Indirectamente, en el Ejecutivo le pusieron un freno a la expectativa de poner en marcha en el corto plazo la Policía Judicial. Tras conocerse el proyecto que armó el Poder Judicial para poner a funcionar la nueva fuerza, José Luis Gioja señaló que antes hay que analizarlo y ver si es aplicable, línea en la que más tarde se mostró también el ministro de Gobierno. La razón de la cautela oficial pasa principalmente por lo presupuestario, aseguraron ayer fuentes del riñón giojista. Pasa que la ejecución de la iniciativa necesitará de una inyección importante de recursos, justo cuando en el Gobierno advierten que el contexto económico obliga a acotar el gasto público.

El proyecto en cuestión crea y ordena las estructuras que necesita para funcionar la Policía Judicial (es un cuerpo de efectivos dedicados exclusivamente a investigar delitos para ayudar a resolver causas judiciales) y trascendió el viernes anterior en la prensa, cuando los autores se lo presentaron a la Corte de Justicia (ver foto). En Casa de Gobierno es desconocido oficialmente, a pesar de que deberá pasar por ahí indefectiblemente atendiendo a que hace falta dinero para instrumentarlo y el Poder Judicial no lo tiene.

Todos los actores que tienen que ver con la Seguridad concuerdan en que hace falta la Policía Judicial, incluso Gioja. Pero en el Ejecutivo analizan, paralelamente, el costo y la oportunidad.

Cuando le preguntaron por el proyecto, Gioja remarcó que no lo conoce y se mostró sumamente cauto poniendo el acento en dos cuestiones: la política y la económica. En Radio Colón aseguró, primero, que es la opinión de un solo sector (la del Poder Judicial) y que también deben opinar otros, como expresando malestar por lo que la iniciativa se conoció públicamente antes que en el Ejecutivo, desde donde deberá salir la plata para instrumentar la nueva fuerza. Segundo, advirtió que en el Estado no deben haber estructuras burocráticas (aclaró: “no digo que sea este el caso”) o sea, mucho gasto y poca efectividad.

Por su parte, el ministro Adrián Cuevas aseguró que no conoce “ni una sola hoja del proyecto” como para aventurar si contará con el impulso de la administración que integra.

Según dijeron fuentes del entorno del Gobernador, la iniciativa no llega en una época de bonanza, como en años anteriores de la era giojista, sino en un momento complicado para expandir el gasto público. La difícil coyuntura económica nacional provocó una baja de la coparticipación federal y la orden de Gioja a su equipo fue no salirse de la pauta presupuestaria para esquivar el saldo en rojo de las cuentas públicas. Es decir, no gastar más de lo pronosticado.

El gasto que demandaría el proyecto judicial no está cuantificado, sólo hay indicadores que permiten estimar salarios y recursos para funcionamiento de las estructuras. A cálculo del juez Raúl Iglesias, uno de los autores de la iniciativa, en San Juan haría falta un tercio de los 1.200 efectivos que tiene Córdoba. Por otra parte, se prevé la creación de una Dirección, una Subdirección, oficinas auxiliares y 30 unidades judiciales de distinta jerarquía.

Otro indicador lo dio al cortista Adolfo Caballero. Dijo que en Córdoba, que fue uno de los modelos que se tomó para el esquema sanjuanino, el 70 por ciento del presupuesto del Poder Judicial se lo lleva la Policía Judicial. El cortista adelantó que pedirán una audiencia con el Gobernador y el tema presupuestario, con seguridad, será un eje central.