Causa Trujillo: Abogados de los danmificados acusan a la defensa de "poner trabas" en el proceso

A través de una presentación elevada al Juez de Garantías Saúl Errandonea, titular del Juzgado Nº 2, los Dres. Julio Razona y Adelina Martorella, solicitaron que no se haga lugar a los planteos de nulidad de todas las pericias ni de la requisitoria de elevación a juicio efectuados por la defensa de los imputados, en el marco de una investigación por supuestos actos de corrupción en la construcción de un complejo habitacional en Miramar.
En declaraciones a 0223.com.ar, la Dra. Martorella, representante de los damnificados ante los supuestos hechos de corrupción, relató que los cuestionamientos fueron realizados por el Dr. De la Canale, abogado de los dirigentes de la UOCRA , César y Jorge Trujillo, de Héctor Vargas y del Arq. Vicente del Hoyo, y por la Dra. Perelló, representante legal de los arquitectos que en su momento se desempeñaron como auditores del Instituto Provincial de la Vivienda; quienes pidieron una nulidad parcial y total de la requisitoria de elevación a juicio, respectivamente.

Según explicó la letrada, la solicitud “se debería a que en su momento no se notificó a los imputados de la realización de la pericia que determinó el dinero que no fue destinado a la construcción del complejo habitacional”.

“Pero hay una particularidad, y es que se notificó al Defensor Oficial, mientras que a los imputados no se le pudo avisar porque no estaban individualizados, es decir, se los individualizó y se les informó de la imputación tiempo después de que se practiquen algunas medidas de prueba. Por lo tanto no hay nulidad”, rectificó.

Además, remarcó que los imputados “no tuvieron ningún perjuicio ya que, luego de la realización de esa pericia que ellos cuestionan, pudieron controlarla a través de sus defensores cuando la arquitecta Macías fue citada a una declaración testimonial”, tras lo que agregó que “posteriormente, también se realizó otra pericia por los profesionales de la Suprema Corte de Justicia y por peritos de parte que pudieron ofrecer cada uno de los imputados”. “No habría ningún daño ni inobservancia de ninguna norma del Código Procesal Penal”, aseveró.

Por otra parte, la Dra. Martorella manifestó que la defensa de los involucrados “consideran que el Fiscal no relató ni concretó los hechos en la forma que establece el artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, y alegaron que al no relatarse concretamente los hechos que se les imputan, se ve afectado el derecho de defensa al juicio”.

“Sin embargo, la oposición a la elevación a juicio la hicieron igual, es decir, es un planteo más para poner trabas en la causa”, puntualizó.

En esa línea, consideró que la defensa “da más argumentos que cuestiones sólidas, porque a lo largo de toda la investigación y de la requisitoria, surgen claramente cuáles son los delitos que se les imputan y cuáles hechos los que constituyen esos delitos”.

En los próximos días, el Juez Errandonea deberá resolver si eleva o no la causa a juicio oral, en base a lo que solicite el Fiscal Gómez Urso y a la oposición de los defensores.

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