Encerrada en la cuarentena flexibilizada a como vaya saliendo, las cuentas al rojo, los intentos de zafar de votos parlamentarios en contra de los propios intereses y una escalada de conflictos, la política cordobesa mira por el rabillo del ojo movimientos en los Tribunales federales.

Algunas causas pueden generar un impacto que parece que nunca llegará desde los juzgados provinciales, los que acentuaron su tradición de actuar en consonancia con las necesidades del poder, aunque se cometan errores torpes, como la detención de inocentes en crímenes de alto impacto social.

Los casos federales con impacto político que tuvieron movimiento en los últimos días se relacionan con el sospechado negocio de la basura en la ciudad de Córdoba y con la oscura trama financiera detrás del trágico tiroteo en Nueva Córdoba.

Lo de la basura avanza en tres direcciones diferentes, pero que conforman los vértices de un triángulo que va sumando denunciados, procesados y hechos turbios.

Están bajo la lupa judicial funcionarios de la anterior gestión municipal de Ramón Mestre (con la expresa aclaración del fiscal que está buscando posibles responsabilidades superiores a los imputados exdirectivos de la entonces Crese y del Esop); fueron procesados con graves cargos los integrantes de la conducción del Surrbac (algunos de ellos detenidos), y también están procesados con acusaciones no menos graves los directivos de la exprestataria del servicio Cotreco, con pedidos de detención que hizo en su momento el fiscal Enrique Senestrari y que el juez Ricardo Bustos Fierro no convalidó.

Ahora, llegan a la instancia judicial el pago de haberes a personas que no desempeñaban tareas y la superposición de remuneraciones estatales.

Mientras avanzan las causas judiciales derivadas de la prestación del servicio de higiene urbana, la ciudad sigue sucia, con un sistema de recolección arcaico y pagando cara la prestación.

Pero ni el intendente Martín Llaryora ni los suyos dicen una sola palabra de esa polémica licitación heredada y con la que deben convivir todo el mandato.

A diferencia de los recortes que se dan en otros sectores, los cambios municipales siguen siendo cosméticos en materia de higiene, como quedó plasmado con el cambio de nombre del Esop por Coys, esta semana.

La propia titular del rebautizado ente, María Victoria Flores, se ocupó de aclarar que era para que tuviera “los mismos colores” del logo de la actual gestión. Los ajustes siempre fueron, son y parece que serán selectivos.

Flores evitó decir una sola palabra de la causa judicial que involucra al servicio que está bajo su órbita.

Otro eje de poder

El otro caso que asoma con alto impacto es el de la pata financiera del tiroteo de Nueva Córdoba. Está terminando en la Justicia provincial el juicio por la muerte del joven policía Franco Ferraro, pero queda una parte importante por resolver.

En su alegato, el fiscal Hugo Almirón pidió que se investigara a la financiera que fue asaltada en Rondeau 84 en febrero de 2018.

Según Almirón, no había una administradora de propiedades allí, no había sólo cheques y debe analizarse el comportamiento del propietario del lugar, Guido Romagnoli; de su pareja, Melina Sosa; de la empleada Teresa Rodríguez, quien, de acuerdo con el fiscal, no hacía tareas domésticas, sino de tipo financiero.

En la Justicia federal, la causa por lavado que apuntaba a Romagnoli estuvo parada dos años. Pero la fiscal que tenía el caso, Graciela López de Filoñuk, ya se jubiló y hay dudas de si su reemplazante, Maximiliano Hairabedian, podrá o no abocarse a la causa.

Asoma una nueva composición de poder entre los fiscales federales, entre los que el kirchnerismo ha ganado espacios clave.

De ahí que una causa que complica de lleno a gremios estatales, que podría salpicar a exfuncionarios y que tendría nexos con entidades oficiales de la Provincia, puede atraer una atención mayor que el toma y daca por algunas partidas presupuestarias en la compleja relación Nación-Córdoba.