Los casos que involucran a funcionarios serán el eje por donde pasará el termómetro político-judicial y donde predominarán factores determinantes que entrarán en juego: la implementación del nuevo Código Procesal Penal, y la búsqueda de sanción del redactado proyecto de Código Penal, que dedica especial atención a las causas de corrupción.

El oficialismo tiene puesto el pie en el acelerador para que la reforma del Código Penal sea aprobada dentro de las primeras sesiones legislativas del año dado que, según explicaron a este medio fuentes judiciales, "será decisiva para el tratamiento de las causas de corrupción y lavado de dinero" que por estos días desvela a una interesante lista de funcionarios.

En este marco, la Argentina no terminó el 2014 con los deberes cumplidos: según el último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, el país volvió a caer y pasó a ocupar el puesto 107 sobre 175 países relevados; en la región sólo la superan Venezuela, Paraguay y Ecuador.

Una de las mayores críticas que surgió de la mano de este informe apuntó a una sensación de impunidad relacionada a la administración pública. Los últimos hechos que golpearon duro al Gobierno fueron factores determinantes para complicar aún más la imagen del país: los crecientes cruces entre el Gobierno y el Poder Judicial, sumado esto a los procesamientos del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone y la transferencia de un automóvil con papeles falsos; el pedido de investigación sobre los vínculos de la presidenta Cristina Kirchner y sus hijos con el empresario Lázaro Báez, o los procesamientos de Ricardo Jaime o Guillermo Moreno fueron algunos de los puntales que pusieron en jaque la calificación del país en materia de índice de corrupción.

"El Índice de Percepción de la Corrupción 2014 pone de manifiesto que, cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio propio, el crecimiento económico se ve minado y los esfuerzos por frenar la corrupción quedan frustrados", señaló José Ugaz, presidente de Transparency International, marcando así uno de los puntales sobre los cuales la organización hace foco y reafirmando la necesidad que "los países en las posiciones inferiores deben adoptar medidas drásticas contra la corrupción y a favor de su población". "Los países en las mejores posiciones del índice deberían asegurarse de no exportar prácticas corruptas a países en desarrollo", observó.

En este plano, para reavivar el fuego, el 2015 arrancó intenso y no hubo respiro a pesar del inicio de la feria judicial dado que cuando el calendario parecía llegar a su fin, la Asociación de Magistrados circuló un duro comunicado para hacer frente al nombramiento de 16 fiscales generales, puestos creados por el nuevo Código Procesal Penal. Sumado a esto, cuando los brindis de fin de año ya se estaban asomando, estalló un verdadero escándalo en Comodoro Py tras el desplazamiento de dos fiscales clave: Guillermo Marijuan y Eduardo Taiano.

Según dejan deslizar desde la Asociación, la agrupación de abogados Será Justicia, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, estos nombramientos llegan en tiempo récord con el claro fin de trabar aquellas causas de corrupción que hoy mantienen en vilo a las altas esferas políticas. Se trata del resistido Anexo II del Código sobre el que, vociferan en los pasillos de Comodoro Py, se preparan fuertes embestidas para cuando se reinicie la actividad judicial.

La Asociación de Magistrados dio los primeros pasos y desató un revuelo que marcó –como lo veníamos anticipando- que esta no será una feria tranquila: en referencia a la designación de los fiscales subrogantes sostuvieron que "toda puesta en funcionamiento de estas Fiscalías Generales, así como la designación de Fiscales subrogantes que comenzarán a cumplir sus funciones en fecha próxima, podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción, sin ninguna conexión con la reforma procesal".

Así las cosas, el ambiente de tensión se recrudece a medida que pasan los días y la feria estival parece ser el escenario ideal para que se muevan las piezas en el tablero de ajedrez político judicial con el foco puesto en preparar el terreno para un 2015, en el que más allá de ser un año electoral, la Justicia tendrá un rol preponderante para la definición de temas que preocupan al poder.

Desenmascarar a los corruptos

La organización contra la corrupción impulsa actualmente una campaña para "Desenmascarar a los Corruptos", que exhorta a la Unión Europea, Estados Unidos y países del G20 a seguir el ejemplo de Dinamarca y crear registros públicos que permitan saber con certeza quiénes verdaderamente controlan cada sociedad o son sus beneficiarios finales. "Ninguno de nosotros volaría en aviones que no registran a los pasajeros, pero sí permitimos que sociedades secretas oculten actividades ilícitas. La existencia de registros públicos que muestren quiénes son los verdaderos titulares de una empresa haría que para los corruptos no resulte tan sencillo llevarse consigo el botín obtenido mediante el abuso de su posición de poder", expresó el Director Ejecutivo de Transparency International, Cobus de Swardt.

