La API, a la caza de los puertos "perdidos"

 La API, a la caza de los puertos
El complejo agroindustrial y portuario que se alza a la vera del río Paraná ocupa una superficie construida de 1,5 millón de metros cuadrados, entre Timbúes y Villa Constitución. Pero hasta hace poco, dos tercios de esa infraestructura eran invisibles para el fisco provincial.
 La infraestructura no declarada a la Administración Provincial de Impuestos (API) por 38 fábricas y puertos de compañías nacionales y multinaciones instaladas en ese cordón sumarían casi un millón de metros cuadrados. Es decir, un cordón portuario más grande en superficie que el que hoy figura en los papeles del organismo fiscal.

   En los últimos 15 años, inversiones millonarias fueron desembolsadas para ampliar la capacidad de trabajo de uno de los polos agroindustriales más grandes del planeta. Estas obras están y se hicieron a la vista de todo el mundo pero escaparon al ojo tributario.

   El operativo de fiscalización que viene realizando la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, con el apoyo logístico del Instituto Geográfico Militar y la Fuerza Aérea, desde el año pasado, permitió detectar hasta el momento que hay 785 mil metros cuadrados construidos no declarados. La cifra llegaría al millón una vez finalizado el trabajo, cuando se releven seis compañías restantes, de un total de 38.

   "Es casi imposible creer que multinacionales de la envergadura de las que están en la región se olvidaran de las obligaciones frente a los distintos organismos que intervienen en la habilitación de estos emprendimientos, que en este caso incluye el comercio exterior", consideró la subsecretaria de Ingresos Públicos provincial, Teresa Beren, quien denunció que "lo más preocupante fue que nunca hubo una inspección a los puertos porque hubo una decisión política de las últimas administraciones justicialistas".

Tamaños y pesos. Hasta el inicio de la investigación, estas compañías habían declarado construcciones por 615 mil metros cuadrados. Pero la superficie realmente construida supera el millón y medio de metros cuadrados, un 130% más. Por la diferencia, sólo por el concepto de impuesto inmobiliario, eludían de pagar al fisco 800 mil pesos anuales. La valuación de las mejoras edilicias y portuarias fiscalizadas como no declaradas superan los 120 millones de pesos. La cifra es sustancialmente mayor si se la expresara a valores de mercado, donde el metro cuadrado ronda los 400 dólares.

   Pese a todo ese esfuerzo operativo, la declaración de cada metro cuadrado omitido le representará un peso adicional al año.

   Pero esta es apenas la punta del iceberg: la investigación arrojó que la mayoría de estas compañías declaró que todas sus actividades están exentas del pago de ingresos brutos en las 24 provincias argentinas, pese a que por muchos servicios (secado, depósito, almacenaje o sarandeo) deben tributar ese gravamen y otros. Esos trabajos son descontados del precio final del productor.

   Para tener una dimensión del negocio, por estos puertos se exporta el 62% de los granos oleaginosos y de cereales y más del 90% de los subproductos y aceites de toda la producción argentina. A lo que debe sumarse el polo petroquímico.

   Beren aseguró que la superficie no declarada equivale a 4,6 millones de toneladas en capacidad de almacenaje. Llenas de mercadería, el valor contenido en esas instalaciones representa a los valores actuales unos 3.200 millones de pesos.

   Según un trabajo de agosto de 2008 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, la capacidad de almacenaje contabilizada en las fábricas y puertos de la región era de 7,3 millones de toneladas.

Socios de otros fiscos. Por todo esto, Beren adelantó que esta información será enviada a las demás provincias y a la propia Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Es que los datos son de interés fiscal tanto para el resto de distritos como para las propias arcas santafesinas, por distintas vías: convenios multilaterales y coparticipación.

   La información también es utilizada por el organismo fiscal para una segunda fase de fiscalización. Esta vez, hacia atrás en la cadena agroindustrial. Beren señaló que el jueves se inició un operativo de inteligencia fiscal con los 30 principales acopios radicados en la provincia, después de cruzar información de productores y puertos. Para los resultados habrá que esperar, pero se prevé, con los antecedentes de otros actores de la cadena, que habrá sorpresas.

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