizo un balance positivo de ese proceso y remarcó que la deuda pendiente es la instrumentación del Código Procesal Penal en toda la provincia, ya que apenas alcanza el 50%. Para él, los únicos responsables son los miembros de la Suprema Corte y en particular el procurador y jefe de fiscales, Rodolfo González, por “falta de decisión política y no de presupuesto”.

La promulgación de la reforma aseguró que el mando de la policía quedara en manos de un civil: el propio Cazabán. Otra de sus consecuencias directas fueron el retiro o bien la baja de 190 policías, la mayoría expulsados.

Los cambios quedaron institucionalizados con la sanción unánime de las leyes elaboradas por los tres partidos mayoritarios en reacción a la rebelión de la fuerza que tuvo en vilo a Mendoza entre el 19 y el 22 de octubre de 1998, tras la muerte del agente Héctor Castillo (ver cronología).

En diálogo con UNO, Cazabán se lamentó ayer de que luego de diez años aún no se haya terminado la reforma judicial. “Esto se debe a falta de voluntad política de la Corte y especialmente del procurador. No es que hayan faltado recursos. Si se analiza el presupuesto actual, uno se dará cuenta de que está subejecutado”, apuntó.

Al referirse a la actitud asumida por los gobernadores radicales en cuanto a la continuidad de los principios básicos planteados durante la gestión lafallista, el funcionario hizo una diferencia tajante entre las dos administraciones anteriores: “Valoro a (Roberto) Iglesias por su apoyo al entonces ministro de Seguridad, Leopoldo Orquín, pero donde hubo demasiadas marchas y contramarchas fue en la gestión de (Julio) Cobos. En estos temas no se puede actuar por intuición como decía él. Le critico que dejó de lado el diálogo político en lugar de profundizar las cosas que se habían logrado. Se perdieron cuatro años en desprestigiar al Poder Judicial”.

Como contrapartida, puso de ejemplo el Acuerdo Social lanzado por el gobernador Celso Jaque, quien apunta a retomar ese diálogo perdido.

Un contexto social complicado

Cazabán remarcó tres puntos básicos a la hora de evaluar los resultados de la reforma en materia de seguridad frente al escenario complejo que se vivió en aquella época: explosión de los índices delictuales y descontrol e indisciplina de la cúpula policial que derivó en la revuelta de octubre del ’98.

El primero, que el poder civil asumió el control de todo el aparato policial. El segundo, que se mantuvieron los organismos que fiscalizan el funcionamiento interno de la fuerza, como la Inspección General de Seguridad. Y por último, la permanencia del Instituto de Seguridad Pública como espacio de formación y capacitación, “independientemente de la necesidad de mejorar y actualizar los contenidos y la práctica”, acotó.

La disponibilidad de estadísticas delictuales fue otra de las virtudes rescatadas por el justicialista. Según él, desde que Mendoza inició su etapa de reestructuración se encuentra segunda en el país en la lista de índices de delitos, “lo que tiene que ver con un blanqueo de los hechos –a ñadió–. Antes así como se manejaban los recursos humanos y económicos también se dibujaban los casos delictivos. Hoy lo que hacen otras provincias es distorsionar la realidad”.

Para el hombre fuerte del gabinete de Jaque, Carlos Ciurca es clave en el Ministerio de Seguridad por su esfuerzo en combatir la delincuencia. “Esa conducta se transmite a toda la fuerza; en otras provincias la clase política se desliga de la problemática de la inseguridad”, concluyó.

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