El fallo de la Sala de Feria de Casación dictado ayer, en el que se ordenó la excarcelación de los ocho policías imputados por asociación ilícita y cohecho en el marco de la causa de los sobres, impulsó al gobierno encabezado por María Eugenia Vidal a enviar a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley con el cual buscará reducir las instancias de apelaciones en las causas judiciales de la Provincia, con el fin de “evitar dilaciones”, que “generan injusticias”. 

“Se trata de un proyecto con el que se cambia el sistema de apelaciones en la Provincia de Buenos Aires. De esta forma, aspiramos a que, cuando haya una determinación doblemente confirmada, la persona quede detenida”, reveló ayer el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari. 

En este sentido, destacó que la intención de la iniciativa es “corregir un evidente abuso en las posibilidades de revisión de resoluciones judiciales” y sostuvo que, actualmente, para que una condena quede firme “puede haber hasta ocho instancias judiciales”. 

“En la Provincia, para que una prisión quede firme puede haber cinco instancias que, incluso, con el exceso actual del régimen de habeas corpus pueden llegar a ser ocho”, aseveró el ministro. 

Ferrari precisó que, de acuerdo con el proyecto que elabora el Ejecutivo provincial para enviar a la Legislatura, existirían “solo dos resoluciones confirmatorias, tal como lo exigen los tratados internacionales, asegurando la doble instancia pero sin continuar con un sistema que dilata y genera injusticias”.

Los límites a los habeas corpus

La iniciativa busca eliminar respecto de los fiscales y las víctimas el límite objetivo establecido para recurrir condenas en función del monto de pena impuesta. Además, pretende reformar el régimen de competencia correspondiente al habeas corpus, ordenando las condiciones de ejercicio de este instituto.

“El régimen actual del habeas corpus es anárquico. Está totalmente desmadrado en la Provincia y esto tiene una decisiva incidencia en la situación de colapso en que se encuentra el Poder Judicial bonaerense”, agregó Ferrari. 

En este marco, sostuvo que “ocho instancias son un absoluto exceso, y esto permite aumentar la discrecionalidad de los jueces, que en muchos casos -a veces por creatividad y en otros por ceñirse estrictamente a una interpretación garantista de la ley- determinan libertades permanentemente”.

“Las sucesivas reformas legales a esta norma provocaron una completa desnaturalización del instituto de habeas corpus, contribuyendo al desorden del sistema recursivo en el ordenamiento procesal penal de la Provincia. Es inadmisible el uso de esta vía excepcional para cuestionar una decisión de los jueces naturales de la causa”, aseveró Ferrari.

El proyecto propone la modificación del artículo 164 del Código Procesal Penal, al establecer que la prisión preventiva o su cese solo pueden ser impugnables mediante recurso de apelación y afirmar que, “contra la decisión que impusiera la prisión preventiva o denegare su cese, solamente procederá la interposición de un recurso de apelación ante la Cámara de Apelación y Garantías, sin efecto suspensivo”.

“Interpretan el Código de una manera arbitraria”

El senador bonaerense Juan Pablo Allan apoyó ayer el proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires que la gobernadora María Eugenia Vidal enviará a la Legislatura y afirmó que “se termina la puerta de escape para los casos de corrupción que apelan para que un sector minoritario de jueces de Casación garantice su libertad, interpretando el Código de una manera arbitraria".

“Durante la feria judicial, hemos visto cómo casos de corrupción vinculados a las mafias policiales, pese a tener dos instancias condenatorias, llegaron con recursos a Casación Penal y un puñado minoritario de jueces los liberaron”, graficó Allan en un comunicado.

“Esta reforma procura que Casación solo se expida sobre sentencia firme, y que en estos casos esperen su resolución detenidos”, agregó Allan.

Además, se comprometió a que el proyecto “se trate cuanto antes en el recinto, ya que es una herramienta fundamental para ordenar el sistema judicial de la Provincia y que se termine con la locura de tener hasta ocho instancias de revisión antes de efectivizar la sentencia”.