La Justicia Federal de Santa Rosa dispuso la nulidad parcial de la investigación por el supuesto caso de trata de personas en el autódromo, a raíz de diversas irregularidades que se detectaron en el trámite que dio inicio al expediente.

Así lo confirmaron fuentes judiciales: se dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer los remiseros acusados.

La causa se abrió a partir de un hecho descubierto cuando se desarrolló en el autódromo de Toay la última competencia del Turismo de Carretera, pero hubo varias anomalías en los procedimientos concretados por la Policía provincial.

Los remiseros acusados por el caso -Leonardo René Gómez, Sixto Alberto Gorría Ávalos y Carlos Alberto Yamamoto- recuperan la libertad a partir de la decisión judicial.

La resolución la adoptó la jueza Iara Silvestre. La investigación la había comenzado el subrogante Ignacio Rodríguez Berdier, a instancias del fiscal Juan José Baric.

De acuerdo a lo que pudo saber El Diario hay al menos tres actas con anomalías. En una de ellas, la del secuestro preventivo de vehículos -el trámite en el que consta que se los secuestra y los faja- hay un solo testigo en lugar de dos, que es lo que marca el Código. Sería solo un detalle -siempre y cuando haya explicaciones convincentes- pero además el único testigo que aparece firmando el acta dijo en sede judicial que se la hicieron firmar sin presenciar la diligencia. Por eso la jueza interpretó que ese acto era nulo.

Exactamente lo mismo ocurrió con el secuestro de los celulares de los detenidos: hubo un solo testigo firmante, que después reconoció que no presenció el secuestro ni las diligencias, sino que le hicieron rubricar los papeles. El trámite también es nulo.

Finalmente, en las actas de la requisa vehicular, figuran dos testigos. Uno que dice que no vio la requisa vehicular. Otro afirmó que cuando lo fueron a buscar y revisaron los autos no llegó a observar bien lo que había y dónde estaban los elementos, pero le hicieron firmar actas que parecían confeccionadas previamente.

La jueza Silvestre dejó subsistente como válidas las declaraciones de los dos comisarios que dieron aviso de la situación (Javier Ríos y Cristian Dupuy) y las declaraciones ante el sicólogo de las chicas que supuestamente ejercían la prostitución. Los comisarios aluden en sus dichos a comentarios que circulaban sobre la oferta sexual, pero no pudieron hacer referencia a alguna acción delictiva concreta, con lo cual la jueza consideró que no sostiene la imputación.

En sus testimonios, en tanto, las chicas corrobaron lo que dijeron los remiseros, que a grandes rasgos es que no les daban un peso de lo recaudado sino que trabajaban por su cuenta, lo cual haría imposible el delito de trata de personas.

Las mujeres insistieron en que ellas arreglan la situación directamente con sus "clientes" y afirmaron que ellas mismas contactaron a los remiseros para llegar hasta Toay.

Los mensajes de texto que formaron parte de una pericia no fueron valorados como prueba, ya que el secuestro de los aparatos celulares se declaró nulo, pero aun así, según la jueza, no aportaban nada en concreto y más aun, beneficiaban a los acusados.

La resolución también señala que nunca quedó debidamente constatado que funcionara una carpa en la que las mujeres "trabajaran". Ellas aludieron a que dormían en dos carpas, que nunca aparecieron formalmente secuestradas.

Los remiseros santafesinos se dijeron inocentes en todo momento.

Ni bien trascendió el caso, se dijo que los tres detenidos habían montado una carpa en el autódromo cercano a Toay. Allí, de acuerdo a los primeros pasos de la pesquisa, se ofrecía abiertamente sexo con las chicas a cambio de una tarifa. La Policía secuestró tres vehículos con los que la organización trasladó a las chicas hasta la competencia. También secuestró cajas con más de 300 profilácticos, entre otros elementos.

Aquel allanamiento se realizó a partir de una acción de rutina de los policías de la Brigada, que detectaron que se ofrecía sexo abiertamente durante la jornada del viernes en cercanías de una carpa montada en el autódromo. A partir de allí, pidieron la autorización judicial y detuvieron a los tres remiseros. Además, se les tomó declaración a las once mujeres que estaban en la carpa.

Según surgió de la investigación, a las mujeres les cobraban 1.400 pesos por el traslado, carpa y comida durante el fin de semana. Además, se sospechaba la existencia de un arreglo por los “pases” sexuales y el dinero recolectado en las “fiestas” organizadas durante la madrugada.

Desde la ACTC no hubo pronunciamiento alguno sobre el hecho desbaratado. El uso de las promotoras y la imagen de la mujer en las carreras de Turismo Carretera es objeto de crítica desde sectores que atienden la problemática de género.

Los tres remiseros que fueron detenidos enfrentaron la declaración indagatoria diciéndose "inocentes". 

Como parte de la investigación, se hicieron pericias sobre los teléfonos secuestrados. En total fueron ocho celulares: con el listado de llamadas y el cruce de teléfonos buscan datos para darle forma a la organización delictiva armada en torno a la oferta sexual en la carrera del TC.