Más de 200 mil causas superpoblaron en 2009 los Tribunales provinciales

Durante 2009 ingresaron a los Tribunales de Rosario 204 mil denuncias que se canalizaron de acuerdo a la competencia de cada fuero.
El mayor crecimiento se registró en los juzgados laborales, que debieron resolver conflictos de trabajo en más de 20 mil causas por los situaciones derivadas del escenario económico. En cada uno los tres juzgados de Familia se abrieron 4 mil expedientes, gran cantidad por violencia familiar. La Justicia Civil y Comercial aportó lo suyo con 26.000 litigios; mientras que los hechos penales sumaron 105 mil denuncias equivalentes a casi el 50 por ciento del total general. En este contexto, la mediación aparece como una herramienta estratégica para resolver conflictos sin pasar por la instancia judicial.

La situación de colapso que viene atravesando el Tribunal provincial de Rosario no sólo es remarcada periódicamente por los colegios de profesionales (de jueces y abogados), sino que también se reconoce puertas adentro del propio Poder Judicial.

Trabajo, en la punta. Las divergencias desatadas entre las patronales y los empleados de las empresas que encontraron terreno fértil en la crisis económica para justificar el achicamiento y reducción de recursos humanos, no tardaron en plasmarse en los juzgados.

Entre los reclamos por deudas laborales (cobro de pesos), las homologaciones por convenios suman más del 50 por ciento de los 19.586 acumulados en la jurisdicción.

Otro dato que emerge como alarmante son los accidentes de trabajo. El año pasado se denunciaron 6.867 casos, casi el doble de los 3.711 de 2008. Un número que opaca la tarea de prevención encarada por las comisiones de trabajo mixtas, creadas por el gobierno provincial para monitorear las condiciones de higiene y seguridad del personal.

"Tenemos un promedio de 2.300 causas por juez que superan ampliamente las casi 1.700 que debíamos resolver cada uno en 2008. Afortunadamente se cubrieron vacantes y ello permitirá acelerar el trabajo", evaluó el juez laboral Nº 3, Eduardo Pastorino.

El propio ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, reconoció el colapso no sólo en el fuero laboral, sino en todo el andamiaje judicial. "La relación de magistrados que hay por habitante es muy baja respecto a Córdoba o Buenos Aires, por ejemplo. Entonces se les hace imposible atender las 20 mil causas a los nueve jueces laborales", dijo LaCapital al repsar las circunstancias de 2009 (ver aparte).

En Rosario hay un juzgado de Trabajo por cada 120 mil habitantes. En Córdoba esa relación es de uno por cada 30 mil habitantes y en Buenos Aires un Tribunal por cada 25 mil personas.

Conflictos familiares. Otro fuero que rebasa de expedientes y donde los jueces hacen malabares para resolver diversos conflictos —muchos derivados de la alta conflictividad social— es el de Familia. Son apenas tres juzgados (se llamó a concurso para otro cargo) que el año pasado recibieron 10 mil causas, un promedio de más de 3 mil por juzgado.

El 25 por ciento de ellas fueron por violencia familiar, con 2.472 casos. "No es que aumentaron los casos, sino que la gente se anima a denunciar, visualiza las instituciones o concurre a pedir ayuda", dijo a este diario el juez de Familia, Marcelo Molina.

Los divorcios contenciosos, por presentación conjunta, por alimentos y las medidas cautelares también sumaron lo suyo.

Diferencias civiles. Las causas civiles y comerciales añadieron más actividad aún, con 26.000 expedientes. Un dato significativo en estos Tribunales lo aportan los más de 240 amparos y las más de 2.000 medidas cautelares que, generalmente, corresponden a ciudadanos que no ven otro camino para hacer valer derechos básicos vulnerados.

Es el caso de los viviendas únicas, prestaciones en salud o educación privada. Es en este terreno donde esas figuras legales actúan como instrumento para obligar a brindar servicios contemplados en leyes que no se cumplen.

No obstante siguen arriba las sucesiones, los juicios ejecutivos y los ordinarios. Los tres ítems suman 17.000 expedientes.

Reclamos. Los tres juzgados de Responsabilidad Extracontractual, que entienden en la reparación económica por daños materiales por muertes o accidentes, y los cinco juzgados de Circuito de Primera Instancia (desalojos, cobro de pesos, daños y perjuicios, y juicios de entidades financieras), aparte de los dos de Ejecución de Circuito (cobro de cheques, facturas, expensas o remitos) colaboran con buena parte al colapso.

Estos jueces se ocuparon de más de 40 mil carpetas. En este sentido, se advierte allí un incremento de los desalojos, cobro de pesos de tarjetas de crédito, de cheques sin fondos, de facturas y de expensas (Circuito). Y las casi 4.000 denuncias por daños y perjuicios en los Tribunales Extracontractuales.

Homicidios y piquetes. El fuero penal tuvo mas de 106 mil denuncias durante 2009 (según datos extraoficiales, unas 1.500 más que en 2008).

En medio de las discusiones por la implementación parcial del nuevo Código Procesal Penal (que incorpora el juicio oral), los jueces se las ingeniaron para investigar desde delitos graves, como los homicidios dolosos (con intención de matar y de mayor impacto social), culposos (lesiones o muertes en accidentes de tránsito), hasta estafas, malas praxis, cortes de calles por piquetes o la comercialización de leche del Estado.

Al mismo tiempo, los magistrados dictan sentencias, monitorean juicios y resuelven situación procesales. "Hay un debate que no se dio. Si se implementa el juicio oral, un juez no podrá al mismo tiempo tramitar causas por escrito porque descuidará cientos de expedientes", advirtieron desde la Cámara Penal. Este año está programado al menos un total de 35 juicios orales.

Cambio necesario. El 2001 tendrá varios desafíos. A pesar de que se cubrieron vacantes en Menores, Laboral, Penal y Civil y Comercial, desde la Corte apuntan a un trabajo sostenido para ir torciendo la cultura del litigio.

Para que los Tribunales comiencen a descomprimirse también es fundamental la utilización de las herramientas informáticas (firma digital de los jueces) y la aprobación de la ley de mediación civil obligatoria.

Evaluación. La recientemente creada oficina del fiscal coordinador servirá además para hacer una evaluación primaria de denuncias, que muchas veces corresponde tramitarlas en otros estamentos del Estado. También será importante que la ciudadanía visualice la presencia de los centros de mediación (del Poder Judicial, del Colegio de Abogados o de la Defensoría del Pueblo) o concurra al flamante Centro de Asistencia Judicial (CAJ) que depende del gobierno de Santa Fe.

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