Cazabán criticó a los jueces por negarse al control público.

Cazabán criticó a los jueces por negarse al control público.
Insistió en la reforma judicial propuesta por el Gobierno y respondió a Nanclares. Tensión.
El secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, afirmó que los tres proyectos de ley de reforma judicial que hoy propicia el Ejecutivo, "son totalmente viables, absolutamente necesarios y ponen en evidencia la negativa sistemática (en Tribunales) a cualquier tipo de control, no sólo del rendimiento sino también del desempeño judicial" por "un control público, ciudadano".

Cazabán respondió así al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares quien el miércoles pasado en la Legislatura consideró que los proyectos del Ejecutivo tienen "poco vuelo" y son "inconstitucionales e impracticables".

Las iniciativas apuntan a establecer controles de calidad en el rendimiento (no en las sentencias) de los jueces y a la "revalidación de títulos" de los magistrados mediante exámenes periódicos.

También le ponen un techo a la posibilidad de que los magistrados sigan acumulando ingresos por antigüedad más allá de los 65 años de edad y suspenden la feria de julio a quienes tengan atrasos en la marcha de las causas a su cargo.

En diálogo con Radio Nihuil, el secretario general consideró que en la Corte "hay una visión tan distorsionada de la realidad que creen que en el Gobierno tenemos posiciones distintas (cuando) la posición oficial está en los proyectos de ley que envió el Gobernador. ¡Ése es el criterio!", enfatizó al responderle a Nanclares, para quien en el Ejecutivo "hay palomas y halcones" en el trato con el Poder Judicial.

"Parece que somos palomas o gorriones cuando resolvemos el conflicto salarial o la situación previsional de los jueces para solucionar un problema institucional de la Provincia", pero pasamos "a ser halcones cuando exigimos que el Poder Judicial transforme su funcionamiento y le ponga calidad, transparencia, eficiencia y eficacia". Por lo tanto "los calificativos van (o vienen) según convenga o no a los propios funcionarios (judiciales)", concluyó.

Roces

Las relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial pasan actualmente por un nuevo período de dificultades entre las exigencias de reformas estructurales que propicia el gobierno de Celso Jaque en Tribunales y las más modestas transformaciones paulatinas de funcionamiento que encara la Suprema Corte en el Poder Judicial.

En el medio, los dos poderes parecen mostrarse los dientes a través del impulso del Ejecutivo a sus proyectos de reforma y la cercana definición en la Suprema Corte de un tema de impacto directo en las finanzas públicas de la Provincia, como el de la antigüedad no abonada a empleados públicos reclamantes.

En la Casa de Gobierno se analiza también el impulso a otros proyectos que -a diferencia de los tres anteriores- no encuentran tanta resistencia en el Poder Judicial. Estas iniciativas no reemplazan sino que se suman a las propuestas más resistidas en el Poder Judicial.

Es el caso de la modificación a la Ley Orgánica de Tribunales elaborada desde la propia Asociación de Magistrados y de un antiguo proyecto de ley de radicales y demócratas que amplía las facultades del Jury de Enjuiciamiento que hoy sólo puede "absolver" o "condenar" a un magistrado.

El proyecto le agrega la facultad de imponer sanciones intermedias (como amonestaciones o suspensiones) proporcionales a las conductas investigadas. "Una norma de este tipo habría que armonizarla con las facultades de la Suprema Corte" (que al ejercer la Superintendencia del Poder Judicial puede aplicar sanciones), destaca el ministro de Gobierno, Mario Adaro.

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