CAYÓ ABOGADO CERCANO A MACRI POR ESCUCHAS ORDENADAS POR JUSTICIA DE MISIONES

El fiscal federal Alberto Nisman hace instantes un escrito ante el juez federal Norberto Oyarbide para interiorizarse sobre la causa que investiga una denuncia por amenaza y escuchas telefónicas contra Sergio Burstein, miembro de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA.
Según confiaron fuentes judiciales a la Agencia Judía de Noticias (AJN), la medida fue dispuesta para determinar si se pretendió escuchar a Burstein en algún diálogo con el fiscal especial de la investigación del atentado con el objetivo de recusarlo tanto a él como al juez Ariel Lijo, quien investiga las irregularidades en el proceso de instrucción de la voladura de la mutual. La fuente consultada por esta agencia indicó que se sospecha que "uno de los motivos por los que se habría decidido escucharlo (a Burstein) era justamente conocer las conversaciones que mantenía con el fiscal Nisman". El lunes fue detenido un abogado cercano al jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, por tener relación con las escuchas ordenadas desde Misiones.

La presentación busca también determinar si existió "la presunción de que se buscaba obtener datos vinculados con la causa AMIA, concretamente con el ex comisario (Jorge) Palacios en la causa que finalmente fue procesado" por presuntas irregularidades en el proceso de la investigación.

"Burstein tiene como siete teléfonos a su nombre y el único teléfono que fue intervenido fue el que utiliza para hablar con la fiscalía y los familiares", revelaron a AJN fuentes vinculadas a la investigación.

Este dato hace presumir que la intervención telefónica era para escuchar las conversaciones que el familiar de las víctimas del atentado a la AMIA mantenía con el fiscal.

"Ante esto el fiscal hizo una presentación ante el juez Oyarbide pidiendo tomar vista de las actuaciones y fundamentalmente su deseo es tomar vista de la causa que se tramita en Posadas, de donde se intervino el teléfono de Burstein y de ahí va a surgir la prueba de todo este entramado", precisó la fuente.

En tanto, el juez Oyarbide tendría previsto pedir al juzgado de Misiones una copia de la causa armada para espiar a Burstein.

El juez que firmó la orden se llama Horacio Gallardo, pero dado que está enfermo, José Luis Rey firmó la prórroga de la intervención telefónica.

De acuerdo a lo informado por la justicia de Misiones, la causa en la que se pidió la intervención telefónica se inició con una denuncia de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal.

Lo curioso es que en esta dependencia prestó servicio Palacios antes de su retiro en 2004.

Burstein realizó la denuncia ante el juez Oyarbide luego de haber descubierto que su teléfono estaba intervenido y tras sufrir amenazas.

En declaraciones a AJN, el familiar relató que una persona llamó para advertirle que "el 'Fino' Palacios le mandó a pinchar el teléfono".

Luego se determinó que la medida había sido dispuesta por orden de la justicia de Misiones como parte de una investigación vinculada con una banda de piratas del asfalto.

Burstein denunció ante la Justicia federal haber recibido amenazas y sufrido la intervención de su teléfono personal por una falsa denuncia donde lo acusan de homicidio.

Los investigadores ya lograron identificar a la persona que hizo la llamada, aunque hasta el momento no trascendió quién es ni a qué se dedica ni por qué le hizo la advertencia a Burstein.

El juez Norberto Oyarbide ordenó el lunes la detención del abogado Ciro Gerardo James por el espionaje ilegal contra Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA. Como adelantó en exclusiva Página/12, a principios de agosto, en un juzgado de Misiones se aceptó una insólita denuncia contra Burstein, a quien vincularon con un homicidio y el robo de camiones. Burstein hace veinte años que no pisa esa provincia, pero con ese argumento falso justificaron la intervención de su teléfono para espiar lo que el familiar hablaba sobre la causa AMIA. James recientemente pidió la baja en la Policía Federal Argentina, donde revistaba en la Superintendencia de Investigaciones, la gigantesca división que en su momento lideró Jorge "El Fino" Palacios. Es más, en el juzgado de Oyarbide afirman que "James estaría trabajando actualmente en Asuntos Jurídicos de la Policía Metropolitana", justito la fuerza que armó Palacios y a la que tuvo que renunciar después de la durísima oposición que le hicieron, entre otros, los familiares de las víctimas del atentado. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, negó ante este diario la versión del juzgado y afirmó que "James no está designado en la Policía Metropolitana". Pero de todas maneras, los datos coinciden con lo aportado por una voz anónima que se comunicó con el domicilio de Burstein: "Su teléfono está pinchado y el que está detrás de la pinchadura es El Fino Palacios". La llamada anónima se tradujo de inmediato en una denuncia y la posterior investigación de Oyarbide no sólo corroboró que efectivamente Burstein tenía el teléfono intervenido –al igual que el empresario televisivo Carlos Avila (ver aparte)–, sino que la pesquisa llevó a la detención del abogado James.

Oyarbide se comunicó ayer con Asuntos Internos de la Policía Federal y les transmitió la orden de captura contra James. Horas más tarde la detención fue concretada y el abogado quedó alojado en la División Drogas Peligrosas de la Federal.

El punto central que llevó al juez a ordenar el apresamiento es que James figuraba como la persona que retiraba los casetes con las escuchas telefónicas, es decir que era la pieza clave del espionaje. Los casetes le eran entregados merced a un pedido del juzgado número 1 de Posadas, Misiones, que en su momento estuvo a cargo de Horacio Gallardo y ahora subroga José Luis Rey. Según afirman en las oficinas de Oyarbide, James retiró no menos de 400 casetes con escuchas telefónicas a Burstein, Avila y a otras personas.

La secretaria actuante del juzgado misionero, Mónica González, dio una versión oficial del expediente radicado en Posadas. Se trata del asesinato del contador José María Piccoli, ocurrido en 2005. Efectivamente, la doctora González admite que se ordenó la intervención del teléfono de Burstein el 10 de agosto de 2009 y se ratificó la orden el 2 de septiembre. Este diario verificó si James seguía en la Federal en ese momento: los datos que maneja el juzgado es que entró en la Federal en 2003, pidió la baja el 8 de agosto de 2009 y a partir de ese momento se tomó licencia hasta que la baja le fue otorgada, el 2 de septiembre.

El dato brindado por la SIDE respecto de quién retiraba los casetes se ratificó luego en Misiones. Desde allí se conoció la declaración de un policía que señaló que fue James, desde la Superintendencia de Investigaciones de la Federal, quien aportó un dato completamente falso que motivó la pinchadura. El abogado denunció que Burstein mantenía diálogos con un comerciante de apellido Leka que está prófugo en la mencionada causa por homicidio y piratería del asfalto. A partir de ese dato trucho, los jueces misioneros ordenaron la escucha.Vox Populi - El Diario Digital de Misiones, Argentina.

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