Se cayó el juicio político contra los ediles que aprobaron el acueducto de TierrAlta

Villa Carlos Paz. Tras dilatadas sesiones, donde no faltaron duros cuestionamientos, la Sala Acusadora del Concejo de Representantes se pronunció en contra del pedido de juicio político, contra los ediles que aprobaron el convenio para la construcción del acueducto y su paso por el ejido carlospacense, y que proveerá agua al barrio privado TierrAlta.
La noticia trascendió anoche, luego de una sesión secreta que se extendió por algo más de dos horas, donde se debatió «crudamente» los datos recogidos, los informes de especialistas y las posturas entre los acusadores y quienes defendían la decisión de los ediles acusados.

Fueron jornadas de mucho suspenso, donde nadie se animaba a aventurar una resolución. Ni siquiera el vicepresidente de la Sala Acusadora, Adrián Lizarriturri, quien presidía la misma ante la imposibilidad de Analía Peláez, que estaba denunciada.

Al caer la noche, ayer, en la última sesión, los ediles procedieron a votar, y no se logró mayoría agravada -que estaba prevista en el artículo 186 de la Carta Orgánica- desestimándose el pedido. Se resolvió, en consecuencia, que no existían méritos para elevar la causa a la Sala Juzgadora.

Fuentes consultadas por este medio, adelantaron que se trató de una votación reñida, aunque una vez resuelto, la totalidad de los integrantes de la sala firmó las actas correspondientes.

Según se estableció en las actas, la Sala consideró que «la actuación de los concejales no se haya comprendida en los supuestos de serias irregularidades y mal desempeño de las funciones, establecidos en el Artículo 186 de la Carta Orgánica Municipal para la procedencia de juicio político».

«En virtud de lo expuesto, la Sala Acusadora resolvió que no existe mérito para acusar a los concejales denunciados». Así lo señala el acta, desestimándose por completo el pedido efectuado por los candidatos a Defensor del Pueblo, José Luis Rigazio y Liliana Bina.

Tras la votación, en declaraciones a este medio, el concejal Adrián Lizarriturri, a cargo de la presidencia de la Sala, quien realizó un trabajo exhaustivo y a conciencia, expresó: «Fue un trabajo detallado, que acabó con esta última sesión, de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal y en la Ley Municipal Nº 8102. Para destacar, creo que lo importante es que se ha logrado un común acuerdo, ya que las actas se han rubricado por la totalidad de los seis integrantes de la Sala Acusadora».

Por otro lado, trascendió que hoy, la presidente de la Sala Acusadora, Analía Peláez, convocaría a una serie de sesiones para la semana próxima, donde se comenzarían a discutir los otros dos pedidos restantes.

De esas solicitudes, la primera responde a una denuncia efectuada contra el vocal del Tribunal de Cuentas, Rolando Rodríguez, quienes muchos señalan responde a una cuestión «netamente política»; mientras que la segunda es contra el intendente Carlos Felpeto, por una supuesta infracción a la Carta Orgánica municipal, vinculada al llamado a elecciones para el cargo de Defensor del Pueblo.

Los cuestionamientos

El pedido de juicio político cuestionaba la firma de un convenio para construir un acueducto y una planta potabilizadora, que permitiría llevar agua del lago San Roque al country TierrAlta, que la empresa South American Trust emplazó a la vera de la autopista Justiniano Allende Posse. Entre los argumentos esgrimidos se había puntualizado que, como la planta de agua estará ubicada en un predio municipal, era necesaria la doble lectura y convocar a audiencia pública, requiriendo para su aprobación mayoría agravada (7 votos) en ambas lecturas. Con un procedimiento de iguales características por eximirle a la empresa constructora de la totalidad de los cánones de retenciones, uso de calzada y demás impuestos, tasas y contribuciones por el uso del espacio público.

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