La defensa del comisario Néstor Fernández, procesado la semana pasada como partícipe primario de narcotráfico, pidió el apartamiento del juez que dispuso esa medida, Carlos Vera Barros, al considerar que el policía fue sometido a una situación de maltrato deliberado que atribuye al magistrado y que la resolución no se asienta en pruebas.

En un texto inflamado de disgusto, el abogado José Luiz Vázquez le atribuye a Vera Barros una serie de conductas en el manejo del caso que para él tornan indispensable su apartamiento del caso, por el cual estuvo detenido 15 días el ex jefe de policía provincial, Hugo Tognoli, quien ya recibió la falta de mérito.

La lista de objeciones que traza Vázquez hacia el juez es inusual por su dureza. En el escrito para recusarlo le imputa haber adelantado opinión, implicado a su cliente sin evidencia en un delito grave y creado situaciones irreales para fundamentar el procesamiento de Fernández. Hasta le enrostra "brutalidad judicial" y haber incurrido en "delirios tremendos". Califica toda la acusación como "una aventura fantástica" a la que define como "verdadera vergüenza para la Justicia".

El juez Verra Barros estimó al planteo del abogado manifiestamente incierto e improcedente. Resolvió, por lo tanto, rechazar la recusación. Y ayer mismo prosiguió con otras medidas en la misma causa. Ahora será la Camara Federal la que resuelva si confirma o no al magistrado en esta investigación.

La semana pasada Vera Barros procesó al comisario Néstor Fernández y al cabo Carlos Quintana en el marco de la causa que investiga vínculos entre traficantes de drogas y policías provinciales en el sur provincial. Una clave informática de la que era responsable Fernández se utilizó para averiguar a quién pertenecían dos vehículos que seguían cerca de Villa Cañás al presunto traficante Carlos Ascaíni en 2009, que resultaron ser de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Quintana fue quien atendió el teléfono en la seccional de Villa Cañás que hizo Ascaíni pidiendo esa averiguación en su provecho.

Con enfado. A mediados de octubre el abogado de Tognoli divulgó que el usuario de la clave para averiguar datos de vehículos ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor era Néstor Fernández que, para la época investigada, comandaba la Brigada de Drogas VIII en Venado Tuerto. Al trascender el dato Fernández, que era jefe de la comisaría 2ª de Rosario, se presentó en el juzgado para ponerse a disposición para ser investigado. Vázquez dice que pese a esa prueba de buena voluntad se dispuso para él una detención que considera agraviante, innecesaria e ilegal.

"Fue detenido y conducido esposado delante de todo el personal de la comisaría donde era jefe a una prisión infecta en dependencias de la PSA", se quejó el abogado. "Al día siguiente fue llevado al tribunal, en medio de un teatralizado y prolijamente planeado operativo en el que intervinieron tres vehículos de la PSA y más de diez efectivos, equipados con armas largas y uniforme de combate. Esto después de haberlo detenido en una comisaría", sostuvo el abogado.

Vázquez valora que todo ello, a lo que suma la cobertura de los medios de prensa que acudieron al edificio de Oroño al 900 a seguir la indagatoria, fue resultado "de un salvaje e impropio" proceder del tribunal, lo que supone un ataque a los derechos humanos de Fernández. "Su detención y el modo en que se concretó colisionan con la normativa que regula la cautela de los sometidos a proceso", reza el texto.

"Once veces". Vázquez le achaca a Vera Barros distorsionar los acontecimientos. "Usted construye una intimación de hechos falsos —actividad ilícita de Ascaini, «arreglos» entre éste y Fernández, pagos de aquel a éste— que constituyen lisas y llanas mentiras, sin ningún fundamento en la realidad". También le reprocha que pese a citar once veces en la resolución la implicancia de personal de otras fuerzas de seguridad sólo ordene la investigación contra Fernández. "Eso implica una una flagrante e intolerable parcialidad", le dice.

El pedido de que el juez se aparte del caso se debe a que, dice Vázquez, se excedió en sus incumbencias y desconoció el principio de inocencia y del debido proceso. "Sin contexto constitucional y procesal válido, afirma la necesaria participación de Fernández en la ejecución de un ilícito —comercio de estupefacientes por parte de Ascaíni— que no existe, de un modo exagerado, ilógico, impropio e inexplicable, basándose en la utilización de su clave para efectuar una consulta". Vázquez dice esto porque Ascaíni no tiene ninguna condena como traficante de drogas: sí está procesado por ese delito.

El defensor describe como "un disparate mayúsculo y una afirmación ridícula" la imputación contra su cliente del magistrado por haber ayudado a un traficante. "No hay ninguna prueba, ni menos que menos nada que indique aún en el grado de posibilidad remotísima" de que Fernández pudiera haberle informado a Ascaíni "que la camioneta que lo seguía era de la PSA".

Por todo esto el abogado le pide al juez su alejamiento de este caso cuyo trámite considera "una alevosa, brutal, autoritaria y definitiva abrogación de los derechos de los ciudadanos sometidos a proceso penal".