Causas penales rodean a más de 40 políticos y ex funcionarios de Río Negro

Hay unas 20 causas irresueltas, algunas abiertas desde hace varios años. En su mayoría son por fraude al Estado en las gestiones de Verani y Saiz.
VIEDMA (AV).- La Justicia rionegrina inicia hoy su año laboral, arrastrando causas penales que involucran a más de 40 actuales o ex funcionarios públicos. Son denuncias que llegaron con revuelo en el poder y en la comunidad. Pero pasaron años y los expedientes siguen en trámite.

Dos causas importantes elevadas a juicio -Altec y PER- fueron devueltas por sus respectivas cámaras con fuertes críticas a la investigación. Son viejos casos; son los reflejos de las grietas y extravíos que la Justicia siempre tiene ante el poder.

Hay más de 40 actuales o ex ministros, legisladores, titulares de organismos y hasta jueces con imputaciones penales. Hay una docena de procesados y el resto está imputado o investigado. Mayormente son acusaciones por defraudación al Estado y, en general, son de los gobiernos de Pablo Verani y de Miguel Saiz.

"Río Negro" revisó las causas con imputaciones a hombres del Estado contra el mismo Estado.

* Lotería. El ex presidente del organismo, Miguel Irigoyen, está condenado a 5 años de prisión por coima y espera la casación planteada ante el STJ. El fallo cumplirá esta semana un año. Se lo acusó de cobrar dinero para favorecer concesiones de juego. También están condenados los empresarios Carlos Ferrari y Andrés Santamaría.

* Bombardieri. La ex jefa de Judicial de la Fiscalía de Estado, Sandra Bombardieri, está en juicio por presunto "fraude a la administración pública", acusada de autorizar pagos indebidos por acuerdos extrajudiciales al estudio Juan Zalesky por 1,7 millones de pesos. El jueves serán los alegatos. Por sus fueros, está pendiente la situación del Fiscal de Estado, Alberto Carosio.

* Sánchez-Zalesky. El juicio será este año con acusaciones a Francisco Sánchez y a Zalesky. Aquel era funcionario legal en la Jefatura. Se los acusa de haber conformado un andamiaje para tramitar demandas de policías contra el Estado, que concluyó con un acuerdo extrajudicial.

* Venta de lotes. Después de 15 años, llega finalmente a fines de febrero el juicio por la presunta participación en esas operaciones inmobiliarias del ex secretario de Gobierno de San Antonio Oeste, Alfredo Lassalle, también ex legislador. La imputación penal es "estafa reiterada" y es una derivación de la causa de los lotes de Las Grutas vendidos en la gestión de Carlos Carassale.

* Altec. La causa lleva 7 años y cayó la elevación a juicio. Están procesados Guillermo Campbell y Haroldo Lezcano por presunto fraude al Estado por la utilización de "facturas apócrifas" y "sustracción indebida" de unos 620 mil pesos. El expediente volvió al juez Gaimaro Pozzi porque la Cámara de Bariloche consideró incompleta la instrucción. La maniobra fue detectada por la AFIP y ocasionó un perjuicio a la provincia de más de $ 1,3 millones.

* PER. Lleva más de 6 años y el juicio fracasó porque la Cámara cuestionó la investigación y dictó la nulidad. Se investiga la rendición de más de $ 2 millones del Programa de Empleo Rionegrino. Tres ex funcionarios de Trabajo tenían procesamiento por fraude al Estado provincial (Gustavo Otero, María Mirán y Ángel Poggi). La Sala B de Viedma pidió su revisión y cuestionó al fiscal Ricardo Falca al considerar que existió "resistencia" para "investigar prontamente los hechos". Los sucesos investigados en Trabajo van de 2001 al 2003, durante las gestiones de Alejandro Betelú, Dario Berardi y Ana Piccinini.