Siguiendo esta línea, cabe preguntarse cuál es el escenario sobre el que tambalea la Argentina en materia de acciones para combatir la corrupción y, de la mano de esto, uno de los delitos de mayor impacto en el mundo como lo es el lavado de activos, materia en la que el país viene demostrando avances en el fortalecimiento del accionar contra los delitos económicos.

La Argentina se puso al día en este plano y mostró voluntad para conseguir una mejora en la calificación que le permitiera sacarse de encima el fantasma de la Lista Gris del GAFI: se modificó el tipo penal de lavado de activos, adecuándolo a la figura del autolavado y agrupándolo en un nuevo título dentro de la Parte especial del Código Penal, denominado Delitos contra el Orden Económico y Financiero. Se consagró la responsabilidad de la persona jurídica, asimismo se incorporó el tipo penal de financiación del terrorismo y se reguló la figura del decomiso anticipado.

Tras la nueva ley antilavado, entre las reformas sobre las que se avanzó en el país, se destacaron también importantes progresos en la esfera judicial dado que se lograron nuevas condenas firmes por lavado de dinero de acuerdo a su nueva redacción en el art. 303 del Código Penal. Asimismo existe una importante cantidad de procesamientos sobre los que se está avanzando, aplicación de multas y procedimientos administrativos a bancos y entidades financieras por el incumplimiento de las normas antilavado.

El decomiso anticipado

Los delitos económicos son el flanco más débil de la justicia al momento de establecer sanciones. En este plano pasaron por manos de la justicia importantes causas como la que involucra al ex presidente Carlos Menem por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, IBM-ANSES, Tandanor, o la subvaluada venta del Predio Ferial de Palermo durante la presidencia de Menem.

Según coinciden los especialistas, los procesos por corrupción duran un promedio de 14 años, largas demoras adjudicadas a la existencia no sólo de presiones políticas o económicas, sino que también a la burocracia judicial que, muchas veces, termina por convertirse en el mayor punto débil del sistema.

Lo cierto es que causas como el tráfico de armas con un monto involucrado de U$S 30 millones, IBM - ANSES, con U$S 60 millones de dólares del contrato; Tandanor, con 70 millones, o la que involucra al ex presidente Menem por la venta del predio de Palermo, por 101.800.000 resultan un grave déficit para el Estado.

En lo que refiere al sistema de decomiso en la Argentina, el proceso vigente está regulado por el artículo 23 del Código Penal y se prevé el decomiso de bienes. De acuerdo con las últimas modificaciones del Código en materia de delitos económicos, siguiendo los lineamientos del GAFI, se incorporó la figura del decomiso anticipado que, en ciertos casos, da la posibilidad de confiscar los bienes antes de que llegue una sentencia condenatoria, y esto es una herramienta fundamental para el combate de la criminalidad económica.

En este plano, el nuevo Código Procesal Penal dispone el artículo 275, donde se regula un decomiso sin condena un poco más amplio que el actual, solo para delitos de narcotráfico, trata y contra el orden económico y financiero.

Entre los casos más emblemáticos y que traen consigo años de demora, se encuentra IBM-Banco Nación, donde existe ya una sentencia condenatoria y el dinero –que ronda los 20 millones de pesos- se encuentra depositado en una cuenta a la espera de ser recuperado. Recientemente Casación rechazó los recursos de queja que habían presentado los condenados, lo que significa que el decomiso aún está pendiente de ser ejecutado.

Se espera asimismo para febrero el arranque de los alegatos en el caso del Grupo Greco. En esta mega causa hubo de todo y para todos los gustos: el vaciamiento de un banco y la estafa a sus ahorristas, obligando al Estado a hacerse cargo de sus deudas. Con su asiento principal en la provincia de Mendoza, el grupo Greco fue dueño del Banco de Los Andes y otras entidades financieras, como así también de numerosas empresas. Según los directivos del grupo, ellos perdieron sus empresas a causa del accionar de la última dictadura, y en su calidad de víctimas, merecerían una indemnización multimillonaria por parte del Estado.

Así las cosas en el terreno judicial donde se espera que las mega causas de corrupción y lavado de dinero no sólo ocupen las primeras planas de los medios, sino que ya se anticipa que estarán en el foco constante de las esferas de poder. A prepararse que enero marcará el ritmo de la agenda judicial para el resto de 2015.