* Flavors. Se investiga la operación y provisión de alimentos preelaborados de esa firma al ministerio de Familia. La denuncia la presentó la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini. Hubo cuestionamientos al juez de Viedma Pedro Funes en el Consejo de la Magistratura; aunque no prosperaron el magistrado renunció. El expediente lo asumió el juez Juan Bernardi y llamó a indagatoria a tres ministros (Alfredo Pega, de Familia; Cristina Uría, de Salud y Pablo Verani, de Hacienda) y a la legisladora Adriana Gutiérrez, ex titular de Salud. También citó a los empresarios Jaques Matas, Máximo Vicchi y Daniel Fernández.

* Trata de personas. La jueza de Choele Choel, Marisa Bosco, procesó al policía Daniel Vivanco por presunto incumplimiento de deberes en el expediente donde se investiga la trata de personas en el Valle Medio. Se revisan nexos entre uniformados y proxenetas y el caso se originó cuando la jueza María del Carmen García García -investigando la desaparición de Otoño Uriarte- dispuso una escucha telefónica a los cabarets. Una derivación: el cruce entre el jefe de Policía de la provincia, Víctor Cufré, con la Justicia por la situación del oficial Alejandro Ormeño, comisionado para colaborar con la jueza pero a quien Cufré después retiró y sancionó.

* Crecimiento patrimonial de Sartor. La Defensora Piccinini recurrió a la Legislatura para que se investigue el aumento patrimonial del legislador. Ese análisis se derivó al fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, quien archivó esa denuncia. Piccinini fue a la Justicia y el juez de Viedma Carlos Reussi se declaró incompetente. La Cámara no compartió esa valoración y ordenó al magistrado que investigue. Hay otras acciones relacionadas: la Defensora acusó al diputado por no haber informado bienes en su declaración en el marco de la Ley de Ética Pública.

* Obras escolares. Desde el 2001 se abrieron expedientes por obras pagadas por Educación cuya ejecución era dudosa. Las acciones penales fueron planteadas por la Fiscalía de Investigaciones. Hubo procesamientos de delegados y causas del Alto Valle remitidas a los juzgados de Viedma. El juez Juan Bernardi analiza un expediente sobre la supuesta responsabilidad de la ex ministra Ana Mázzaro, el ex funcionario Roberto Entraigas y el arquitecto Fabio Linares. Además está imputado en esta causa el constructor Gustavo Heredia. Los ex delegados del Alto Valle María Pardo y Daniel Aquilano y el empresario Juan Domingo Franco son algunos de los procesados.

* Robo de oncológicos (dos causas). Son denuncias de faltantes de medicamentos en el ministerio de Salud. Tramitan en el juzgado de Reussi. La primera fue presentada por la Fiscalía de Investigaciones en 2007 y fue indagada Sandra Riquelme, del Programa de Control del Cáncer. Salud formalizó la segunda en mayo del 2008 porque faltaban unos 500.000 pesos de una compra a la droguería Gavazza.

* Ipross-Feclir. La denuncia es de 2003 por presuntas triangulaciones entre la obra social, la Federación de Clínicas y empresas proveedoras, de las que derivaban supuestos sobreprecios en prótesis y medicamentos. La causa está en manos de la jueza de Roca Margarita Carrasco. Entre otros, fueron indagados la ex titular del Ipross, ex ministra y legisladora Adriana Gutiérrez, y directivos de Feclir. A ninguno se le resolvió la situación procesal.

* Fondos propios. Son causas de 2005. Se relacionan con el manejo de los recursos en el Registro Civil -está imputada la ex directora, Graciela Aún de Parente- y del Fondo de Asistencia a Presos y Liberados. En esta última hay cargos contra la ex titular del área, Ana Ottolini.

* Caina. Planteada por la Defensoría del Pueblo por el "desamparo y maltrato en los hogares de menores". La Sala B de la Cámara Criminal de Viedma confirmó el sobreseimiento de cinco funcionarios de Familia por presunto incumplimiento de sus deberes. El tribunal igual recomendó a Familia que "subsane las condiciones anómalas de funcionamiento".

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